Dos pancartas, dos manifestaciones y un mismo reclamo: los presos condenados por delitos relacionados con ETA. Durante las próximas horas, las fiestas populares de Bilbao acogerán sendas movilizaciones con los reclusos como leitmotiv. La primera ha sido convocada por Kalera (A la calle), una iniciativa promovida desde Sortu. La segunda ha partido de Amnistía Ta Askatasuna (ATA), un colectivo nacido desde la izquierda abertzale y situado hoy como su única escisión tras la desaparición de ETA. ¿Pedirán cosas parecidas? Sí. ¿Comparten las formas sobre cómo conseguirlas? Ni hablar.

“Lo siento. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de declaración respecto a la segunda manifestación y la gente que la convoca. Si se fija, desde aquí no se ha escrito ni una sola línea sobre ellos”, afirmaron a Público fuentes de toda solvencia de la izquierda independentista vasca. De hecho, la estrategia de ese sector político no es otra que evitar “cualquier enfrentamiento” con el grupo que se escindió de la línea oficial, al tiempo que se deja una “puerta abierta” para quienes quieran regresar. Si deciden volver, aseguran, “no habrá ningún tipo de animadversión”.

Los orígenes de este divorcio se remontan a 2013, cuando el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) anunció que sus miembros estaban dispuestos a recorrer el camino de la legalidad para acogerse a beneficios penitenciarios. Aquello significó un auténtico cambio de estrategia en las cárceles, enmarcado a su vez en la revolución interna que vivía la izquierda abertzale tras su decisión de apostar única y exclusivamente por vías pacíficas y democráticas para la consecución de sus objetivos políticos, lo que acabaría desembocando en el desarme y desaparición de ETA.

En medio de aquel terremoto interno, surgieron voces que se oponían al rumbo adoptado por la mayoría de los presos y recogían la histórica reivindicación de la amnistía como bandera principal. No hubo cuestionamientos específicos hacia la decisión de ETA de abandonar la violencia –ni tampoco reclamos concretos de mantener esa vía-, pero sí claras críticas hacia la línea oficial de la izquierda abertzale por “despolitizar” –según los propios términos de ATA- la cuestión de los presos.

En ese contexto, seis reclusos vascos condenados por terrorismo –sobre un total de 271- han mostrado desde las cárceles su adhesión a los postulados de los escindidos, lo que ha implicado su salida del EPPK. Cinco de los presos disidentes están en prisiones del Estado español, mientras que la restante se encuentra en un centro de reclusión ubicado en territorio francés.

“Posibilistas o revolucionarios”

Sendoa Jurado, portavoz de ATA, resume en una frase lo que, a su criterio, separa a esos seis presos del resto. “Estamos hablando de una postura revolucionaria frente a otra posibilista, que habla de dejarse de utopías, como plantea Sortu”, comenta a Público. En tal sentido, este rostro visible de la disidencia critica también la apuesta por las “salidas individuales” que promueve el EPPK para quienes siguen en la cárcel. “Nosotros preferimos llamarlas salidas individualistas”, apunta Jurado.

Con esos puntos sobre la mesa, el movimiento de escindidos marchará este sábado por las calles de Bilbao bajo la consigna “Gudariak direlako, amnistía” (porque son gudaris, amnistía). La movilización de ATA tendrá lugar justo un día después de la manifestación convocada para este viernes por la izquierda abertzale con el lema “Bada garaia. Presoak kalera” (Ya es el momento. Los presos a la calle”). “La solución del nudo de los presos y presas políticas vascas necesita una hoja de ruta que prevea excarcelación del último de los presos y presas y por ello, vemos necesario reivindicar ¡A la calle!”, reivindicaron sus promotores en un comunicado difundido hace algunos días.

Este reclamo coincide con la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de dar un giro a la política penitenciaria de excepción que se ha aplicado durante los últimos treinta años contra los presos condenados por delitos vinculados a ETA. El Ejecutivo socialista prevé acercar a cárceles del País Vasco a aquellos reclusos que sufren graves enfermedades o superan los 70 años de edad. En total, 24 presos reúnen esas características. Ninguno de ellos está integrado en el colectivo disidente ATA.