La polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) se creó después de que el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, fuera destituido y el juez del caso del pequeño Nicolás le requiriera para crear una comisión judicial que no respondiera ante el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz. Exactamente vio la luz un mes después de su marcha, en mayo de 2015, como acaba de certificar el juzgado de instrucción número 7 de Madrid el actual director general de la Policía, Francisco Pardo. 

Aunque los mandos a los que investigó Martín-Blas por formar parte de la 'brigada política' y realizar actuaciones ilegales, como el ahora preso o el imputado ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, le acusaron de estar detrás de la Operación Cataluña y que su tapadera era el trabajo que hacía en la BARC, la información oficial asegura que "en el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT) de la Dirección General de la Policía, vigente entre el 22/2/2012 y el 06/04/2012, no figura la citada Brigada de Análisis de Revisión de Casos". 

También explica que en la División Económica Técnica -encargada de los gastos del personal- "no les costa ningún registro en el que hayan sido comisionados en las mismas fechas y el mismo destino" los comisarios José Manuel Villarejo Pérez y Marcelino Martín-Blas.   

Difundido por las cloacas del periodismo

La contestación es una de las pruebas que constan en el procedimiento abierto contra el policía José Villarejo y sus hombres de confianza en los medios, Eduardo Inda y Manuel Cerdán, que están también imputados. En diversos artículos difundieron informaciones que suponen un delito de injurias y calumnias con publicidad contra un funcionario. 

Sin embargo, nada publicaron sobre las actividades ilícitas del comisario Villarejo y la cúpula policial que les suministraba material tóxico para difundir y que está siendo desmentido por diversos tribunales y por la propia Policía. Por ejemplo, la información enviada al juzgado asegura que "desde 2012 hasta su jubilación, en fecha 22/06/2016, José Manuel Villarejo Pérez le consta que estuvo destinado como jefe de Brigada en la Dirección Adjunta Operativa". Como ahora se ha descubierto en la causa Tándem que investiga la Audiencia Nacional, este destino le servía al policía para crear Notas Informativas e informes falsos con los que alterar procedimientos en beneficio de sus clientes del entramado empresarial privado a través del que presuntamente se han blanqueado millones de euros.   

En concreto Villarejo se ha jactado ante periodistas de Público de no haber pisado jamás una comisaria ni un coche patrulla: "Mi estatus de madero es solamente para que los informes tuvieran validez, no es por otra cosa, y no he ejercido hasta que volví en el año 92, 93". De ahí que la nueva dirección general asegure al juzgado que "la División de Personal no puede certificar las funciones concretas desarrolladas por este funcionario" y que "esta certificación le correspondería al Director Adjunto Operativo, que le establecería sus funciones, que desde 2012 a 2016 fue D. Eugenio Pino Sánchez. 

Pero la credibilidad de Pino está más que en entredicho. Jefe de la brigada política por delegación del ex ministro Jorge Fernández Díaz, ha sido testigo de la defensa de Inda en la demanda que el líder de Podemos puso contra el tertuliano por publicar un documento falso sobre un pago en Islas Granadinas a nombre de Pablo Iglesias. Además, en estos momentos le espera el banquillo para ser juzgado por introducir en la causa Pujol un pen drive obtenido ilegalmente y sobre el que también se acusó de haberlo obtenido al comisario Martín-Blas, cuando realmente se lo había proporcionado su compañero de imputación en la causa Tándem, el comisario ya jubilado y en prisión, José Villarejo.