MADRID
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) continúa su tramitación en el Congreso después de que el Pleno de la Cámara Baja haya tumbado este jueves la devolución al Gobierno de las cuentas públicas. Durante el debate de enmiendas a la totalidad, los grupos han dejado claro al Gobierno que la verdadera negociación comienza ahora y que su rechazo a las enmiendas no presupone el foto favorable a la aprobación de los Presupuestos ni un cheque en blanco.
Asimismo, durante las intervenciones de los distintos representantes de los grupos se han dilucidado dos premisas que, junto a otras peticiones, marcarán el futuro de los presupuestos. Por un lado, la predisposición de EH Bildu a apoyar el proyecto; por otro, la enmienda pactada por PSOE, Unidas Podemos y ERC para blindar la inmersión lingüística.
El 'sí' de Bildu
El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, confirmó este miércoles que su formación, que cuenta con cinco diputados en el Congreso, votará a favor de los Presupuestos "salvo sorpresa" de última hora. Este anunció desató la tormenta política y avivó el debate interno entre los partidos que sustentan al Gobierno sobre los socios a elegir para sacar adelante las cuentas. Esto es, o ERC (13 diputados) y Bildu o Ciudadanos (10 diputados).
El presidente del PP, Pablo Casado, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, así como los diputados de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca y de UPN Sergio Sayas, han cargado duramente contra el Gobierno por el posible apoyo de estas dos formaciones al proyecto del ley. "No es necesario soportar esas humillaciones de Otegui o Iglesias. Aquí tienen una mano tendida. Si no la cogen porque prefieren la de Bildu o ERC, jamás podrán decir que no tuvieron otra opción", ha afirmado Arrimadas.
Por su parte, el líder del grupo republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rechazado de plano aprobar las cuentas junto a Cs: "Decir que se pueden pactar unos Presupuestos con Ciudadanos y ERC a la vez es mentira. Si en la política no importara la ideología, esto se llamaría tecnocracia, no democracia", ha aseverado. También, el portavoz de Bildu en la Cámara Alta, Oskar Matute, ha defendido que la palabra de su grupo "vale más que los zigzagueos de alguna formación política que, por instinto de supervivencia, pretende presentarse como moderada", en alusión a Ciudadanos.
Así las cosas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de defender y desgranar el proyecto de ley del Gobierno, no se ha decantado por ninguna opción y ha apelado a la unidad de la Cámara para aprobar sus "Presupuestos de país", que pondrían punto y final a las cuentas de Cristóbal Montoro.
La enmienda sobre la inmersión lingüística
Mientras que el Gobierno decide con quién pactar el proyecto presupuestario, otro asunto se ha colado en las negociaciones: la enmienda transaccional pactada por PSOE, Unidas Podemos y ERC para blindar la inmersión lingüística, aprobada en el marco de la nueva ley de educación, Lomloe. Esta propuesta, que sustituye el castellano como lengua vehicular, salió adelante en la Ponencia de la Comisión de Educación de la Cámara Baja el pasado jueves con 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV.
Desde su aprobación, PP, Vox y Cs anunciaron su intención de acudir al Tribunal Constitucional si la ley finalmente se aprueba. La formación de Arrimadas planteó entre sus "líneas naranjas" para apoyar los PGE la rectificación de esta enmienda. Asimismo, la bancada de estos tres grupos, entre otros, ha cargado contra la propuesta educativa en el debate a la totalidad.
Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos han destacado a Público que, tras las críticas, esta enmienda "ha salido reforzada" de cara al debate del dictamen de la Lomloe que se llevará a cabo en la Comisión de Educación del Congreso este viernes. El dictamen será elevado al Pleno, que deberá también realizar una votación final para la que se requiere de mayoría absoluta.
"La Lomloe establece que las administraciones educativas (las consejerías de Educación) deben asegurar que los centros realicen los análisis y evaluaciones, de modo que se garantice que todos los alumnos tienen la competencia lingüística en el nivel que corresponde en todas las lenguas. Además se establece que impulsarán la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas", aseguran desde el grupo socialista. Por tanto, a diferencia de lo que se plantea desde la derecha, "el castellano no va a desaparecer de los colegios de Catalunya ni en Galicia ni en el País Vasco. En las tres comunidades se seguirá estudiando en catalán y en castellano, en gallego y en castellano, y en euskera y en castellano", defienden estas fuentes.
Otros posibles escollos
Pese a todo, el apoyo de los grupos a las cuentas del Gobierno dependerán de otros escollos, sacados a la palestra en el debate de devolución. ERC y JxCat, entre otros grupos, han rechazado partidas presupuestarias como la de la Casa Real, que experimenta un incremento de un 6,5%, Defensa, que sube a 9.072 millones (un 4,7% más), y Gastos Reservados, cuya cuantía se mantiene en 27,86 millones de euros. "Estos Presupuestos siguen financiando de forma terrible y abusiva a una institución tan corrupta y antidemocrática como la Casa Real [...], siguen financiando una maquinaria tan terrible y absurda como es Defensa y armamento", ha criticado Rufián.
El PNV también ha rechazado la subida del impuesto al diésel contemplada en los Presupuestos. "Era una promesa que no se ha cumplido y mina la confianza. No voy a repetir la preocupación del sector de la automoción y de la alta cualificación y del que dependen empleos directos e indirectos", ha apostillado la diputada económica del grupo nacionalista, Idoia Sagastizabal.
Por otra parte, los grupos nacionalistas, independentistas y autonómicos que componen del amplio espectro parlamentario han remarcado que las cuentas son "mejorables". JxCat, la CUP, BNG, Coalición Canaria y Foro Asturias, los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad junto al PP y Vox, reprocharon que el proyecto "da la espalda" a los catalanes, canarios y asturianos. De igual forma, el resto de grupos autonómicos y nacionalistas de la Cámara Baja que sí han apoyado al Gobierno en esta primera fase han dejado claro que presentarán enmiendas parciales para "defender los intereses" de los ciudadanos de los diferentes territorios.
Calendario de tramitación de los PGE
El proyecto será enviado a la Ponencia de la Comisión de Presupuestos, que tiene hasta el 20 de noviembre para aprobar el Informe. A partir de ese momento, comenzará el debate de las enmiendas al articulado -el plazo para presentarlas termina el próximo martes 17- en Comisión, con el fin de tener elaborado el Dictamen antes del 27 de noviembre para que se produzca un nuevo debate en el Pleno entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.
El Pleno de la Cámara Baja debatirá y votará el proyecto por títulos y secciones con las enmiendas que hayan pasado la criba en la Comisión de Presupuestos y los votos particulares. El articulado y cada una de las secciones se votarán por separado. Si el proyecto aprueba su examen, continuará su tramitación en el Senado. Finalmente, las cuentas podrán regresar al Congreso si la Cámara Alta veta o enmienda el proyecto.
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