El policía que verificó las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid afirma que no se corresponden a las que aportó Medina

El agente de la Policía Municipal encargado de elaborar un informe sobre las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Madrid, ha declarado que el material sanitario no se correspondía al que se presentaba en la documentación proporcionada por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, investigados por un posible delito de estafa que ha salpicado al alcalde, José Luis Martínez Almeida y el Ayuntamiento de Madrid.

El policía ha dicho ante el juez que las mascarillas que recibió para su verificación no coincidían con las de las fotografías incluidas en la documentación aportada por Medina y Luceño, según ha explicado a los medios la abogada de Más Madrid, Nuria Zapico.

El agente ha puntualizado que no había valorado la calidad del material, sino que se limitaba a comprobar la documentación aportada y que esta sí cumplía con la normativa. Aunque ha reconocido que no hizo ninguna comprobación acerca del organismo que verificaba su calidad y el cumplimiento de las normas, tan solo accedía a su web y veía que en ella se denominaban una entidad válida para emitir las verificaciones.

A pesar de que el Ministerio de Trabajo alertaba sobre la invalidez de las certificaciones del organismo que verificaba la calidad del material proporcionado por los comisionistas, el agente ha señalado que no estaba al tanto de ello.

Otro de los documentos que aportaban los comisionistas, emitido por una entidad estadounidense, no certificaba la calidad del material aunque incluía un registro de una patente, según ha reconocido el agente.

El policía ha admitido que en los documentos procedentes de China solo se fijaba en las siglas que hacen referencia al tipo de mascarillas KN95, debido a que eran una fotocopia de muy mala calidad y estaban escritos en chino.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, investiga a Luis Medina y Alberto Luceño por presuntamente embolsarse 6,6 millones de dólares en comisiones como intermediarios entre la empresa malaya Leno y el Ayuntamiento de Madrid.