El nuevo Gobierno andaluz, una coalición inédita hasta ahora entre PP y Ciudadanos, celebra este sábado su primer Consejo de Gobierno. El Ejecutivo, que aprobará una declaración institucional de corte andalucista en conmemoración de los 40 años del pacto de Antequera, uno de los hitos en la consecución de la autonomía, arranca su labor con dos medidas de cierto calado.

Por un lado, aprobará una auditoría del sector público andaluz con la que pretenden analizar hasta el fondo la gestión socialista en la Junta, y, por otro, lanzará una bonificación al 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que implicará su práctica cancelación para los herederos directos -padres, madres, hijos, hijas y cónyuges- a quienes en principio afectará la reforma.

Así reza el orden del día del Consejo en su punto segundo: “Propuesta de acuerdo por el que se insta al Consejero de Hacienda, Industria y Energía a iniciar las actuaciones necesarias para la modificación del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, con la finalidad de bonificar al 99% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía”.

Esta reforma fiscal tiene unos destinatarios limitados, al afectar solo a los millonarios, a los más ricos, a uno de cada cien herederos, pero sus efectos se notarán de manera importante en la recaudación. La Junta de Andalucía perderá, si se atiende a la referencia del año 2017 (la última disponible de manera oficial cuando el mínimo exento era de 250.000 euros) y se toman los datos referidos a herederos directos, unos 100 millones de euros cada año, el equivalente, por ejemplo, al sueldo de 2.000 profesores o enfermeros cada año.

En Andalucía, hoy, después de que el año pasado lo pactaran PSOE y Ciudadanos, solo los herederos directos que reciban más de un millón de euros están obligados a pagar el impuesto.

La reforma de este sábado viene a rematar la deriva que inició el Gobierno de Susana Díaz, que en dos sucesivas reformas, y para lograr el apoyo de Ciudadanos a sus presupuestos, elevó el mínimo exento del impuesto primero hasta los 250.000 euros y después hasta el millón. Ahora, el PP cumple con una de sus promesas electorales: la bonificación al 99%.

Así, esta reforma es en realidad un asunto ideológico (porque se supone que quien hereda más de un millón de euros no tiene problema en pagarlo) que viene a aumentar la regresividad en el sistema. Al eliminar obligaciones fiscales de quienes más han ahorrado, quienes más tienen, millonarios, en este caso, se incidirá, por tanto, en una mayor presión fiscal sobre la clase trabajadora y los autónomos, que vía IVA e IRPF, consumo y salario, sobre todo, son quienes sostienen fundamentalmente los servicios públicos -sanidad, educación, dependencia…- que existen en Andalucía.

Desigualdad

El último informe de Intermón Oxfam, hecho público hace unos días, sobre igualdad de oportunidades, revela que la desigualdad, que "se desbocó en España durante la última crisis”, "no se ha conseguido controlar”. En el estudio, se argumenta que “la pobreza se ha convertido en una trampa de la que se hace complicado salir”.

“A mayor desigualdad, la movilidad social entre generaciones es menor, y niños y niñas heredan en mayor grado tanto la riqueza como la pobreza de sus madres y padres, lo que hace imposible que disfruten de derechos y oportunidades en igualdad de condiciones”, se lee en el informe.

Para remediarlo, Intermón Oxfam propone una serie de medidas, entre las que están “aumentar la progresividad del sistema fiscal español, gravando más a quienes más tienen y rompiendo con los privilegios, trasladando el esfuerzo fiscal desde el consumo y el trabajo, hacia la acumulación de riqueza y el capital”.