Vuelve la incertidumbre al número 1 de la calle Edgar Neville de Madrid. En el primer piso de ese edificio tiene su sede la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), una entidad que, de acuerdo con el espíritu de la Ley de Memoria Democrática, está abocada a su extinción legal por vulnerar la memoria de las víctimas de la dictadura. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, aupado por una mayoría progresista, vuelve a tener su ilegalización sobre la mesa.

La penúltima esperanza de la FNFF era el PP; la última, también. En vísperas de las elecciones del pasado 23 de julio, la fundación confiaba en una victoria de los populares que diera lugar a un gobierno de Alberto Núñez Feijóo con el apoyo de Vox. Tenían motivos razonables para desear ese escenario: tanto el PP como la ultraderecha habían dejado claro que, si fuese por ellos, no habría ni Ley de Memoria Democrática ni tampoco ilegalización de la fundación franquista.

La victoria del bloque progresista con Pedro Sánchez a la cabeza echó por tierra esa expectativa. Sin embargo, aún hay tiempo para un último acto de fe en el número 1 de la calle Edgar Neville: la mayoría absoluta del PP en el Senado es la última baza para bloquear la reforma de la Ley de Fundaciones, un paso previo indispensable para encaminar la ilegalización de la FNFF.

El Gobierno emprendió ese camino a finales de la legislatura pasada. En una respuesta escrita enviada en mayo de este año al senador Carles Mulet (Compromís), el Ejecutivo señalaba que había registrado “de forma urgente” en el Congreso una modificación de la ley de Fundaciones "con la finalidad de agilizar el procedimiento, plazos y efectos de las resoluciones dictadas a efectos de extinción de fundaciones".

"Inseguridad jurídica"

Según explicó entonces, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas generaba "inseguridad jurídica" sobre los trámites a seguir en este procedimiento, así como “los plazos para su cumplimiento" o los “efectos de las resoluciones del protectorado de Fundaciones”.

Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales paralizó esa tramitación, que ahora, con la nueva legislatura, tendrá que volver a plantearse desde cero. “Estamos ante una legislatura ciertamente compleja e incierta. Veremos cómo se desarrolla, pero el ámbito de la memoria histórica o democrática no parece que ahora mismo esté en primera línea de la agenda política y legislativa”, señaló a Público el abogado Jacinto Lara, experto en temas de memoria histórica. 

El horizonte se vuelve especialmente complejo en el Senado. Y eso, para la FNFF, resulta esperanzador. “La tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley de Fundaciones tendrá un hándicap añadido: el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, lo que puede retrasar y demorar su tramitación, advirtió Lara. 

Media docena

Ilegalizar la FNFF es cuestión de cumplir la ley de memoria, y esto implica formalizar la extinción desde el Ministerio del Interior. Tenemos el mecanismo legal, falta activarlo", señala por su parte el abogado Eduardo Ranz, quien destacó que la reforma de la ley de fundaciones es un trámite adecuado para “dotar de mayor seguridad” a este proceso. En cualquier caso, Ranz cree que también será necesario reformar la ley de asociaciones para evitar que entidades de ese tipo “renazcan con otro nombre o cuerpo.  

Los supuestos que maneja la Ley de Memoria Democrática para decretar la extinción de organizaciones franquistas no sólo afectan a la FNFF. A día de hoy existen al menos otras seis fundaciones que hacen apología de la dictadura y, por tanto, chocan con los principios establecidos por la normativa. Entre ellas se encuentran la Fundación Yagüe, que homenajea al responsable de la matanza de Badajoz; la Fundación Blas Piñar o la Fundación José Antonio Primo de Rivera.

El impulso clave vendrá necesariamente desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que desde este martes, tras la promesa de sus respectivos cargos por parte de las ministras y ministros, está en manos de Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno canario. Hasta ahora, el área de memoria se encontraba bajo el Ministerio de Presidencia. “Creo que ese cambio de competencia al Ministerio de Política Territorial significa que en esta legislatura se quiere impulsar la retirada de simbología de exaltación franquista en los municipios”, apuntó Ranz.