El Partido Popular (PP) ha vuelto a aprobar en el Senado el planteamiento de un conflicto de atribuciones entre la propia Cámara Alta y el Congreso de los Diputados. Ya lo hizo en abril, en aquel caso con motivo de la ley de amnistía, que los populares consideran una reforma constitucional encubierta. En este caso, el objeto de la polémica es la conmutación de penas a presos de ETA.

Hay que remontarse algunas semanas atrás para encontrar el origen del asunto. A principios de octubre, el Congreso aprobó por unanimidad una directiva europea que incluía una enmienda registrada por Sumar para conmutar las penas de los presos en el extranjero y, por lo tanto, también de los etarras que hayan cumplido condenas en Francia. El Partido Popular dijo que el Gobierno había introducido la enmienda bajo manga, algo que pusieron en cuestión los partidos del bloque de investidura.

Fuera como fuere, cuando saltó a la prensa que la enmienda aprobada en el Congreso iba a beneficiar a los presos de la banda terrorista, el PP ya no estaba a tiempo para registrar vetos ni enmiendas en el Senado, por lo que la Cámara Alta no tenía el poder de rechazar la iniciativa y devolverla al Congreso. De todos modos, en una decisión sin precedentes aunque avalada por el cuerpo de letrados del Senado, el presidente de institución, Pedro Rollán, dictaminó que al haberse mostrado la mayoría de la Cámara contraria a la aprobación de la norma, se podía entender que era un veto.

Fue una decisión sorpresiva, toda vez que en el Pleno no se había debatido un veto ni el PP lo había registrado formalmente. Por ello, cuando el Congreso fue informado de que el Senado rechazaba la iniciativa, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, lo rechazó, también avalada por los letrados de la institución que lidera y por la mayoría de la Mesa del Congreso. Así, se acabó enviando la ley al Gobierno para que la publicara en el BOE.

Desoyó, así, el mandato del Senado porque consideró que legalmente el Senado no tenía la opción de vetar la ley porque no cumplió con los requisitos formales necesarios.

"En un estado de derecho hay que respetar los plazos"

Así llegaban las cosas a este miércoles, cuando el PP ha aprobado con su mayoría un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso, entendiendo que con la decisión de la Mesa de la Cámara Baja de dar por aprobada la ley a pesar del veto ―irregular― del Senado. Vox también había presentado su propia propuesta en unos términos muy parecidos, pero la suya no ha prosperado. 

Un senador socialista, en conversación con Público, desliza que este movimiento del PP es "una maniobra política para tapar que han cambiado de opinión con el contenido de la ley". Y continúa: "Es un sinsentido a nivel jurídico y constitucional". En un estado de derecho, abrocha, "los plazos hay que respetarlos y el veto hay que pedirlo, debatirlo y votarlo para que tenga algún tipo de efecto jurídico". Todo eso no se hizo.

A partir de este punto, en cualquier caso, el Congreso será informado del planteamiento del conflicto de atribuciones que ha aprobado el Senado y decidirá si quiere emitir alguna respuesta. Posteriormente, el PP tendrá que decidir si eleva el asunto al Tribunal Constitucional. En el caso del conflicto que aprobó por la amnistía en mayo, los populares terminaron por retroceder y no acudieron al intérprete supremo de la Carta Magna.