El presidente de Renfe, Isaías Taboas, y la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, han dimitido este lunes tras la polémica de los nuevos trenes de ancho métrico contratados para Cantabria y Asturias, según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha aceptado este lunes las dimisiones

Este anuncio se produce antes de que Raquel Sánchez, se reúna esta tarde con los presidentes de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, respectivamente, para explicar cómo se han producido los errores en las medidas de los trenes contratados, que provocarán una demora en su fabricación de dos años.

La ministra de Transportes ha trasladado a ambos su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo desempeñado en sus respectivos cargos. Sánchez  ha añadido que el relevo permitirá poner en marcha "un cambio", con el que se quiere comenzar "una nueva etapa" tanto en la Secretaria de Estado como en el operador ferroviario.

A principios de febrero se conoció que la fabricación de los 31 trenes de ancho métrico adjudicados por Renfe a CAF en 2020, para renovar la flota que presta servicio de Cercanías y Media Distancia en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia, se iba a demorar por un problema en su diseño.

Renfe contrató dichos trenes en 2020 con medidas erróneas para los túneles de la red de ancho métrico (antigua Feve) y, una vez detectado el problema, se empezó a buscar soluciones, descartando la aplicación de los gálibos estándar, ya que se construirían trenes con unas dimensiones inferiores a las de los actuales y, por tanto, demasiado pequeños para las prestaciones que se buscaban.

Finalmente, se optó por el denominado "método comparativo", recogido en la norma europea EN 15273, que consiste en la utilización como base un tren que actualmente circula por las líneas de ancho métrico como referencia.

Aunque el uso de este método en España ya era compatible con la vigente orden ministerial (OM) de 2015 por la que se aprueba la Instrucción ferroviaria de gálibos (IFG), el Ministerio modificó su texto el pasado sábado para incluir de manera explícita la referencia a dicha norma europea.

El método comparativo "permitirá optimizar el diseño y el aprovechamiento de la sección transversal disponible en la red de ancho métrico", de acuerdo con el Ministerio, que ha insistido en que no se ha fabricado ningún tren, puesto que las "incongruencias" se detectaron en las primeras fases del diseño de las nuevas unidades, y que "no se ha malgastado ningún euro de los españoles".

Críticas de Barbón y Revilla

Mientras tanto, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha criticado no solo que la adjudicación se hiciera "sin medir los trenes ni los túneles", sino que "durante dos años y pico lo sabían y no han dicho nada"; mientras que el de Asturias ha calificado la situación de "un escándalo que no admite otro calificativo que bochorno y vergüenza". Tanto Revilla como Barbón habían pedido a la ministra de Transportes que se depurasen responsabilidades.

Precisamente este lunes, el Parlamento de Cantabria ha aprobado una proposición no de ley presentada por el PRC en la que insta al Gobierno regional (PRC-PSOE) a exigir ceses al Ejecutivo central por el incumplimiento de los plazos de construcción y entrega de los nuevos trenes de Cercanías, así como que su llegada a la comunidad no se demore más allá del primer semestre de 2025. La proposición no de ley (PNL) ha salido adelante con los votos a favor de regionalistas y socialistas, mientras que PP y Ciudadanos (Cs) se han abstenido y Vox y la diputada no adscrita Marta García han votado en contra.

Por su parte, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha reconocido durante su intervención en un desayuno informativo que los retrasos de algunas infraestructuras, como la variante de Pajares o el error de los trenes que afectan al Principado y a Cantabria, le podrán pasar factura en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, aunque lo asume "si es en favor de la seguridad de los ciudadanos asturianos".