Un informe demoledor de la Guardia Civil del caso Púnica, fechado el 1 de marzo de 2017, atribuye a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, los delitos de prevaricación continuada y cohecho al haber presidido el comité que adjudicó el servicio de cocina y cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, entre los años 2009 a 2011. Este grupo es propiedad de Arturo Fernández, imputado a su vez en la causa y considerado supuesto financiador del PP.

La Unidad Central Operativa (UCO) recuerda en su informe al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que Cifuentes preside actualmente la Comunidad de Madrid, por lo que está aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El juez Velasco no ha adoptado aún decisión alguna respecto a la situación procesal de Cristina Cifuentes y si enviará una exposición razonada al TSJ de Madrid.

El magistrado ha levantado el secreto del sumario del caso Púnica en los tomos relativos a la financiación del PP de Madrid, donde se apunta la participación de Cristina Cifuentes en esta trama.

“Los elementos probatorios puestos de manifiesto en el presente informe policial y relativos a los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho (…) se aprecia la presunta participación en los hechos citados” de María Cristina Cifuentes Cuencas y el resto de integrantes del comité de expertos, sostiene el informe.

Cifuentes presidió el comité de expertos de la Asamblea de Madrid en las licitaciones de los años 2009 y 2011, que adjudicó los contratos en beneficio del Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, quien a su vez habría financiado al PP de Madrid, según apunta la investigación.

Los contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid ascendieron a 387.860 euros. Y “se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones", explica la Guardia Civil que ve la intención de adjudicar de antemano este contrato a Arturo Fernández, expresidente de la Patronal madrileña CEIM.

Financiación del PP de Madrid

La Guardia Civil destaca la coincidencia de Cifuentes como patrono de la Fundación Fundescam, su pertenencia al PP de Madrid y a los comités de campaña cuando se realizaron las aportaciones económicas, así como el ser al mismo tiempo miembro del comité de expertos que realizó las valoraciones a favor del Grupo Cantoblanco y el haber ejercido la presidencia de la mesa de contratación.

Cifuentes compatibilizó el ser miembro del comité de expertos “con la de ejercer como Presidenta de la Mesa de contratación, circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la Presidenta de la mesa de contratación”, expone la UCO.

Este hecho “la sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria. Asimismo pertenecía al Patronato de Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario y que fueron destinado a sufragar gastos de campaña y perteneció al comité regional de Campaña del Partido Popular de Madrid en los referidos comicios” de 2007.

Por si fuera poco, el juez Eloy Velasco investiga si también el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid financió al PP de Madrid.

En uno de los documentos incautados al extesorero Beltrán Gutiérrez se eleva a 1.700.000 euros unos ingresos asociados al “Grupo PP Asamblea” “pudiendo referirse al Grupo del Partido Popular de la Asamblea de Madrid”.

El juez Velasco ha requerido a Bankia para que aporte los movimientos de la cuenta de dicho grupo parlamentario desde 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, según la documentación que obra en el sumario del caso Púnica.