No es casualidad que en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones estivales el Gobierno haya aprobado el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones. Hay dos motivos. Por un lado, el Ejecutivo sabe que no tiene garantizada la mayoría en el Congreso para su aprobación y necesita el trámite parlamentario para buscarla. Por otro lado, es un compromiso del Gobierno con la Unión Europea que esta reforma estará en vigor a principios de 2022 y su cumplimiento está vinculado a la llegada de los fondos europeos.

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, no ocultó que una de las intenciones del Gobierno es buscar en la tramitación en el Congreso del proyecto de ley el apoyo suficiente para que salga adelante, y hasta abrió la puerta a que pueda mejorarse el texto consensuado entre el Ministerio de Inclusión Social y los agentes sociales.

Pero, eso sí, Rodríguez remarcó en dos ocasiones que la reforma debe ser aprobada antes de final de año para que entre en vigor el mismo 1 de enero de 2022. Las prisas obedecen a que es un compromiso de España con la Unión Europea afrontar esta reforma del sistema de pensiones y condiciona a las futuras partidas de los fondos europeos.

Sin embargo, el Gobierno no tiene fácil que salga adelante. ERC ya adelantó en julio que tal y como está el proyecto de ley su voto a ser negativo, y tanto el PNV como EH-Bildu ya advirtieron en comisión que no les gusta el proyecto, aunque no anticiparon la intención de su voto final. Sin los habituales socios parlamentarios del Gobierno la reforma no saldrá adelante, ya que contará además con los votos en contra de PP y Vox.

Por ello, todo indica que habrá modificaciones en el proyecto durante su tramitación parlamentaria, lo que no deja de poner en un aprieto al Gobierno, ya que el texto aprobado es el pactado y cerrado con sindicatos y empresarios, y ya estuvo muy complicado llegar al acuerdo para que ninguna de las partes se descolgara.

El fin de la reforma del PP

El proyecto de ley supone, de hecho, la derogación de aspectos claves de la reforma de pensiones aprobada por el PP al recuperar el índice de revalorización de las pensiones con respecto al IPC o la derogación del factor de sostenibilidad. Y, además, recupera el consenso en esta materia con los agentes sociales que había quebrado el Gobierno de Mariano Rajoy.

También introduce nuevos incentivos para retrasar la edad de jubilación y endurece la jubilación anticipada, para intentar que la edad real de jubilación se acerque cada vez más a la edad legal de 67 años.

No obstante, este proyecto de ley sólo contempla una parte de la reforma global de las pensiones, ya que queda pendiente regular un sistema que sustituya al factor de sostenibilidad, y que se ha dado en llamar mecanismo de equidad generacional, pero que todavía falta por concretar. Y, además, se quiere revisar la fórmula de los años a contabilizar para calcular el importe de la pensión, donde hay posiciones muy distanciadas entre Gobierno y sindicatos.

Esta segunda parte de la reforma deberá ser aprobada antes del final de 2022 y estos temas se apartaron inicialmente por ser los que mayores discrepancias provocaron entre los agentes sociales.