Varias fechas sobre la mesa, algunas certezas y muchas incógnitas. El futuro político de Catalunya está, en este punto, muy vinculado a la ley de amnistía. Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) han dicho, los dos, que tratarán de sacar adelante sus respectivas investiduras. Parece más plausible que lo logre Illa —Pedro Sánchez ya ha dicho que no hará presidente a Puigdemont—, pero, en caso de que el líder posconvergente quiera intentarlo, es necesario que esté presente en el Parlament en esa eventual sesión de investidura.

Ahí, evidentemente, entra en juego la ley de amnistía. Las fechas en cuanto a la formación de un Govern están claras. El 10 de junio es el límite para elegir al presidente del Parlament y a los miembros de la Mesa. Un día antes, el 9 de junio, son las elecciones europeas. Por tanto, la campaña electoral se verá contaminada por las negociaciones de investidura y viceversa. Algo más de una semana antes, previsiblemente, se habrá aprobado la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados y se habrá publicado en el Boletín Oficial del Estado.

En Catalunya, es la Mesa del Parlament, dirigida por su presidente, la que tiene la tarea de proponer a un candidato de investidura, previa consulta con las distintas fuerzas de la Cámara. Es la misma función que cumple el rey Felipe VI en España. Ese proceso puede durar, como máximo 10 días hábiles. Por lo tanto, el día 25 de junio se tendrá que poner a un candidato para la investidura sobre la mesa.

En ese punto, el candidato necesitará una mayoría absoluta para ser investido y, si no la consigue, una mayoría simple en segunda votación, que se realiza 48 horas después de la primera. Si tampoco se alcanza la investidura, se activa un reloj de dos meses para que otro candidato lo intente. Si a finales del mes de agosto no hay president de la Generalitat, habrá repetición electoral.

En cualquier caso, si fuera Puigdemont el candidato, tendría que estar presente en el Parlament para optar a ser investido y, por tanto, la amnistía se le tendría que haber aplicado. Es en este campo hay unas pocas certezas y, por el momento, muchas incógnitas.

La amnistía se aprueba en el Congreso, ¿y después?

El recorrido parlamentario de la amnistía está tocando a su fin. El entorno de la presidencia del Congreso informa de que, una vez ha recibido el veto del Senado, se seguirá la vía ordinaria para que reciba la aprobación final en el Congreso. Lo más seguro es que la Junta de Portavoces del martes día 21 de mayo la calendarice y sea en el Pleno del día 30 cuando los diputados la voten. Después, se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Y esas son todas las certezas. El resto, incógnitas. "Terreno inexplorado", tal y como lo define uno de los juristas consultados. Lo primero que ocurrirá cuando la ley haya aparecido en el BOE, según varias fuentes jurídicas, es que los distintos encausados o juzgados en procedimientos judiciales enmarcados en el procés podrán solicitar que se les aplique la amnistía. Será el caso del propio Puigdemont y también de Oriol Junqueras. Las mismas fuentes apuntan que los distintos tribunales podrían aplicar la ley de oficio, pero no es lo habitual. Ya en ese primer paso podría aparecer un contratiempo. 

Potencialmente, la amnistía beneficiará a unas 300 personas. No es descartable que algún juez encuentre que el caso que está conociendo no encaja en la ley y decida no aplicarla. Por eso fue tan importante incluir o no los delitos de terrorismo en el texto legislativo durante la kilométrica negociación que protagonizaron PSOE y Junts.

El objetivo siempre fue construir una ley que mantuviera en equilibrio perfecto una estructura sólida para que pasara los filtros nacionales e internacionales —la Comisión de Venecia y, muy en especial, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es vinculante— y blindara, por otra parte, su aplicación ante lo que tanto ERC, como Junts per Catalunya llaman "guerra judicial" contra el procés.

No hay que olvidar que en uno de los dos procedimientos que tiene abiertos Carles Puigdemont, el del Tsunami Democràtic, el Tribunal Supremo acordó encausar al expresidente catalán por delitos de terrorismo tras los indicios que expuso el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Por tanto, el primer gran peligro que corre es ese: que no se le aplique la amnistía porque se considere que no encaja en lo que cobija la ley. También entran en juego, tanto en el caso de Puigdemont como en el de Junqueras, los delitos de malversación que se les imputan. La ley de olvido penal especifica que se excluyen de la misma solo los que estén relacionados con el procés. Habrá que ver cuál es la actuación del Tribunal Supremo y si considera que caben en la amnistía. Si dice que no, los interesados en que se aplique —en este escenario hipotético, Puigdemont o Junqueras y sus abogados— agotarían el procedimiento ordinario para reclamar la aplicación de la ley y, en última instancia, pondrían plantear un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

Pero ese es un escenario que las fuentes consultadas consideran posible, pero improbable.

¿Qué posibilidades se abren en caso de que los jueces que instruyen la causa de Puigdemont sí consideren que la amnistía encaja en su caso? El propio texto dice que los jueces tienen dos meses para estudiar y aplicar la amnistía. La perspectiva más optimista es que se hiciera muy rápido y Carles Puigdemont pudiera volver al Estado español enseguida. Este es uno de los escenarios que permitirían a Puigdemont presentarse a la investidura.

Sin embargo, los jueces que estén conociendo los distintos casos tienen herramientas para actuar si consideran que la ley de amnistía contraviene o bien el derecho de la Unión Europea, o bien la Constitución Española. Por tanto, una vez los abogados de Puigdemont soliciten que se le aplique la amnistía, los jueces pueden elevar cuestiones prejudiciales al TJUE y/o cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. 

"Y aquí viene la madre del cordero", desliza una de las fuentes consultadas. La ley de amnistía incluye, en su artículo 4, que "se acordará el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares". Actualmente, como es sabido y ha podido comprobar Público, existe debate entre los expertos acerca de qué ocurrirá con esas medidas cautelares en caso de que se eleve, por ejemplo, la cuestión prejudicial al TJUE, que tendría carácter suspensivo.

Si, como dice la ley de amnistía, se elevan esas medidas cautelares de todas formas, Puigdemont podría volver a España mientras cualquiera de los dos tribunales evalúan las cuestiones que se les hayan planteado. Si los jueces no las levantaran, podría ser detenido, según las fuentes consultadas. Aunque ese no levantamiento de las cautelares es una decisión de los jueces que se podría recurrir.

De todas formas, más allá del marco temporal de la posible vuelta de Puigdemont, si se interponen esas cuestiones al TJUE y/o al TC —levantadas o no las cautelares— el líder de Junts tendría que esperar hasta sus resoluciones positivas para poder decir que oficialmente se le ha aplicado la ley de olvido penal y, por tanto, que está libre de delitos.

¿Y Junqueras?

Menos dudas ofrece el caso del todavía presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Sobre él pesa una pena de inhabilitación, que decaería si se le aplica la amnistía. En el caso de que se eleve una cuestión prejudicial al TJUE, la aplicación de la ley se suspendería y Junqueras seguiría inhabilitado hasta la resolución. Existiría la posibilidad, con todo, de solicitar medidas cautelares a dicho tribunal europeo para que no se suspenda la aplicación de la ley durante su deliberación.

Para Junqueras, los tiempos podrían cobrar especial relevancia si el enredo en Catalunya tras las elecciones del 12 de mayo concluyera con una repetición electoral. El republicano ha anunciado que se alejará unos meses de la presidencia del partido para presentarse, en noviembre, a la reelección. De todas formas, una eventual repetición electoral podría alterar los tiempos de ese proceso de reconstrucción de ERC. Sobre todo, si la amnistía tiene pleno efecto sobre Junqueras y la formación puede plantearse convertirlo en candidato.