Ningún movimiento entre bambalinas en el Congreso es casual. Este martes 21 de noviembre la Mesa de la Cámara Baja ha admitido a trámite la proposición de ley de amnistía con el voto en contra del Partido Popular. Es lo que se esperaba. Sin embargo, Cuca Gamarra, portavoz de la formación, ha asegurado ante los medios que su partido pedirá una reconsideración a la Mesa de la propia admisión a trámite de la proposición de ley. Fuentes del PP reconocen que lo han hecho porque es un paso imprescindible para asegurarse la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.

Hay que encuadrar la acción de los populares en la estrategia que están llevando a cabo por tierra, mar y aire contra la amnistía. Como contó Público, la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña —el nombre completo con el que el PSOE registró la iniciativa— se enfrenta a una carrera de obstáculos en el Senado, el Tribunal Constitucional y, también, en Bruselas. No pasa por alto el esmero con el que PP está tratando de trasladar a la arena europea el debate. Este mismo miércoles, el Parlamento Europeo debatirá sobre ella a propuesta del Grupo del Partido Popular Europeo.

Sin embargo, también desde el Congreso, donde los conservadores se encuentran en minoría, el PP espera dar batalla. Prueba de ello es esa reconsideración de la admisión a trámite de la ley que ya ha anunciado el partido. 

La jugada no es trivial. La mayoría progresista de la Mesa del Congreso rechazará la reconsideración que presentarán los de Feijóo de la misma forma que ha votado a favor de la admisión a trámite de la propia ley. Por tanto, a priori el movimiento tendría poco recorrido. Al PP no le dan los números. No obstante, dicha reconsideración es un paso fundamental para generar la posibilidad de, en un futuro, elevar la cuestión al Tribunal Constitucional.

"Tenemos que agotar todas las vías parlamentarias para frenar la ley de amnistía para, luego, en caso de que se considera oportuno, poder ir al TC", deslizan fuentes del PP en conversación con Público. En otras palabras, sin el voto en contra a la ley y esta reconsideración de la calificación de la Mesa, el partido no tendría los argumentos suficientes para acudir al Constitucional. Fuentes jurídicas se lo confirman a este medio. Lo que hace el PP, entonces, es poner, desde la Cámara Baja, todas las baldosas necesarias para asegurarse un camino llano hacia el tribunal y hacia un eventual recurso de amparo en caso de que, finalmente, decidan presentarlo. La forma y el fondo

Una cosa es el fondo de la ley y otra es la forma. Los populares, tal y como ha podido saber Público, consideran que sus diputados "se sienten vulnerados por el hecho de que se admita a trámite la proposición de ley de amnistía". Entre otras cosas, alegan que, ya en 2021, se declaró inconstitucional la proposición de ley de amnistía de Esquerra Republicana de Catalunya. También acusan al nuevo secretario general del Congreso, Fernando Galindo, quien ha firmado el informe en el que no se opone a la calificación de la proposición de ley, de no ser "neutral e imparcial".

Por tanto, ese recurso de amparo que los diputados del PP se aseguran gracias a haber agotado todas las vías parlamentarias para que la ley no se admita a trámite (voto en contra y petición de reconsideración) tendría que ver más con la forma, que con el fondo. Fuentes parlamentarias del entorno socialista, por su parte, no encuentran de recibo que se cuestione la neutralidad del secretario general.

Los populares, por el momento, no han confirmado que se elevará al Constitucional la actuación de la Mesa por "vulnerar" —según entienden— "su derecho como diputados", pero sí reconocen que han colocado todas las piezas para hacerlo. Más allá de la forma, implicar al Alto Tribunal para que valore la constitucionalidad del contenido de la ley es una cosa distinta y, como aseguran a Público fuentes expertas en Derecho Constitucional como la profesora de la Universidad de Comillas ICADE, Naiara Arriola, o Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de Jueces por la Democracia, el PP tendría que esperar a que la ley se publique —si todo le sale al PSOE según lo previsto— en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Existe ese instrumento, el recurso de inconstitucionalidad, que podrían presentar 50 diputados o 50 senadores si consideran que la ley solivianta algún precepto de la Carta Magna. Pero eso queda, todavía, muy lejos. Antes, la ley deberá recorrer todo el camino parlamentaria (Congreso y Senado) y, después, aparecer en el BOE.

Por eso, cobra sentido que los populares se aseguren desde el Congreso, al menos, la posibilidad de introducir al Constitucional en la ecuación mucho antes. Y por eso pedirán al órgano rector de la Cámara la reconsideración de la calificación de la proposición de ley. El jueves, día 23 de noviembre, se llevará a cabo la próxima reunión de la Mesa.