La sentencia que condenó al juez y al fiscal que investigaron el llamado caso Cursach, sobre la mafia policial alrededor del principal magnate de la noche mallorquina, así como a los agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional que participaron en la instrucción judicial no es aún firme, pero el Ayuntamiento de Palma está convencido de que el Tribunal Supremo no cambiará ni una coma del polémico fallo que condenó al juez Penalva y al fiscal Subirán a nueve años de cárcel, en noviembre de 2023.

El consistorio de Palma, gobernado por el PP gracias a un acuerdo con Vox, prepara una reclamación patrimonial dirigida al Ministerio de Justicia por unos seis millones de euros, que es lo que destinó de sus arcas públicas municipales para sufragar las minutas de los abogados defensores de la veintena de agentes de la Policía Local y de cargos públicos que llegaron a estar investigados en el caso Cursach, por indicios de haber trabajado al servicio del magnate Bartolomé Cursach, para perjudicar a los empresarios de la competencia. 

El juicio contra todos aquellos policías y cargos públicos, además de contra Cursach y la cúpula de su grupo empresarial, tuvo un final inesperado, ante el giro esperpéntico de la Fiscalía Anticorrupción que retiró todas las acusaciones, propiciando que todos los acusados quedaron eximidos de responsabilidad. 

Las tornas se volvieron entonces contra los investigadores: el instructor Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán fueron acusados de presionar a los testigos durante la instrucción para que declararan contra los policías y Cursach; también de detenciones ilegales y otros delitos de sumaban la insólita petición de la Fiscalía de cientos de años de prisión para ellos y cuatro agentes de Blanqueo. 

Una polémica condena sin firmeza aún

Penalva y Subirán, que tuvieron que jubilarse anticipadamente por las secuelas del acoso que padecieron del entorno de matones vinculados al caso Cursach, fueron condenados, el pasado mes de noviembre, a nueve años de prisión cada uno por tres delitos de obstrucción a la justicia y un delito de coacciones en la persona del expolítico del PP Álvaro Gijón.

Por otra parte, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) les condenó por la omisión del deber de perseguir filtraciones de informaciones a los medios de comunicación de actuaciones reservadas o secretas que ellos conocían por razón de su cargo a la pena máxima prevista de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

Diez meses después, el Ayuntamiento de Palma, dirigido por el alcalde Jaime Martínez, ha encargado un informe a los servicios jurídicos municipales para preparar una reclamación patrimonial al Estado, vía Ministerio de Justicia, tal y como ha adelantado el diario Última Hora y ha confirmado Público.

El consistorio palmesano considera que existe responsabilidad de la Administración de Justicia derivada de la comisión de delitos por jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal en el marco de la instrucción judicial sobre el caso Cursach que afectó a varios funcionarios del consistorio. Estos se vieron suspendidos de empleo y sueldo temporalmente. Y además, tras su absolución, el ayuntamiento tuvo que asumir las minutas de sus abogados defensores. 

En total, las cantidades que reclamará el consistorio vía judicial son unos 3,7 millones de euros en concepto de defensas jurídicas y otros dos millones euros, por las retribuciones a los agentes de la Policía Local que estuvieron suspendidos durante la investigación y posterior juicio por Cursach. Varios de los policías estuvieron en prisión preventiva, igual que Bartolomé Cursach, por lo que reclamarán por su parte al Estado. 

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Palma no se personó en el procedimiento contra sus policías presuntamente corruptos que luego fueron absueltos, por lo que acordó posteriormente abonar los gastos de sus defensas, como informó una portavoz del consistorio, que adujo que la normativa les obligaba a depositar en un primer momento, en diciembre de 2023, 700.000 euros por las minutas de nueve policías absueltos. Posteriormente la cifra se elevó para incluir las honorarios de los abogados de otros diez agentes. 

Una cuestión política

Parece que el Partido Popular, que gobierna ahora en Palma, tras las últimas elecciones municipales, gracias a un acuerdo con Vox, quiere sacar provecho del caso Cursach, que llegó a salpicar a varios de sus cargos, como Álvaro Gijón, que estuvo imputado en la causa ORA por el concurso del aparcamiento público en Palma. 

Según publica Última Hora y no desmiente el ayuntamiento, el actual alcalde ha puesto el foco en el exalcalde socialista José Hila y la exconcejal de Seguridad de su equipo, en la pasada legislatura, en cuanto a su posible responsabilidad por ordenar la suspensión de empleo y sueldo de hasta 28 funcionarios policiales por su vinculación con el caso Cursach.

Fuentes jurídicas consultadas por Público consideran que la reclamación del ayuntamiento tal cual está formulada sería posiblemente inadmitida; en primer lugar porque aún no es firme la sentencia y en segundo lugar porque el Supremo tendría que sentenciar, tras avalar la condena recurrida, que existió un error judicial en la investigación del juez Penalva por el caso Cursach como paso previo para que el Ministerio de Justicia accediese a desembolsar los seis millones que pide el consistorio de Palma.