MADRID.- El Congreso ha rechazado este martes que se fije como requisito que el personal de la administración de justicia conozca y use, tanto oral como por escrito, las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas que las tengan. Tampoco ha aprobado la promoción y uso de dichas lenguas entre jueces, fiscales, secretarios y demás trabajadores de la Justicia, lo que se buscaba armonizar a través de un Plan al efecto, y la consideración, esta vez sí como requisito, de que en primera actuación del proceso se establezca el derecho del ciudadano a que se desarrolle en la lengua cooficial que desee.

Ese ha sido el resultado del debate y votación de una propuesta de proposición no de ley que ha tenido lugar en la Comisión de Justicia del Congreso, a iniciativa del portavoz de Unidos Podemos- En Comú Podem en la Comisión, Jaume Moya. El voto contrario de PP y C's y la abstención del PSOE han impedido así mejorar la presencia de las lenguas oficiales distintas al castellano en la actividad judicial.

Moya ha pedido que se pongan en marcha seis aspectos para lograr que avance el uso e implantación de las lenguas cooficiales en la administración de Justicia, entre ellos, como primera medida, modificar la normativa procesal necesaria para asegurar el derecho a la opción lingüística en todo el proceso judicial, incluida la de la Ley Orgánica del Poder Judicial o la de Enjuiciamiento. Además del requisito de indicar la lengua oficial en primera instancia para todo el proceso judicial, En Comú Podem también ha planteado que se haga constar "en la carátula del procedimiento, en un lugar y de manera manifiesta y visible", dicha opción lingüística.

Y aparte del plan para la promoción e impulso de las lenguas, el grupo catalán integrado en Unidos Podemos ha pedido dos aspectos más controvertidos, como la previsión de que, si no se ejercita este derecho al uso de una lengua cooficial, el proceso se cursará en la lengua minoritaria en las comunidades donde haya más de una.

El otro punto ha sido la fijación como requisito de tener "conocimiento suficiente oral y escrito" de las lenguas que se den en la demarcación judicial correspondiente.

Ambos se han votado por separado, y ambos han sido rechazados porque PP y Ciudadanos se han expresado en contra, lo que unido a la abstención del PSOE, ha tumbado la iniciativa.

Moya ha denunciado que la situación actual del uso de las lenguas oficiales en la Justicia es un "desastre", y ha dado datos para ilustrarlo, como el descenso paulatino de las sentencias emitidas en catalán hasta 2015, cuando el porcentaje se quedó en algo más de un ocho por ciento. A las posición de En Comú Podem se han unido PDC, ERC, PNV y Compromís.

Sin embargo, Ciudadanos y PP no han compartido la propuesta, especialmente por esa exigencia de establecer como requisito el conocimiento oral y escrito de las lenguas oficiales, ya que una medida así podría perjudicar la igualdad en la aspiración a ciertas plazas judiciales y la calidad de la administración.