Podemos ha registrado este miércoles un escrito en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid en el que denuncia que, tras haber recibido el juzgado la proposición de dos personas para realizar un informe solicitado por el juez sobre los trabajos de Neurona y detectar vínculos de las mismos con Vox, "no es descartable que Vox haya podido impulsar, estimular, coordinar, y/o realizar gestiones para presentar e introducir en el procedimiento a estos peritos" y así "condicionar e influir en el resultado de la pericia, y con ello, en el resultado del procedimiento". 

La formación morada pide al juez Juan José Escalonilla que investigue estos hechos  y que se rechace el ofrecimiento de la mercantil IP Peritos Judiciales, SL, cuyos administradores solidarios son Luis Navas Fajardo y Eduardo García de la Beldad Sanchís, que podrían mantener nexos con Vox, personada como acusación popular en la causa. La mercantil apenas tiene un año y cinco meses de existencia.

Tal y como desveló Público, Luis Navas Fajardo fue secretario y profesor de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI). Esta entidad realizó por encargo de Vox un informe en la causa 'Neurona', sobre el contrato de esta consultora política con Podemos para la campaña electoral de abril de 2019, contrario a la formación morada. El informe, firmado por el presidente de ANTPJI, Ángel Bahamontes, se presentó este verano en el juzgado.

Ahora, Luis Navas, que fue secretario de la ANTPJI y trabajó codo con codo con Bahamontes en varios peritajes, se ofrece al juez para realizar el informe final del caso, en el que hay que evaluar si el precio que pagó Podemos a Neurona, 363.000 euros procedentes de fondos propios del partido, fue un precio adecuado al mercado. 

Navas indicó a este diario que "le echaron" de la asociación hace "unos dos años" por "discrepancias" con la dirección, no constando en su web hasta cuándo fue secretario de la entidad. Luis Navas y el presidente de ANTPJI, Ángel Bahamontes, trabajaron juntos en un informe pericial para la defensa del nieto mayor de Franco, Francis Franco, cuando fue procesado por atropellar a dos guardias civiles, causa de la que salió absuelto. 

Respecto al otro socio de IP Peritos Judiciales SL, Eduardo García de la Beldad Sanchís, el escrito de Podemos, al que ha tenido acceso este medio, indica que es seguidor en sus redes sociales de dirigentes de Vox, las "únicas personalidades políticas a las que sigue", como Santiago Abascal, Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio. 

"Son dignas de asombro las numerosas casualidades; empresa de peritaje constituida hace apenas un año; casualmente con vínculos profesionales
con los peritos de la acusación; casualmente con afinidades políticas hacia dicha acusación; y que un determinado día, casualmente también, ve en los medios digitales que se requiere un perito para la elaboración de un informe en el seno de este procedimiento", denuncia Podemos en su escrito. 

Según lo manifestado por Luis Navas a este diario, al leer una noticia de Público sobre las dificultades que estaba encontrando el juez Escalonilla para encontrar una empresa que pudiera encargarse del informe sobre los trabajos de Neurona, envió un mail al juzgado para ofrecerse, en nombre de su empresa, para realizar el peritaje. Podemos indica que los dos peritos en su ofrecimiento al juez manifiestan que carecen de "adscripción política", pero esto podría quedar en entredicho ante las evidencias de las que alerta la formación. 

Podemos pide al juez que rechace el ofrecimiento "voluntario" de IP Peritos Judiciales SL, ya que "analizado en conjunto lo anterior, no parece haber duda de que es en la acusación del partido político Vox en quien convergen todas estas burdas 'casualidades', por lo que no es descartable que Vox haya podido impulsar, estimular, coordinar, y/o realizar gestiones para presentar e introducir en el procedimiento a éstos peritos 'voluntarios', con evidentes nexos tanto con la propia acusación como con los peritos propuestos por el mismo partido político, para de esa manera condicionar e influir en el resultado de la pericia, y con ello, en el resultado del procedimiento". 

Una controvertida prueba

La ejecución del informe pericial que ordenó el juez Escalonilla y que será determinante en la causa debe correr a cargo de un diseñador gráfico y de un técnico de realización y edición de vídeos, "o una mercantil cuya actividad social comprenda la edición de vídeos, y que haya participado en campañas electorales, teniendo que valorar igualmente el trabajo estratégico de segmentación llevado a efecto por los trabajadores de Neurona Consulting". La segunda parte de la pericial dice el juez que versará sobre el valor del coste de cobertura de los siete actos electorales analizados.

Hay que recordar que la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, que engloba a 42 colegios profesionales de la región, comunicó al juez que "no hay especialidad y/o subespecialidad dentro de los colegios profesionales que integran esta asociación con conocimientos para emitir el dictamen pericial solicitado". 

La Fiscalía cuestionó dicha prueba ordenada por el juez, a la que augura un resultado poco exitoso, toda vez que descarta la simulación de contrato entre Podemos y la consultora Neurona. "Es posible que no pueda determinarse con facilidad el coste", según la fiscal.