El BNG insta al Senado a exigir el cese de Baltar tras su condena por un delito contra la seguridad vial

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha presentado una iniciativa en la Cámara Alta que reclama a su Comisión de Comunidades Autónomas que exija la dimisión del senador popular Manuel Baltar, condenado por el Tribunal Supremo por un delito contra la seguridad vial por conducir su coche oficial a más de 204 kilómetros por hora.

Según informa el Bloque en un comunicado, Silva considera que "esa conducta delictiva es de enorme gravedad e indica una total irresponsabilidad al poner en riesgo la seguridad vial de otras personas, además de ser absolutamente censurable en un cargo público".

Baltar fue nombrado senador por designación autonómica en 2023 tras pactar con Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo su renuncia a las presidencias de la Deputación de Ourense y del PP en esa provincia. Eso le permitió adquirir la condición de aforado y retrasar su juicio por lo penal tras ser detectado por un radar de Tráfico a 215 km/h.

El pasado lunes, la sala de lo penal del Tribunal Supremo le condenó a 1.800 euros de multa y un año de retirada de carné al considerar probado que, contando con el margen legal de error del cinemómetro, circulaba a al menos 204 km/h en una vía con la velocidad limitada a 120 km/h.

"Conducta irresponsable y delictiva"

En su iniciativa, la senadora nacionalista reclama que la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado se pronuncie sobre el caso, condene la actuación de Baltar y exija la entrega de su acta "por su conducta irresponsable, delictiva y falta de la ejemplaridad que debe presidir el desempeño de un cargo público ante un tema de gran sensibilidad social."

Silva también acusa a la dirección del PP de Galicia y de la ejecutiva estatal del partido de haber "aplicado una política de ocultación" sobre el caso y de "ponerse de perfil" ante la sentencia del Tribunal Supremo.

Ni Alberto Núñez Feijóo ni Alfonso Rueda han reclamado a Baltar que abandone el Senado, y el partido ha eludido informar sobre si le ha abierto expediente sancionador, tal y como establecen sus estatutos cuando un cargo orgánico o de representación resulta condenado en sentencia firme por un delito.