Las negociaciones en el seno del Gobierno de coalición para aprobar un decreto que permita prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional cada vez está más enquistada. Este fin de semana Unidas Podemos puso sobre la mesa uno de los principales obstáculos que está frenando los avances en estas conversaciones: la propuesta de los ministerios socialistas de Justicia y Economía para que el Estado compense económicamente a los denominados grandes tenedores de vivienda (en su mayoría bancos y fondos buitre) que vean reducidos sus beneficios a causa de la paralización de un desahucio.

Sin embargo, este desacuerdo, que se reveló como un obstáculo novedoso en las negociaciones este mismo fin de semana, se sumó a otro conflicto que se arrastra desde el principio de las conversaciones: la prohibición de los cortes de suministros básicos mientras se prorrogue el estado de alarma. Esta medida ya se adoptó durante la primera ola de la pandemia del coronavirus para garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas a las familias vulnerables en pleno confinamiento y en un momento en el que las medidas personales de contención del virus exigían, por ejemplo, el lavado frecuente de manos.

Sin embargo, a diferencia de la prohibición de los desahucios, la medida para garantizar los suministros decayó a finales de septiembre y, desde entonces, no está en vigor. La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 lo puso sobre la mesa cuando se iniciaron las negociaciones para prohibir los desahucios, a finales de noviembre; desde entonces no se ha producido ningún avance, y el desencuentro se ha enquistado de una forma notable.

Fuentes de Unidas Podemos denuncian en este sentido que la Vicepresidencia cuarta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene una negativa reiterada a la prohibición de los cortes de suministros. Para tratar de desbloquear este situación, los de Pablo Iglesias habrían realizado una propuesta para extender la fórmula acordada hace dos semanas en materia de desahucios a los suministros básicos.

En este acuerdo se estableció que no se podría ejecutar un lanzamiento si una familia estaba considerada como "vulnerable". Esta condición la otorgarían los servicios sociales de las comunidades autónomas a través de un informe preceptivo que valorara las condiciones en cada caso. La propuesta es que exista la misma evaluación y el mismo informe para que no se le pueda cortar el agua, la luz o el gas a una familia declarada vulnerable por las administraciones públicas mientras se prorrogue el estado de alarma.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, que es la representante de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Unidas Podemos en las negociaciones, ha puesto sobre la mesa la necesidad de recuperar los cortes de suministros básicos para "hablar de una vivienda digna": "En pleno invierno no podemos hablar de una vivienda digna si no garantizamos también los suministros de agua, luz y gas que permitan a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar".

Desacuerdos con Justicia, Economía y Transición Ecológica

Unidas Podemos considera, además, imprescindible que las grandes empresas energéticas del país, con beneficios millonarios, arrimen el hombro en plena pandemia y se corresponsabilicen de la garantía de los derechos humanos dado que obtienen beneficio de comercializar un bien de primera necesidad; un argumento que también utilizaron después de que Economía y Justicia pusieran sobre la mesa la necesidad de compensar económicamente a los grandes tenedores cuando la prohibición de los desahucios mermaran sus beneficios económicos.

Son estos dos ministerios, además de la Vicepresidencia para la Transición Ecológica, con los que los de Iglesias mantienen los principales desencuentros en materia de desahucios y cortes de suministros básicos. Durante la primera reunión sobre este asunto, Belarra y el secretario general de Vivienda, David Lucas (enviado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) lograron cerrar un acuerdo para ampliar la prohibición de los desahucios y establecer una fórmula de acreditación de la vulnerabilidad.

Tanto el ministerio dirigido por José Luis Ábalos como la vicepresidencia de Pablo Iglesias quieren aprobar el decreto antes de las fiestas navideñas. Sin embargo, los desencuentros sobre los grandes tenedores y los cortes de suministros amenazan este plazo.