La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este miércoles a la Sala de lo Penal del alto tribunal que confirme la condena de dos años de inhabilitación y 36.500 euros al expresidente de la Generalitat Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional con la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. "Fue un desafío a la legalidad", ha dicho el fiscal Jaime Moreno.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo —formado por los magistrados Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres— ha celebrado una vista para revisar los recursos presentados por Mas y por la exvicepresidenta Joana Ortega contra la sentencia impuesta en marzo de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCV). Ortega fue condenada a un año y nueve de meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros, y de la exconsellera de Enseñanza resultó penada con un año y seis meses de inhabilitación y al pago de 24.000 euros.

Una sesión, que ha durado una hora y media, en la que el representante del Ministerio Público ha intentado desmontar los principales argumentos de las defensas como que la notificación de la providencia del Tribunal Constitucional en la que se suspendía el 9-N no llegó a los acusados y que no conocían si había algún requerimiento.

Por su parte, el abogado de Artur Mas, Xavier Melero, ha solicitado ante el Tribunal Supremo la absolución del expresidente de la Generalitat para acallar a quienes "mercadean con las resoluciones judiciales" y demostrar que el Alto Tribunal es "ecuánime" sin importar quién sea el imputado. Melero ha pedido al Supremo que "presente un servicio impagable y más necesario que nunca" y absuelva a Mas del delito de desobediencia por el que fue condenado en 2017 a dos años de inhabilitación, si bien ha reconocido la dificultad de que eso suceda tras la condena a un año y un mes de inhabilitación que impuso el alto tribunal a Francesc Homs por la misma consulta.

"Fue un desafío a la legalidad"

"Lo que es formalista es venir a decir que porque no se hizo un apercebimiento ya no se puede incurrir en una responsabilidad penal", ha dicho el fiscal Moreno, que ha recordado que la propia jurisprudencia expresa que la falta de notificación o de requerimiento expreso no puede incumplir su acatamiento. "Fue un desafío a la legalidad", ha insistido.

Es más, durante su intervención, el fiscal ha recordado un momento en el que expresidente afirmó ante los medios de comunicación que el "responsable" de la consulta era él y su gobierno. Aún así, Moreno ha argumentado que la "desobediencia no hace falta que sea expresa, no hace falta que dijeran: 'vamos a desobedecer'".

Con todo ello, ha concluido que si Mas y su gobierno "no hubieran hecho absolutamente nada, la consulta no hubiera podido celebrarse". "Es necesario que se llevaran a cabo varios actos para que se pudiera realizar. Sin ellos, la consulta no se habría llevado a cabo", ha recalcado. Al mismo tiempo que ha numerado alguna de las actuaciones que se desarrollaron después de conocer la providencia del 4 de noviembre de de 2014 del Tribunal Constitucional y que se recogen en la resolución del TSJC que ha sido recurrida, como el correo oficial y la web institucional que siguieron activas, el reparto de material o la instalación de programas informáticos.

Por su parte, los abogados de Mas, Ortega y Rigau han pedido al Tribunal Supremo que deje al margen la causa que próximamente juzgará por el proceso independentista en Catalunya y que revise sus recursos por los hechos ocurrido en noviembre de 2014. De hecho, han señalado que han acudido a esta vista "melancólicos" porque esta misma sala juzgó por el 9-N al exconsejero de Presidencia Franscesc Homs, que fue condenado a un año y un mes de inhabilitación, y sobre el que consideran que "no es el mismo caso".

Recuperar la jurisprudencia

"Recupere su jurisprudencia y preste un servicio imparable, inatacable, pero más necesario que nunca, para que todo el mundo vea, para quienes especulan y mercadean con la jurisprudencia, que no importa quien es imputado, ni las circunstancias que rodean, que la jurisprudencia es la misma para todos", ha dicho el abogado de Mas, Xavier Melero.

Para ello, el letrado del expresidente ha remitido a la sentencia del 'caso Atutxa' para asegurar que los hechos que han sido juzgados "no eran constitutivos de desobediencia". "Aquellos polvos del 9-N han traído los lodos que ahora padecemos", ha ironizado Melero.

En la misma línea se ha manifestado Rafael Entrena, defensa de Ortega, que ha pedido el tribunal que evite la "tendencia generalizada de meter en un mismo paquete" todos los actos vinculados al "nacionalismo catalán sin distinguir la actitud de las personas, las consecuencias cívicas y sociales y la concreta participación de cada uno de ellos".

Por último, en esta vista también ha estado presente la acusación popular que ha pedido que se confirme los dos años de inhabilitación para Mas, mientras que sí ha aceptado los argumentos de los abogados de las exconsejeras, que han criticado que sus condenas sean superiores a la de Homs cuando se encontraban en una línea de responsabilidad similar. Por ello, ha solicitado que la inhabilitación de Ortega y Rigau se rebaje a un año y un mes y que se mantenga las multas para los tres.