El PP se queda sólo rechazando la retirada de símbolos franquistas

MADRID.- El PP se ha quedado sólo este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso votando en contra de sendas iniciativas que perseguían instar al Gobierno a retirar varios símbolos franquistas, rebautizar calles y plazas que llevan el nombre de colaboradores del dictador y revocar los honores y títulos que el Estado concedió a Francisco Franco, sus familiares y sus acólitos.

Las proposiciones no de ley llevaban la firma del PSOE y e Izquierda Plural (IU), aunque fue Amaiur quien presentó la que hacía mención a los títulos, reconocimientos y honores. Las tres han sido apoyadas por todos los grupos de la oposición.

La iniciativa socialista reclamaba el cambio de nombre de varias de las calles, plazas y glorietas del Arsenal de Ferrol (ciudad natal de Franco) que llevan los nombres de “El Generalísimo” y varios de sus almirantes como Luis Carrero Blanco.

También solicitaba la retirada del escudo franquista que todavía preside la fachada del antiguo edificio de aduanas de Ferrol y sacar del Panteón de Marinos Ilustres que hay en San Fernando (Cádiz) los restos mortales de Francisco y Salvador Moreno Hernández.

Ricardo Sixto, de IU-ICV, ha defendido la eliminación de todos los monumentos de exaltación franquista que sigue habiendo en Alicante, incluido el escudo de la vidriera del patio de operaciones de la sucursal del Banco de España de esta ciudad. Por su parte, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, ha presentado la iniciativa para que se revoquen "todos aquellos honores y condecoraciones reconocidos por el Estado a Franco", sus familiares y sus colaboradores.

El representante del PP José Ramón García Hernández, ha recurrido a argumentos "jurídicos" para justificar su voto en contra, incidiendo en que en estos casos la clave es quién es el titular de los monumentos o calles afectados y si la retirada de determinada simbología respeta o no la Ley de Memoria Histórica, que abrió la puerta a que una comisión “indultara” determinados elementos por motivos "histórico-artísticos" o "religiosos".

Además, García Hernández ha aprovechado para subrayar que "la aplicación de la ley es siempre una cuestión jurídica" y que cuando se transforma en una "cuestión política" se torna "arbitraria" por lo que "no se llama democracia y es una amenaza para todos".

Además, la conservadora Pilar Cortés ha dejado claro que su grupo no iba a respaldar nada que no estuviera previsto en la Ley de Memoria Histórica, señalado que para muchas de esas peticiones hay que "pedir permiso a las familias".