"Se tienen que aprobar los Presupuestos antes de que acabe el año, me comprometo a ello, a aprobarlos en tiempo y forma, serán unos Presupuestos centrados en la recuperación económica", afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista el pasado mes de julio. A primeros de septiembre, en una reunión mantenida con su grupo parlamentario, el jefe del Ejecutivo llego a aventurar que se recuperaría "la normalidad" en el calendario de tramitación de los Presupuestos, una práctica que lleva sin hacerse desde 2016.

Y esa es la consigna que tanto diputados socialistas como ministros del mismo partido han repetido hasta la saciedad, incluso en los últimos días. Pero, ¿qué significa aprobar los Presupuestos en tiempo y forma? ¿Pueden entrar en vigor unas cuentas públicas el 1 de enero aunque no se hayan tramitado según los plazos establecidos en la Constitución?

La Carta Magna recoge en su artículo 134.3 que el proyecto de PGE debe presentarse al Congreso de los Diputados "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", esto es, antes de finalizar septiembre. Por lo tanto, este precepto constitucional tampoco se cumplirá este año, como en los anteriores: la última vez que los Presupuestos fueron tramitados en las Cortes en los tiempos establecidos por la Constitución fue en 2016.

La inestable situación política y las reiteradas convocatorias electorales que marcaron el último lustro han dificultado la aprobación de las cuentas en tiempo y forma. En este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó el proyecto de ley de Presupuestos de 2017 en abril de ese mismo año. Dos meses después, las cuentas de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibieron el visto bueno del Senado tras el rechazo de los vetos y de las miles de enmiendas parciales registradas en la Cámara Alta.

Los Presupuestos de 2018 también entraron tarde en el Congreso, ya que se presentaron en abril de ese mismo año, aunque finalmente salieron adelante con el apoyo de última hora del PNV tras alcanzar un acuerdo para la subida de las pensiones. Eso sí, tuvieron una peculiaridad: se aprobaron en junio de 2018, con Pedro Sánchez ya en la Moncloa después de superar la moción de censura contra Rajoy.

Sin saberlo por aquel entonces, esos Presupuestos se convertirían en los más longevos de la historia de la democracia. Y es que, precisamente fue la incapacidad de sacar adelante las cuentas de 2019 las que motivaron la convocatoria electoral de noviembre de ese año. El proyecto presupuestario de 2018 también se prorrogó en 2020 después de que Pedro Sánchez fuera investido por segunda vez en enero del año pasado. La irrupción de la pandemia retrasó el registro de los Presupuestos de 2021. Si bien, después de un calendario exprés, las cuentas salieron adelante en el Senado en diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero del presente curso.

Pueden entrar en vigor el 1 de enero

De cara a la aprobación del proyecto presupuestario del próximo año, el Gobierno dio un paso importante a finales del pasado mes de julio, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al denominado techo de gasto, que fija una nueva cifra "histórica": 196.142 millones con una previsión de déficit público del 5% del PIB para 2022. En este sentido, todo apuntaba a que esta vez, por primera vez en seis años, las cuentas serían avaladas "en tiempo y forma".

Sin embargo, pese al optimismo exhibido desde las filas socialistas, la falta de acuerdo entre los partidos que sostienen el Gobierno de coalición (no se han producido avances ni en la fijación del tipo mínimo del impuesto de sociedades ni en la ley de vivienda, como pide Unidas Podemos) ha impedido que el proyecto presupuestario fuera aprobado este martes por el Consejo de Ministros y, por ende, que hubiera entrado en el Congreso esta semana, como plazo máximo que marca la Constitución.

Ahora bien, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, que no se tramiten los Presupuestos en virtud del calendario fijado en la Carta Magna no quiere decir que no puedan aprobarse antes de final de año para que entren en vigor el 1 de enero de 2022. En ese caso, como ocurrió el pasado año (y si finalmente hay acuerdo en el seno del Gobierno en esta materia), se podría optar por una tramitación más rápida, reduciendo los plazos, ya que este proyecto de ley goza de prioridad ante el resto de iniciativas.