El Gobierno de Andalucía, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, aprobó este lunes la modificación vía decreto-ley, que será con seguridad convalidado por Vox, de 21 leyes y seis decretos con la idea declarada de favorecer la inversión empresarial en Andalucía, que consideran estancada.

El Ejecutivo justificó su decisión en que  hay leyes "que condicionan la competitividad del tejido productivo andaluz y que suponen un freno al emprendimiento, a la inversión y a la creación de empleo". Según las estimaciones del presidente, Juanma Moreno, la desregulación iniciada este lunes "puede elevar el PIB per cápita alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años".

Se trata, según el Gobierno, de una "batería de reformas normativas para mejorar los fundamentos de la economía andaluza y que le permitan contrarrestar la desaceleración económica que ya se experimenta". El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, convocó de forma insólita hasta a seis consejeros para vender a la prensa lo aprobado.

Las medidas, que se han tramitado sin consenso alguno con los sindicatos y que se han elaborado de la mano de la patronal y de algunos sectores de la universidad, relajan controles urbanísticos, medioambientales e, incluso, sanitarios.

El decreto-ley supone una reforma legal de calado y afecta a normas clave, muy relevantes, entre las que están la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la Ley del Turismo de Andalucía y la Ley de la Calidad Ambiental de Andalucía.

CCOO manifestó que, con ello, la Junta "recupera la cultura del pelotazo y da manga ancha al empresariado andaluz y lobbys afines". Mientras, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) manifestó, por su parte, que el Gobierno de Moreno cumple con "una demanda histórica" de la patronal, que siempre ha tenido la pretensión de hacer de Andalucía "un lugar idóneo para la inversión, evitando las trabas administrativas y la hiperregulación, con lo que se facilita la actividad productiva".

Campos de golf

Entre la multitud de medidas aprobadas, que el Ejecutivo de Moreno solo ha esbozado de momento –algunas se pueden consultar aquí– están, por ejemplo, permitir que los comercios de más de 300 metros cuadrados pueden abrir más festivos y domingos a lo largo del año, pasando de los diez actuales a 16. También se promueve la construcción de campos de golf y se fomenta la implantación de alojamientos turísticos.

Además, la Agencia de la competencia pasará a llamarse Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica y se ocupará de "recomendar reformas y eliminar trabas desproporcionadas a los operadores económicos".

En lo que respecta al ámbito medioambiental y de política de aguas, afirma la Junta que "las modificaciones normativas abren las puertas a un procedimiento más ágil de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental". De momento, el Ejecutivo no ha especificado en qué consiste esa agilidad.

Los controles urbanísticos también se verán relajados y se sustituye la licencia de obras, que conceden los ayuntamientos, por una declaración responsable para obras menores y para la apertura de locales. "El control de las obras y actividades se realizaría a posteriori por el ayuntamiento", afirma, con voluntarismo, el Gobierno.

Respecto al control de la calidad agroalimentaria y pesquera de Andalucía, "trámites que requerían 6 meses de plazo pasan a ser inmediatos como consecuencia de las modificaciones introducidas". Por ejemplo, "los laboratorios agroalimentarios privados que realizan análisis para empresas: pasan de requerir autorización previa (6 meses) a solo la declaración responsable (inmediato)".

Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía exigió explicaciones al Gobierno por una decisión que supondrá, en su opinión, "un duro perjuicio para la comunidad autónoma" y que implanta "la ley de la selva". Fuentes del PSOE indicaron a Público que se trataba de medidas que iban a "darle privilegios, a beneficiar a unos pocos".