La ley de regadíos presentada por la vía de urgencia por el PP junto con Vox y Ciudadanos, que han rechazado con total contundencia la Comisión Europea y el Gobierno de España, está abocada, de aprobarse, a acabar en los tribunales. La tramitación –a la que no se opuso, sin embargo, el PSOE andaluz– en el Parlamento no contará con la voz de Ecologistas en Acción ni de la Estación Biológica de Doñana, entidades sociales esenciales cuando se trata de debatir sobre ese Espacio Natural, ni de la Unesco. Tampoco de la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Fundación Savia.

Todas las leyes, antes de aprobarse, llevan una comparecencia de agentes sociales. Representantes de diversas entidades y organizaciones afectadas por la norma en cuestión acuden a la Cámara y dan su opinión a los diputados, que las pueden atender y transformar luego en enmiendas o no hacerlo. El criterio de selección no está regulado por el reglamento. En las comisiones, según fuentes parlamentarias, se funciona en este aspecto por criterios casi consuetudinarios y, en este caso, a pesar del intento de la izquierda de que se aceptasen propuestas de un solo grupo, la mayoría decidió finalmente que, como en otras ocasiones, se aprobarían las que hubieran planteado al menos dos grupos. Al venir estas propuestas solo de Unidas Podemos, se quedaron fuera.

También se quedó fuera la organización agraria COAG, porque solo la propuso el PSOE. Sin embargo, sí acudirán la patronal agraria Asaja y la Unión de Pequeños Agricultores.

Para WWF, esto "demuestra que el proceso de participación para la elaboración de esta ley está viciado desde el principio: no busca conocer la realidad del acuífero y las afecciones que esta norma puede tener sobre el mismo y Doñana, sino sólo escuchar una mayoría de voces favorables a la modificación sin importar sus consecuencias para la agricultura legal y los recursos naturales".

La lista de comparecientes, a pesar de esas notables ausencias, sí recoge a la ONG conservacionista WWF, a los sindicatos mayoritarios –CCOO y UGT– y también a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y al Consejo de Participación de Doñana, por lo que habrá algunas voces críticas con el proyecto de ley.

El resto de comparecientes obedecen, en su mayoría, a la estrategia de PP, Ciudadanos y Vox: por un lado, legitimar la propuesta con la presencia de grupos de regantes  y de las patronales y por otro, ahondar en la división que afecta al PSOE. Así, en esa lógica se interpreta la invitación a acudir al parlamento andaluz a la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, quien se ha opuesto con toda contundencia a la norma, en la misma línea que Bruselas y al contrario que el PSOE andaluz, que entiende que existe un problema que hay que atender. Ribera no tiene por qué acudir si no quiere al Parlamento, según las fuentes consultadas.

"A tenor de las propuestas aprobadas, se va a escuchar únicamente de forma casi reiterativa y repetitiva a las entidades que apoyan la proposición de Ley para amnistiar los regadíos ilegales puestos en marcha entre 2004 y 2014", afirma WWF.

Recalificaciones

La ley implica la posibilidad de recalificar miles de hectáreas en el entorno del Espacio Natural de Doñana y ha causado tremenda preocupación en la Comisión Europea –y más en una etapa de sequía– que ha amenazado con pedir al Tribunal de Justicia de la Unión multas para España si la ley termina por aprobarse y desplegar sus efectos. España fue condenada en el verano de 2021 por no cuidar los acuíferos de la zona y la Comisión vigila ahora que se cumpla con esa sentencia.

En el año 2014, se cerró el plan de regadíos en Doñana, que es lo que hoy pretenden modificar las derechas. Ese plan pacificó sobremanera la zona, pero dejó fuera a un grupo de propietarios, que se quedaron fuera de aquel acuerdo y, durante años, jaleados por el PP, presionaron a los gobiernos del PSOE.

Una hectárea de secano forestal en la zona puede venderse por unos 20.000 euros, mientras que una regable puede valer, de media, tres veces más, hasta 60.000, según WWF, lo que implica que el cambio de uso de suelos triplica de un plumazo el valor de una finca. Los freseros de Huelva son un poder fáctico en la provincia, que mueve más de mil millones de euros cada año.

Promesa incumplida

Para Juanjo Carmona, coordinador de WWF España: "Ha quedado demostrado que el proceso elegido por el PP, Ciudadanos y Vox vulnera los principios de participación pública que Europa exige para la elaboración de estos planes. Entidades como la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Estación Biológica de Doñana y Ecologistas en Acción han quedado excluidas del debate en el Parlamento, lo que es totalmente inaceptable".

"Si la modificación se hubiera tramitado conforme al procedimiento previsto en las leyes hubiera tenido informes técnicos de la Junta, informes técnicos de otros organismos como la Confederación Hidrográfica, procesos de participación pública abierta a todos los ciudadanos y entidades, y un debate abierto en el Consejo de Participación de Doñana que está obligado a informar sobre esta cuestión. Nada de esto va a ocurrir y todo ha sido sustituido por unas comparecencias sesgadas en apoyo de la Proposición de Ley, lo que desde WWF consideramos inadmisible y que tendrá que ser evaluado por los jueces en el caso de que la misma llegue a ser aprobada", añade el de WWF.

WWF echa de menos también "a un amplio panel de científicos y expertos que puedan aportar la mejor información disponible sobre las implicaciones de ley, para poder facilitar y orientar las futuras decisiones de los diputados".

"Tampoco –prosigue Carmona– aparece ningún experto o técnico que pueda concretar a cuantas hectáreas va a afectar esa propuesta, cuántos recursos hídricos serían necesarios o cómo afecta esta medida a los planes de recuperar el acuífero o los corredores ecológicos de Doñana". WWF remitió una propuesta a todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía dónde les pedía que llamaran a comparecer a expertos y científicos como el Director de la Estación Biológica de Doñana –Eloy Revilla-, los catedráticos y expertos en aguas y el acuífero Leandro del Moral y Emilio Custodio, científicos de la Estación como Carmen Díaz Paniagua.

"Con las propuestas realizadas por los grupos –remacha WWF– se incumple de forma indubitada la promesa realizada por el presidente Moreno Bonilla, que en sus declaraciones había garantizado una amplia participación social y un proceso de profundo debate".