Madrid.- Los dos partidos mayoritarios PP y PSOE han alcanzado un acuerdo sobre el contenido de un decreto ley para la devolución de las cláusulas suelo, cuando sean consideradas nulas, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado diciembre. El acuerdo, que ha sido avanzado por la Ser, incluye una condición que el PSOE consideraba irrenunciable: que el banco sea el que certifique los intereses que ha cobrado al cliente, y no que sea el consumidor el que los aporte.

El real decreto, que será aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, obliga a los bancos a pagar dentro del plazo de 3 meses a los afectados por este tipo de cláusulas hipotecarias y a informar a los clientes afectados que existe este procedimiento extrajudicial.

Los expertos consultados por Público alertan de que, por lo que se conoce del acuerdo, todavía hay elementos que siguen inclinando la balanza a favor de las entidades financieras. Apuntan, por ejemplo, el plazo de tres meses que se abre para la negociación de los afectados con su banco, un periodo de tiempo que aparentemente no computa a los efectos de los intereses que la entidad debería devengar por lo cobrado de más,  y que, de alguna manera, se regala a la banca.

Igualmente, no queda claro cómo tiene que decidirse si el banco tiene que devolver a no. Según el acuerdo, es la entidad la que tendrá que comunicar a los afectados que cuenten con una cláusula suelo en su hipoteca las cantidades que se les han cobrado de más y cómo reclamarlas. Pero hay muchas entidades que consideran que sus cláusulas no son abusivas, como determinaba la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obligó a devolver todo lo cobrado de más.

Para las fuentes consultadas, el acuerdo "es un brindis al sol", que incluye esencialmente lo que ya está previsto en la legislación procesal vigente.

El decreto ley que aprobará el Gobierno establece que los bancos deben comunicar a los clientes afectados que existe este procedimiento extrajudicial y están obligados a devolver el dinero cobrado de más en las cláusulas suelo. En la oferta que haga la entidad a los consumidores tienen que aparecer "de forma clara" los intereses correspondientes de demora de las cantidades que se han retrasado en el tiempo y fiscalmente no habrá recargos, ni sanciones, ni intereses de demora por reclamaciones.

En caso de que la entidad financiera ofreciera otro acuerdo al consumidor, diferente a la vía extrajudicial, como la devolución mediante amortización parcial del capital del préstamo, el banco deberá informar por escrito y avalar con un documento la nueva oferta que, en todo caso, será equivalente al dinero que debe devolver.

El consumidor tendría un plazo de 15 días para valorar dicha oferta de la entidad financiera, que tiene carácter subsidiario.

Dos aplazamientos

El Gobierno tenía previsto aprobar un decreto el pasado viernes que daba todo el poder a la banca en la negociación frente al consumidor, pero se echó atrás por segunda vez después de las protestas desatadas entre la oposición y los consumidores al conocerse el borrador difundido por Público en exclusiva.

Fuentes jurídicas elevan a 20.000 las demandas presentadas por los consumidores contra los bancos en el último mes y medio. A esta cifra habría que sumar las 4.000-5.000 demandas que los jueces tenían paralizadas a la espera de la resolución del TJUE y que han comenzado a sentenciar, después de que el Tribunal Europeo considerara que los intereses de estas cláusulas abusivas deben ser devueltas desde que se firmó el crédito hipotecario y no desde el año 2013 como fijó el Tribunal Supremo.

De ser cierta la cifra de 20.000 demandas presentadas, el alcance del decreto llegaría tarde, ya que establece un sistema para agilizar las devoluciones antes de judicializar una reclamación.

El Consejo General del Poder Judicial no ha realizado estimación alguna, o al menos no ha sido difundida. Tampoco ha establecido algún plan de refuerzo de los juzgados mercantiles o de primera instancia afectados, a diferencia de lo que ocurrió con las Preferentes.

El decreto ley será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo viernes y entrará en vigor el mismo sábado.

El primer borrador fue elaborado por el ministerio de Economía, pero en este segundo borrador se ha incorporado el Ministerio de Justicia.
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