El Congreso no modificará la Ley de Amnistía para permitir que los crímenes del franquismo sean juzgados. Dicho de otro modo, PP, PSOE, y Cs se han unido este martes en el Parlamento para que los crímenes franquistas permanezcan impunes. Los tres partidos han anunciado su intención de rechazar la propuesta Unidos Podemos, ERC, PNV y Grupo Mixto para modificar la Ley de Amnistía para que no sea aplicable a los delitos de la dictadura. 

La propuesta, que nació de los distintos colectivos y víctimas que integran la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), solicitaba añadir un párrafo a la conocida Ley de Amnistía que estableciera, concretamente, que la norma "no impedirá" que "los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos". 

En defensa de la iniciativa, la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz ha denunciado que la Ley de Amnistía se convirtió en un "escudo" para no investigar los crímenes del franquismo, delitos de lesa humanidad que nunca prescriben. "Ha llegado el tiempo de la verdad, el tiempo de un país sin miedo, un país que reescriba su historia, la historia de verdad", ha proclamado.

Por contra, los representantes del PP, PSOE y Ciudadanos han lamentado que se intente "demoler" la historia de reconciliación en la que se basó la transición democrática, al tiempo que han negado que la Ley de Amnistía de 1977 fuera una "ley de punto final" como denuncian el resto de los grupos.

Así, el socialista Manuel Cámara ha incidido en que de cambiarse la norma se darían situaciones de "inseguridad jurídica". A su juicio, sería "mucho más productivo" ampliar la Ley de Memoria Histórica en el sentido planteado por la proposición de ley del PSOE cuyo debate ha vetado el Gobierno.

 No obstante, no es la primera vez que los socialistas se niegan a reformar la Ley de Amnistía ni que alegan problemas de "seguridad jurídica" para tumbar una propuesta de las víctimas de la dictadura. Este fue también el argumento de los socialistas para rechazar, durante la legislatura de Zapatero, la anulación de los juicios del franquismo que mantienen a personajes como el poeta Miguel Hernández en el listado de criminales. 

Ayuntamientos del cambio cargan contra la decisión

La Red de Ciudades contra la impunidad franquista ha emitido un comunicado en el que lamenta la decisión del Congreso de no modificar la Ley de Amnistía ya que esta norma "obstaculiza el acceso a la verdad de las víctimas de la dictadura" y "no reconoce sus derechos de verdad, justicia y reparación". 

"Ante esta realidad, queremos recordar que el sentido de la Ley de amnistía no puede ser el de blindar la impunidad franquista y que hoy existe la posibilidad de una interpretación que proteja a las víctimas. Por ese motivo solicitamos a todos los grupos parlamentarios del Congreso que revisen el contenido de la ley de Amnistía, en la línea que establece el Consejo de Europa y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las naciones unidas", zanja el comunicado firmado por los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Rivas, Vitoria, A Coruña, Zaragoza, Pamplona y Cádiz.

La ARMH ve incomprensible la postura del PSOE

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lamenta que no haya habido una mayoría parlamentaria para aprobar la reforma de la ley de amnistía para que las víctimas de la dictadura franquista puedan ejercer su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

En un comunicado, esta asociación afirma que los votos del PP, del PSOE y de Ciudadanos han cerrado la puerta de acceso a la justicia para las familias de miles de desaparecidos de la dictadura franquista.

Señala que "especialmente incomprensible ha sido la postura del representante del grupo socialista, Gregorio Cámara, quien ha defendido, citando a algunos personajes históricos, la reconciliación que, según sus afirmaciones supuso la ley de amnistía, pero ha olvidado que en los últimos años numerosas personas han viajado hasta Buenos Aires en busca de una justicia que les niega el Estado español".