Más de 100 días después de que el Gobierno vasco enviara a Soraya Sáenz de Santamaría un documento que resumía y concretaba los incumplimientos del Estatuto de Autonomía, el portavoz el Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, no ha tenido más remedio que marcar el número de la vicepresidenta para recordarle que le debe algo más que una llamada. A día de hoy, el gobierno de Mariano Rajoy sigue sin dar una respuesta clara y concisa sobre qué piensa hacer con las transferencias contempladas en el Estatuto que continúan sin ser cumplidas.

La cosa viene de atrás. Muy de atrás. “La compleción del Estatuto de Gernika es una deuda histórica con Euskadi desde 1979”, señalaron a Público fuentes del Gobierno vasco. Fue precisamente hace 38 años cuando se aprobó el texto que rige la autonomía de Euskadi, y desde entonces acumula una serie de incumplimientos casi tan históricos como el propio estatuto. De hecho, el Ejecutivo de Urkullu ha documentado 37 transferencias aún pendientes, entre las que se encuentran –como temas estrella- la gestión de la Seguridad Social y de Prisiones.

En septiembre pasado, el lehendakari hizo llegar estas reivindicaciones por escrito al gobierno del PP, que se comprometió a estudiarlas. De hecho, un par de meses antes, en julio, Sáenz de Santamaría le había dicho a Erkoreka que no tardarían en sentarse a negociar cara a cara sobre los asuntos relativos al Estatuto que aún no habían sido debidamente atendidos por el Estado. Aquella promesa había estado precedida de un discreto encuentro mantenido en Madrid entre Rajoy y Urkullu, y coincidía con un momento idílico en las relaciones entre sus respectivos partidos: por entonces, PNV y PP acababan de cerrar el acuerdo que había permitido que los nacionalistas votaran los Presupuestos Generales del Estado.

En realidad, nada de esto es nuevo. Históricamente, los sucesivos gobiernos de Madrid han accedido a transferir competencias pendientes a Euskadi únicamente cuando han necesitado los votos del PNV en Madrid para garantizar un mínimo de gobernabilidad. “Es triste, pero es así”, apuntaron fuentes nacionalistas a este periódico.

No hay plazos

En ese contexto, Erkoreka confirmó esta misma semana que ha llamado a Sáenz de Santamaría para reclamarle que el traspaso de las 37 transferencias pendientes sea una “prioridad” política, precisamente lo contrario de lo ocurrido hasta ahora. Fuentes conocedoras de esa conversación aseguraron a Público que la vicepresidenta no dio ningún plazo sobre cuándo dará una respuesta, aunque también matizaron que el portavoz del Gobierno vasco no lo pidió.

Tanto en Sabin Etxea (sede principal del PNV) como en las oficinas del Ejecutivo de Urkullu admitieron que la lentitud de Madrid a la hora de atender sus reivindicaciones estatuarias podría derivar en que el PP intente “meter” las transferencias pendientes en una posible negociación con el PNV en torno a los Presupuestos del Estado para 2018. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico (tanto en Lakua como en Sabin Etxea) coinciden en señalar que los nacionalistas buscarán llevar la negociación de las transferencias a una “mesa paralela”, donde hablarían “de gobierno a gobierno”. “Evidentemente, confiamos que haya avances: si hay confianza para unas cosas, también debe haberla para otras”, apuntaron desde ámbitos peneuvistas.

“Ni un paso en falso”

En cualquier caso, Catalunya aún sigue siendo una “línea roja” a la hora de definir un posible apoyo del PNV a las Cuentas de Rajoy. No ocurrió lo mismo en el Parlamento de Vitoria, donde el gobierno de Urkullu alcanzó en diciembre pasado un acuerdo con el PP vasco para sacar adelante los Presupuestos autonómicos. Ahora la atención está puesta en Madrid. “Si la situación en Catalunya se normaliza y vemos que la opinión pública es favorable a que consigamos un nuevo acuerdo, negociaremos sobre cosas como el TAV, la tarifa eléctrica o inversiones”, comentaron desde el cuartel general del PNV. No obstante, reiteraron que sus diputados en Madrid “no darán ningún paso en falso”.