En las comisarías de Lima, hoy agitadas por las jornadas de represión contra manifestantes, hay armamento con sello español. Según denuncia Amnistía Internacional (AI), España ha autorizado la venta de material antidisturbios para la Policía peruana por un valor que en los últimos cinco años ha alcanzado los 23 millones de euros.

Tras las cargas policiales de las últimas jornadas, AI se ha dirigido al Gobierno para mostrar su "preocupación por la exportación de material antidisturbios como cartuchos lacrimógenos" a Perú. Dicho material podría haberse empleado en las cargas policiales de estos días, que han dejado un saldo de dos manifestantes muertos y decenas de heridos.

Según ha denunciado este organismo de derechos humanos, los envíos efectivamente materializados durante ese periodo alcanza los tres millones de euros. Precisamente, AI ha pedido al Ejecutivo que "suspenda los envíos" aún pendientes de material antidisturbios para la Policía peruana y que "revoque las licencias concedidas durante los últimos cinco años".

El portavoz de esta organización, Alberto Estévez, ha advertido sobre el "riesgo de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas peruanas", por lo que ha exigido además que España no conceda nuevas autorizaciones de venta de armamento a ese país. 

Falta de garantías

En el último informe de la campaña Armas Bajo Control –integrada por AI, Intermón Oxfam, Greenpeace y FundiPau– se denunciaba precisamente que en Perú "el artículo 20 del Código Penal exime a las FF.AA. y a la Policía de rendir cuentas en caso de causar lesiones o muerte".

Por ello, la plataforma preguntaba "qué tipo de material antidisturbios se autorizó en las dos licencias emitidas en 2018 y las cuatro licencias emitidas en 2019 en vista del riesgo de uso excesivo de la fuerza en la represión de protestas debido a la impunidad por falta de rendición de cuentas y la carencia de formación de la policía y las fuerzas armadas en las normas internacionales sobre el uso de la fuerza".