El Pleno del Congreso debatirá este martes sobre la toma en consideración de una proposición de ley para impulsar la investigación de los casos de bebés robados en España, garantizar la reparación de las víctimas y hacer efectiva su tutela judicial. La norma ha sido redactada por la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua), y es el PSOE el que la lleva a Pleno.

El texto recoge que la principal finalidad de la ley es la de “proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936”.

Para cumplir este objetivo, se llevarán a cabo “las labores de investigación necesarias” para esclarecer los casos de bebés robados, por lo que en su articulado se recogen una serie de medidas que buscan facilitar el esclarecimiento de estos casos y el acceso de las víctimas a la información necesaria. La norma reconoce el derecho de las víctimas al “acceso a la documentación que les pueda ser de interés y que obre en los archivos y registros integrados en las Administraciones Públicas o en los organismos dependientes de las mismas”; pero la proposición no solo hace referencia al ámbito público, sino que también recoge la obligación de facilitar información a las víctimas a una serie de “sujetos privados” a los que hace mención expresa.

Estos sujetos son los establecimientos hospitalarios o de salud, las residencias, asilos, congregaciones, confesiones religiosas reconocidas por el Estado, fundaciones, “asociaciones y similares que existiesen en el momento en que se cometieron los hechos objeto de la presente ley o hayan sucedido jurídicamente a los entonces existentes, o custodien archivos, legajos o cualquier material informativo relativo a los mismos hechos”, así como la Iglesia católica.

La norma establece que cuando las víctimas formulen peticiones, las entidades antes mencionadas dispondrán de un plazo de tres meses para tramitar y resolver estos procedimientos. Transcurrido este plazo sin resolución expresa, “la víctima podrá formular demanda para el ejercicio de su derecho ante los órganos competentes de la jurisdicción civil”.

Además de facilitar el acceso a información, la proposición contempla una serie de medidas para facilitar las labores de investigación de los casos. De esta manera, se pretende impulsar la confección de una “Base de Datos estatal de afectados” que ayude a organizar los trabajos de investigación, y crear un Banco único de ADN, de carácter estatal y gratuito.

Fiscalía Especial de bebés robados

Para actuar contra los responsables de los robos, se recoge la creación de una Fiscalía Especial sobre bebés robados, de la que dependerá la base de datos antes mencionada. El banco de ADN dependerá del Instituto Nacional de Toxicología y la administración se hará cargo del coste de las pruebas necesarias en las investigaciones, como las exhumaciones.

La presidenta de la asociación Todos los niños robados son mis niños y una de las portavoces de Ceaqua, Soledad Luque, destaca que uno de los elementos más importantes de esta proposición de ley es que “garantiza la tutela de las víctimas”. También pone especial énfasis en cuestiones concretas de la norma, como que el Ministerio Fiscal pueda actuar de oficio contra los responsables del robo de bebés a través de la Fiscalía Especial creada ad hoc, o que el banco de ADN sea “voluntario, estatal y gratuito. Eso es un paso importante”.

La propuesta no se queda en el derecho a la reparación y a la tutela judicial efectiva, sino que también busca garantizar el derecho a la “no repetición” de los casos. Para ello, se pretende impulsar una serie de medidas que van, desde la elaboración de campañas de sensibilización e información hasta la creación de un “Día en memoria de los bebés robados y sus familias”.

Desde Ceaqua esperan que la proposición de ley salga adelante, ya que el texto cuenta con las firmas de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDECat y Bildu. Luque asegura que cuando se registró la norma, el pasado 25 de septiembre, Ciudadanos y el PNV no la firmaron al no disponer de cupo, pero sí que comprometieron su apoyo “verbalmente”. Las víctimas, en cambio, no recibieron respuesta por parte del PP, aunque la portavoz de la coordinadora espera que los conservadores acaben sumando sus apoyos al texto.

Si obtiene la mayoría suficiente en el Pleno, la norma comenzará su tramitación en la Cámara Baja, y tendrá que superar los trámites de enmiendas totales y parciales de los grupos que completarán su redactado final.