España es desde este lunes nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2018-2020. El Gobierno ha celebrado una noticia que, a su juicio, es una muestra de la "confianza" y el "reconocimiento" de la comunidad internacional. El propio Mariano Rajoy ha declarado sentirse "satisfecho" por el regreso a un organismo donde el país ya estuvo entre 2011 y 2013. Sin embargo, la decisión choca frontalmente con las denuncias y condenas de la ONU hacia España en materia de derechos humanos y la indiferencia con la que el Ejecutivo ha recibido los reproches.

Uno de los últimos tirones de oreja al Gobierno del PP se produjo justo antes de la celebración del referéndum en Catalunya el pasado 1 de octubre. Naciones Unidas emitió un comunicado a través de su oficina de Derechos Humanos en el que avisaba al Ejecutivo de que su estrategia con la consulta era "preocupante" porque parecía "violar derechos individuales fundamentales". Un día después del 1-O, Naciones Unidas volvió a intervenir para reclamar una investigación de la represión policial.

Dejando a un lado los informes de ONG internacionales o las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a España, las condenas de la ONU deberían suponer un duro varapalo para el Gobierno, que, sin embargo, ha ignorado buena parte de las recomendaciones que han llegado desde Naciones Unidas.

Protesta contra las desapariciones forzadas durante el franquismo. - EFE

Impunidad de los crímenes del franquismo

Las principales preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son la inmigración y los crímenes cometidos durante el franquismo. Una de las peticiones más repetidas y destacadas del Comité hacia España es la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan investigar todas las violaciones cometidas durante la dictadura, "en particular los delitos de tortura, desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias". El organismo también se lamenta que se siga negando la posibilidad de una reparación a las víctimas y reprocha las trabas para poder acceder a los archivos, "en particular, a los militares", que permitan investigar los crímenes contra los "derechos humanos del pasado".

Devoluciones en caliente y derecho de asilo

El último informe del Comité es de julio de 2015, cuando el Gobierno se sometió a su último Examen Periódico Universal (EPU), que se realiza cada cuatro años. De las 189 recomendaciones de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, España aceptó 169. El Ejecutivo del PP rechazó revisar las expulsiones de inmigrantes en Ceuta y Melilla, donde se han constatado numerosas devoluciones en caliente. El equipo de Mariano Rajoy también se negó a modificar la ley de seguridad nacional para mejorar el tratamiento hacia los demandantes de asilo.

Los CIE y la violencia policial

La ONU y sus agencias y oficinas en defensa de los derechos humanos también se han sumado a las críticas hacia los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). En el punto de mira están las malas condiciones de algunos centros o los malos tratos que se cometen en ellos. El Comité también ha llamado la atención en diversas ocasiones por el uso excesivo de la fuerza que agentes y cuerpos de seguridad han empleado tanto en protestas ciudadanas como en la frontera. Además, el organismo ha reprochado al Gobierno los indultos concedidos a policías y guardias civiles condenados por torturas.

La convocatoria 'Rodea el Congreso' fue una de las mayores inspiradoras de la actual 'ley Mordaza'. Foto: EFE/ Luca Piergiovanni.

Ley mordaza

Muchos países del Consejo se han unido a los reproches internacionales y han puesto en entredicho la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ‘ley Mordaza’, y las últimas reformas al Código Penal. Como recuerda la ONG Rights International Spain, a la ONU le preocupa el “efecto disuasorio que pueda tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica". Naciones Unidas ha instado al Gobierno a revisar la norma, que conlleva un "uso excesivo de las sanciones administrativas" y "excluye ciertas garantías judiciales".

Violencia machista

Naciones Unidas también reprocha al Gobierno la "persistencia" de la violencia machista. La ONU condenó a España en 2014 por negligencia y falta de protección a una niña asesinada por su padre, a pesar de que la madre denunciara hasta en 30 ocasiones la violencia que tanto ella como su hija sufrieron.

Desigualdad de género

España suspende en políticas de género. Según la plataforma la CEDAW Sombra, que engloba a unas 60 organizaciones, fundaciones y coordinadoras feministas de todo el país, el Gobierno ha hecho oídos sordos a la mayor parte de las recomendaciones que Naciones Unidas le hizo en julio de 2015. La ONU apunta que las mujeres están "insuficientemente representadas en los puestos decisorios" y le preocupa las "notables diferencias salariales entre hombres y mujeres".

Ni una menos, lema contra la violencia machista. AFP

Discriminación racial y régimen de incomunicación

En su informe de 2015, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también hizo hincapié en la "persistencia" en España de controles policiales en base a perfiles étnicos y raciales. El documento ya pedía entonces al Gobierno que impulsara nuevas medidas que acabaran con estas prácticas de la Policía. El Examen Periódico Universal de hace dos años también criticaba el mantenimiento del régimen de incomunicación "que propicia la tortura", como denuncia Amnistía Internacional.

Reforma de la ley del aborto

El Gobierno sacó adelante la reforma de la ley del aborto ignorando el rechazo de la oposición y las recomendaciones de la ONU. Antes de su aprobación, el organismo ya alertó de una iniciativa que iba en contra de las responsabilidades del Estado para asegurar que "las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que pone su vida y salud en riesgo".

Limitación a la Justicia Universal, recortes...

En su examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno de Rajoy también fue cuestionado por la limitación a la Justicia Universal. Muchas de las preguntas recibió fueron en la línea de las peticiones de organizaciones de derechos humanos, que denuncian vulneraciones reiteradas ante la imposición de las políticas de austeridad que “han puesto en riesgo la vida de los sectores más vulnerables". 

"Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, España debe mantener los estándares más elevados en materia de derechos humanos. Algo que en la actualidad no ocurre y que debe modificarse con prontiud, asumiendo un papel activo en la protección y promoción de los derechos humanos, tanto dentro como fuera del propio país", denuncia Amnistía en un comunicado.

La primera vez que España se sometió al Examen Periódico Universal fue en 2010, cuando aceptó 98 de las 128 recomendaciones formuladas por otros Estados. En aquella ocasión, 17 países hicieron recomendaciones en relación a la tortura y otros malos tratos; 8 pusieron el foco en la violencia contra las mujeres; y hubo 25 recomendaciones relativas al racismo y la discriminación de las personas migrantes.