Los aliados del Gobierno le reprochan que su plan para 2022 no tenga en cuenta reformas legales pactadas con ellos

El plan normativo del Gobierno para 2022 aprobado el pasado martes en el primer Consejo de Ministros del año contempla 368 propuestas normativas, entre las que se incluyen once nueve leyes orgánicas y 81 ordinarias. Dentro de la extensa agenda legislativa prevista destaca la aprobación definitiva de la ley de vivienda, una ley integral contra la trata, una ley de industria, una ley contra el racismo, una ley para acabar definitivamente el copago en el sistema público de Salud o la reforma de la ley contra la violencia de género.

Asimismo, en el marco de este proyecto normativo, el Gobierno pretende afianzar su intención de agotar la legislatura al incluir otros objetivos de gran calado, como el propósito de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta en dos ocasiones y la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo curso.

No obstante, más allá de esta declaración de intenciones, los aliados del Gobierno en el Parlamento, imprescindibles para que esa agenda se vea reflejada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), afean que el Ejecutivo de coalición saque de sus previsiones cuestiones clave comprometidas, incluso, desde la investidura de Pedro Sánchez (hace dos años).

Buena prueba de ello es la ley para modernizar la Corona, anunciada por el propio presidente del Gobierno a finales de 2020. Ya en diciembre de 2021, al cumplirse un año de este anuncio, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, explicó que no se había avanzado en esta cuestión porque el Gobierno está "centrado en la recuperación económica" tras la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.

No obstante, sus socios en el Congreso critican el olvido de una ley anunciada a "bombo y platillo" en plena polémica por los escándalos de corrupción, con el objetivo de "modernizar y actualizar" la institución, a pesar de los múltiples intentos para investigar los casos que salpican a los miembros de la Familia Real y, muy especialmente, a Juan Carlos I que han caído en saco roto.

"Pase lo que pase, el Gobierno sigue manteniendo el tabú sobre la Casa Real. El PSOE sigue siendo rehén de los pactos de la Transición y no está dispuesto a tocar nada relacionado con la monarquía", señalan desde EH Bildu, además de criticar la "maniobra de Estado para separar a Felipe VI de su padre".

A su entender, esta operación de "lavado de imagen de la monarquía corrupta" para perpetuarla en el poder "no está funcionando", por lo que, más allá de querer modernizar esta institución a través de una norma, la coalición abertzale añade una solución compartida con ERC: "La única manera de modernizarla sería que la ciudadanía pudiera elegir y votar directamente qué modelo de Estado quiere".

Asimismo, Compromís afea que el Gobierno pacte medidas con sus socios o prometa normas en un momento determinado de tensión política "sin ninguna intención de llevarlas a cabo". En esta línea, además de esta reforma de la Corona, "anunciada como contraprestación" al bloqueo de las comisiones de investigación en el Congreso por parte de PSOE, PP y Vox, la formación valenciana recalca otra asignatura pendiente que ha quedado fuera, al menos, del plan anual del Ejecutivo.

Es la reforma del modelo de financiación autonómica, cuyo sistema lleva pendiente de evaluarse desde 2014 y que mantiene a Murcia, Andalucía y el País Valencià con la financiación efectiva por habitante por debajo del promedio. Fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumentan que la exención de la medida de la agenda legislativa no implica que no se vaya a llevar a cabo este año.

"Es una reforma que no depende solo del Gobierno, sino que requerirá de un acuerdo previo con las comunidades autónomas y con el PP", añaden estas fuentes, lo que se presta complicado dado el contexto de polarización y las citas electorales previstas para este año. No obstante, la formación autonómica valenciana, que ha llevado este asunto al Congreso en varias ocasiones, insiste en cumplir con lo pactado este año.

Algo similar ocurre con la reforma de los delitos de sedición y rebelión prometida por Pedro Sánchez y que ya fue apartada el año pasado. En cualquier caso, ERC no coincide con esta propuesta del Gobierno, ya que los republicanos se mantienen en el derecho a decidir y en la amnistía como únicas vías para resolver el conflicto político en Catalunya.

Desde PDeCAT lamentan que el Ejecutivo haya "incumplido sus compromisos una vez más", aunque confían en que la modificación de sendos epígrafes del Código Penal sea abordada toda vez que pasen las elecciones previstas para 2022, las de Castilla y León, y muy probablemente, las de Andalucía.

Con todo, los partidos que sostienen al Gobierno en el Congreso han mostrado su "preocupación" por esta hoja de ruta aprobada "sin contar" con estas fuerzas políticas. En este sentido, el PNV observa "con estupor que el Ejecutivo va a lo suyo y es cada vez más centralista", en lugar de "ir al mínimo denominador común para intentar no incomodarnos entre nosotros".

En cuanto a la ley de información clasificada que el Gobierno ha vuelto a incluir en el plan normativo de este año, la formación jeltzale celebra que se retome este asunto, pero insta a pasar del dicho al hecho. "Lo que es necesario es voluntad política para afrontar esa reforma, que hasta ahora ha brillado por su ausencia". Asimismo, para acelerar la reforma de la ley franquista de secretos oficiales, el PNV insiste en "aprovechar" su proposición de ley congelada en el Congreso en lugar de optar por un proyecto de ley.