Vivían apartados de la civilización. Entre peñascos y breñas, alejados de todo núcleo urbano. Eran rojos o, al menos, habían sido condenados a muerte por el régimen por 'adhesión a la rebelión' aunque posteriormente esta pena sería conmutada por 30 años de cárcel por 'auxilio a la rebelión' y cuando no cabía ni un preso más en las cárceles franquistas, se les ofrecía la posibilidad de redimir sus penas por trabajos forzados. Son los presos políticos del fascismo que con su mano de obra casi esclava levantaron las grandes obras públicas de las que el franquismo sacaba pecho. A mediados de los años cuarenta, había en España 121 destacamentos donde trabajaban alrededor de 16.000 presos.

El destacamento penal de Bustarviejo, una pequeña localidad del norte de Madrid, es un vestigio vivo de aquel trabajo de los presos republicanos, de un pasado de un país con problemas de memoria. Al final de un sendero de apenas un kilómetro y medio que sale de la localidad y conduce al viandante a una dehesa, se sitúa en la más absoluta soledad una estancia de piedra conocida en el lugar como Los Barracones, una estructura de planta rectangular con un patio central donde se alojaban los presos cuando no estaban trabajando. En las colinas que rodean la dehesa se situaban las cabañas y las chozas donde se alojaban las familias de los presos.

Por estas dependencias pasaron entre 1944 y 1952 una media anual de 100 presos que participaron en la obra de la línea férrea entre Madrid y Burgos construyendo dos túneles (de 395 y 248 metros), un viaducto (de 26 metros de altura, con 11 arcos de 12 metros de luz) y una estación de tren ubicada en las afueras del pueblo, a cargo de la empresa contratista Hermanos Nicolás Gómez. En total, para la construcción de esta línea férrea el régimen instaló nueve destacamentos penales en el tramo comprendido entre las localidades madrileñas de Chamartín y Garganta de los Montes.

Antonio Sin, que hoy tiene 74 años, fue uno de los niños que habitó durante 'siete u ocho años' una de las cabañas para las familias de los presos. Su padre había sido enviado a Barcelona durante la Guerra Civil para cumplir con el servicio militar de la República. Una vez acabada la guerra fue condenado a muerte porque 'el cacique del pueblo decía que era comunista'. Poco después, su pena fue revisada y conmutada a 30 años de cárcel, que cumplió con ocho años de trabajos forzosos y seis años de reclusión en la cárcel de Barbastro.

'Mi padre no era político ni era nada, pero le tocó hacer el Servicio Militar y el cacique local lo acusó de ser comunista. Después sería condenado a muerte y después nos vinimos a vivir a Bustarviejo porque por cada día trabajado le quitaban tres de condena', recuerda para Público Antonio Sin, que no pudo conocer a su padre hasta que cumplió los cinco años. Después comenzaría a viajar hasta Bustarviejo en verano y en navidades para, finalmente, establecerse allí hasta que su padre redimió la totalidad de los 30 años.

'Mis padres nunca me hablaron de Bustarviejo ni del por qué estábamos aquí. Todo lo que sé lo he sacado yo de mi cosecha y de mis recuerdos, que están vivos. Creo que lo tenía como una especie de carga que había caído sobre él y que pretendía apartar de nosotros por todos los medios. Ni le preguntábamos, ni nos daba explicaciones', recuerda Sin.

Viaducto construido por los presos republicanos.

Tampoco Fernando Martínez y Juanita Ballesteros, un matrimonio que vivió en Bustarviejo para cumplir la condena de Martínez por escribir cartas al extranjero desmontando 'las mentiras del régimen tras la II Guerra Mundial', contaban a su familia nada sobre su pasado. Santiago Martín, su sobrino, recibió la noticia de boca de su tía Juanita una vez Fernando Martínez ya había fallecido. 'Siempre los invitaba a acudir a Bustarviejo, donde resido, pero nunca querían venir. Me parecía raro pero desconocía la causa', asegura Martín, cuyo tío fue condenado a trabajar en el campo como médico de presos y guardianes.

'Mi tía me contaba que los dos tenían muy mal recuerdo del pueblo. Es una zona con un clima muy duro donde hacía mucho frío en invierno. Mi tía visitaba a mi tío los fines de semana e intentaba traer algunas medicinas. Los dos pasaban el fin de semana recorriendo las casas del pueblo para atender a los enfermos', recuerda hoy Santiago.

Con la victoria del ejército franquista en 1939 la Dirección General asumió las responsabilidades en la gestión del sistema penitenciario y acuñó nuevas formas de explotación de la mano de obra reclusa en las que las empresas privadas pasaron a ser las beneficiarias. La fundamentación teórica del nuevo régimen penitenciaro se basó en los conceptos católicos de pecado, expiación de la culpa y perdón sustituyendo a los conceptos de derecho de delito, pena y amnistía. La fundamentación material fue el trabajo forzoso a cambio de reducción de condena como una especie de gracia condedida al preso para su rescate físico y moral a través de la reconstrucción de un país arrasado por una contienda bélica.

'El preso, en este caso, no era otro que el enemigo político en la contienda y el sistema de Redención de Penas por el Trabajo una fórmula creada para responder al problema de la cuantiosa población reclusa de posguerra, cuya manutención a cargo de la Hacienda Pública preocupada al nuevo Jefe del Estado', escriben en su investigación sobre la represión franquista después de la Guerra Civil a través de los campos forzados de trabajo desde un punto de vista arqueológico un grupo de jóvenes investigadores de la Universidad Complutense de Madrid.

Este sistema de represión, explica a Público Álvaro Falquina, miembro del equipo de investigadores, pretendía incidir sobre la ideología y la conducta de los vencidos y debe entenderse como un proyecto de 'ingeniería social'. 'A través de la redención el prisionero salía del status de rojo antiespañol y se acercaba a la salida del espacio físico de la cárcel recobrando el espíritu nacional perdido', señala Falquina, que considera la propia arquitectura del espacio del penal de Bustarviejo y 'la ubicación de los familiares' tiene la función de eliminar la 'identidad política republicana' y 'crear una nueva conciencia de sujetos validos para el régimen franquista'.

'Un ejemplo son las casas de los familiares. Las instalan en las colinas para que siempre sea visible desde el penal. Las familias constituían las alambradas de espinos para que no se escaparan los presos. Si los familiares están presentes y los presos tienen conciencia de su presencia no se escaparán y aceptarán las condiciones que les impongan', explica Falquina, que considera este fenómeno como una instrusión del Estado en la vida privada de las familias. 'Esta es una muestra del carácter fascista del régimen', sentencia.

El destacamento penal ha sido reconvertido actualmente en un museo de la memoria. En 2009, a través de una enmienda que presentó Gaspar Llamazares a los Presupuestos Generales del Estado se destinaron 150.000 euros para la restauración del destacamento y de los edificios principales. 'Utilizamos las fotografías antiguas para su rehabilitación y hermanamos la ciudad con otro ayuntamiento francés donde se sitúa el campo de concentración de republicanos de Septfonds, donde estuvieron cerca de 17.000 presos republicanos', narra a Público José Manuel Fernández (IU), ex alcalde de la ciudad.