Este jueves los eurodiputados independentistas Carles Puigdemont, Clara Posantí y Toni Comín tendrán 15 minutos para defender su inmunidad como parlamentarios y pedir que se rechace su suplicatorio. Lo harán frente a los miembros de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento y bajo la atenta mirada del conservador búlgaro Angel Dzhambazki, persona encargada de la elaboración de los informes en los tres casos.

¿Qué es un suplicatorio?

La inmunidad parlamentaria garantiza que un eurodiputado o eurodiputada pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria. Este privilegio tiene una doble protección: gozan de esta inmunidad en su territorio nacional y no pueden ser detenidos ni procesados en otro Estado miembro.

Sin embargo, las autoridades judiciales nacionales pueden pedir la suspensión de este derecho para enjuiciar a uno de sus miembros. El objetivo final del suplicatorio es, por tanto, y según el Reglamento interno de la Eurocámara, "suspender la inmunidad de un diputado". Un paso que "no constituye veredicto de culpabilidad, y simplemente permite a las autoridades nacionales proceder a la investigación o el juicio".

¿Cuál es el proceso?

Para poner en marcha la maquinaria, la autoridad competente —en este caso el Tribunal Supremo— debe de dirigir al presidente de la Eurocámara la petición de suplicatorio. Si esto ocurre, el presidente del Parlamento Europeo debe de comunicar en el pleno de Estrasburgo que ha recibido el suplicatorio correspondiente y enviarlo a la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI). Esta comisión está formada por 48 eurodiputados y eurodiputadas, entre titulares y suplentes, y está presidida por el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez Lázara.

Una vez que la comisión tenga toda la información necesaria, estudiará el caso y aprobará un documento en el que recomendará a la Eurocámara que apruebe o desestime la petición y, a la sesión siguiente esta decisión pasará a votarse en el Pleno. El Parlamento Europeo adopta esta decisión por mayoría simple.

Para cumplir con el proceso serán necesarias, como mínimo, dos reuniones más, por lo que es probable que la Eurocámara no pueda dar una respuesta a la justicia española antes de primavera. Momento en el que, previsiblemente, habrán pasado las elecciones catalanas.

¿En qué punto se encuentra el proceso?

El proceso arrancó en enero de 2020 y se está dilatando más de lo previsto, ya que con la llegada de la pandemia a suelo europeo se han paralizado diferentes procedimientos hasta poder garantizar la confidencialidad que requieren estos procesos.

Para que el ponente de la comisión pueda elaborar el dictamen, puede solicitar las informaciones y aclaraciones que estime oportunas. Además, concede a los eurodiputados y eurodiputadas la posibilidad de ser escuchados y presentar los documentos que consideren. Esto es lo que ocurrirá este jueves: los tres eurodiputados catalanes tendrán 15 minutos para exponer por qué consideran que la Eurocámara no debe levantarles la inmunidad. A continuación, responderán a las preguntas de los miembros de la comisión parlamentaria, que más tarde tendrán un intercambio de opiniones.

El eurodiputado socialista y miembro de JURI, Ibai García del Blanco, insiste en que, "aunque tengan características similares, son tres casos independientes, y cada una de las intervenciones se hace por separado". "El comité tiene que velar porque esto sea así para garantizar la confidencialidad", ha añadido. Lograr un sistema garantista y que asegure la confidencialidad en tiempos de pandemia ha sido uno de los problemas que han retrasado el proceso. "Ahora hay un informe de los servicios jurídicos que dice que existen estas garantías y tenemos unas instrucciones muy claras sobre cuándo y cómo nos tenemos que conectar", ha explicado García.

Según el socialista, lo importante en este proceso es que se tengan en cuenta los aspectos formales y que se fundamente en relación con su actividad como europarlamentario. "Nuestro objetivo es que el procedimiento sea sólido, que no haya lagunas, que no haya olvidos procesales por las prisas y que los diputados tengan todas las garantías", ha añadido.

Ha hecho hincapié en que los hechos por los que les reclama el Tribunal Supremo corresponden a momentos anteriores a que obtuvieran su acta como eurodiputados. Sin embargo, se muestra abierto a escuchar a todas las partes, y adelanta que el proceso puede dilatarse en el tiempo. Ya sea por parte del ponente para emitir su informe, o si alguna de las partes pidiera una segunda audiencia, tal y como recoge el reglamento. Algo que nunca o casi nunca ha ocurrido.

¿Qué consecuencias tendría para los líderes catalanes?

Si el Pleno de la Eurocámara aprobase el levantamiento de la inmunidad para Clara Posantí, Carles Puigdemont y Toni Comín, no perderían su escaño. O al menos no de forma automática. La suspensión de la inmunidad no implica que sean culpables, tal y como precisa el reglamento: "La comisión nunca se pronunciará sobre la culpabilidad o inocencia del diputado, ni sobre la procedencia o improcedencia de perseguir penalmente las opiniones que a aquel se atribuyan".

Sin embargo, pasarían a ser perseguibles en suelo europeo. Esto significa que España podría emitir una euroorden a todos los tribunales de la UE y, en función del país en el que estén, un tribunal contestará —a favor o en contra— teniendo en cuenta los criterios de cada Estado miembro. En el caso de una extradición, las autoridades españolas podrían proceder con el juicio y, en el caso de ser declarados culpables, correspondería a España decidir si pierden o no su escaño.

¿Cómo se defienden los eurodiputados independentistas?

El equipo jurídico del ex president de la Generalitat y ex consellers consideran que el Tribunal Supremo no cuenta con las competencias para solicitar el suplicatorio y creen que la sedición es un delito que no se contempla en muchos Estados miembros. Además, la defensa de los tres eurodiputados independentistas cuestiona que el procedimiento sea dirigido por el mismo ponente, insistiendo en que son tres casos distintos. Sin embargo, fuentes parlamentarias explican que es el procedimiento habitual para "hechos con tantas similitudes". Como ejemplo está el levantamiento de inmunidad de Jean Marie Le Pen y Dominique Bilde. Al frente de ambos procesos estuvo el diputado griego Kosras Chrysogonos, de Izquierda Unitaria.

La eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya, Diana Riba i Giner, está cansada e indignada, pero con ganas de seguir luchando "por los presos políticos y exiliados". "Más que expectativas estamos expectantes, esperando que el proceso se haga de forma rigurosa y siguiendo todos los pasos que se tienen que seguir", ha explicado. "A nuestro entender, todo lo que está pasando con la Justicia española, en referencia a los exiliados, es una persecución política que tiene como objetivo que paren de hacer política", ha matizado.

La política catalana espera que la comisión tenga en cuenta la resolución de la euroorden de Lluís Puig por parte de la justicia belga. Idea que no comparte el eurodiputado Adrián Vázquez. "La decisión del ex-consejero se ha adoptado en el marco de un procedimiento judicial. El papel de JURI no es valorar la competencia de uno u otro tribunal para enjuiciar el caso, ni la culpabilidad o inocencia de los diputados. Una vez que se decida si se levanta o no la inmunidad, serán los tribunales quienes decidan sobre esas cuestiones", ha indicado.

El entorno de los dirigentes independentistas no están contentos con el hecho de que Vázquez presida JURI. "Este tema no debería de estar bajo la presidencia de un eurodiputado español, porque es un asunto muy pasional y es importante no querer tener razón, sino usar los mecanismos judiciales con toda imparcialidad y garantías posibles", ha añadido Riba. Sin embargo, el representante de Ciudadanos considera que la "neutralidad se ha garantizado desde el inicio del procedimiento, como demuestra el hecho de que los tres diputados afectados hayan recibido exactamente el mismo trato, con los mismos derechos y obligaciones, que el resto de diputados cuya inmunidad se discute".

El presidente de JURI ha insistido en que "en el Parlamento Europeo, al contrario de lo que pasó en el Parlament de Catalunya- y ERC conoce bien, puesto que lo presidía a través de Roger Torrent, el reglamento se cumple y es igual para todos".

¿Son habituales los suplicatorios?

Durante la última legislatura (2014-2019) se estudiaron 61 casos ligados a la inmunidad y, de los 55 suplicatorios que pedían el levantamiento de este derecho de un eurodiputado o eurodiputada, tan sólo en cinco casos la Eurocámara decidió no retirar este privilegio a los afectados. En cuatro de los casos se hizo alegando la libertad de opinión y voto de los eurodiputados en el ejercicio de sus funciones y, en el quinto, la Cámara concluyó que podía ser un caso de fumus persecutionis donde la intención era perjudicar la actividad política del denunciado.

Para conocer algunos casos, la socialista portuguesa Ana Gomes ha sido objeto de dos suplicatorios de los que salió victoriosa. El Parlamento Europeo determinó que en sendos casos estaba amparada por el artículo 7 de privilegios e inmunidades de los eurodiputados, que señala que los políticos no podrán ser buscados, detenidos, ni procesados por las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Tanto en el caso de 2014, como el de 2017, la socialista denunciaba en dos medios de comunicación la privatización de los astilleros de Viana do Castelo y la Eurocámara determinó que esas declaraciones las hizo como miembro del Parlamento y como vicepresidenta de la comisión encargada de examinar las alegaciones de infracción y mala gestión en relación con el blanqueo de capitales o evasión fiscal.

El también socialista Rosario Crocetta solicitó su inmunidad como parlamentario cuando recibió un procedimiento del Tribunal de Palermo. Y es que el antiguo eurodiputado italiano estaba siendo acusado de declaraciones difamatorias durante su época en Bruselas. El Pleno hizo especial hincapié en su papel activo en la lucha contra la delincuencia organizada y la influencia de la corrupción sobre la política y la economía. La misma suerte corrió el francés del Frente Nacional, Florian Philippot. El Parlamento Europeo determinó que el artículo 7 no solo ampara las opiniones de sus diputados en la Eurocámara, sino también las expresadas en otros foros, como medios de comunicación, cuando existe una relación entre la opinión expresada y sus funciones parlamentarias.

La nota discordante es la del caso del diputado griego de Nea Demokratia, Manolis Kefalogiannis. Estaba acusado de tentativa de fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea por una suma de 73.000 euros, por haber desviado ilegalmente parte del sueldo de uno de sus asistentes. Sin embargo, la Cámara concluyó que podía ser un caso de fumus persecutionis donde la intención subyacente era perjudicar la actividad política o reputación del denunciado.

¿Qué se espera de este caso en particular?

Atendiendo a los casos presentados en la legislatura anterior, lo más previsible es que haya un levantamiento de la inmunidad para los tres eurodiputados. Así, los grupos más numerosos de la Eurocámara han dejado entrever que votarán a favor del levantamiento del privilegio de los eurodiputados catalanes. Sin embargo, es una votación secreta, en la que probablemente no se siga disciplina de voto.

Una vez aprobado en Pleno, el caso volvería a la justicia belga, que podría fallar a favor de extraditar a los catalanes y el Tribunal Supremo podría llevar finalmente a Puigdemont, Posantí y Comín ante la Justicia española. Sin embargo, existe la posibilidad de que, al igual que ocurrió con el ex conseller Lluís Puig, se considere que el Supremo no es competente y los independentistas vuelvan a la Eurocámara en plena facultad de derechos.

El eurodiputado popular, Esteban González Pons, también forma parte de JURI. Intenta mantener un perfil bajo y pasar desapercibido, intentando garantizar la máxima discreción en el proceso, para que no haya malos entendidos. Confía en el presidente de la comisión, al que defiende de las críticas vertidas sobre su falta de objetividad para este caso, y explica que, "cuando llegue el momento de votar, la privacidad estará garantizada". Adelanta que el voto de los populares españoles será a favor del levantamiento de la inmunidad.