Los únicos votos del PP sirvieron para convalidar este miércoles una subida de sueldo del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien cobrará un 18% más, hasta los 87.333 euros brutos al año, distribuidos en doce pagas, según el cálculo recogido por Europa Press.

Moreno Bonilla pasa ahora a cobrar una cantidad cercana a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que era en 2023 de 90.010 euros. Andalucía es la Comunidad con menor PIB per cápita de todas.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz (PP), señaló, en defensa de la subida, que el presidente andaluz era el "segundo presidente autonómico peor remunerado", solo por encima del de Cantabria y dijo que las subidas son en unas cantidades "razonables", según recoge Europa Press.

La oposición criticó con dureza el fondo y la forma (Por Andalucía habló de "inconstitucionalidad") elegidos para esta subida, mediante una reforma exprés de la ley de incompatibilidades de los altos cargos de Andalucía.

El 27 de diciembre pasado se publicó un decreto-ley que se ha convalidado este miércoles en la diputación permanente del Parlamento con el voto en contra de Por Andalucía, Adelante y Vox y la abstención del PSOE.

La reforma fija los salarios de los altos cargos de la Junta, entre ellos el de Moreno, y toma como referencia para ello lo que cobran los portavoces de los grupos parlamentarios.

Así, el presidente se embolsará "excluidos los trienios o complementos de antigüedad, será equivalente a la establecida para retribuciones e indemnizaciones por la Mesa del Parlamento de Andalucía, en cómputo anual y por todos los conceptos, salvo locomoción, para los portavoces de grupos parlamentarios, minorada en un 5%".

Documentos que no están

El PSOE se abstuvo porque, aunque no rechaza de plano que se actualicen las retribuciones de los altos cargos, el Gobierno optó "por una forma casi clandestina: un decreto ley navideño, sin ninguna razón para su urgencia".

El diputado socialista José Aguilar criticó que se "hurtara" al Parlamento "de un debate en pleno, con más publicidad y enriquecedor sobre las retribuciones de los altos cargos de la Junta". También se preguntó por qué este asunto no se incluyó en el debate de los Presupuestos de la comunidad de 2024.

Por Andalucía destacó que la tramitación podría ser inconstitucional porque el decreto-ley, una fórmula que se prevé para situaciones donde es preciso legislar con rapidez, no se puede aplicar a una subida de sueldos y también porque falta documentación, que es preceptiva pedir para las disposiciones de carácter general, interpreta la coalición: un informe del gabinete jurídico de la Junta.

Para la portavoz, Inma Nieto (IU), que no rechazó que los cargos públicos tengan salarios "adecuados", no existe urgencia alguna para subirse el sueldo. Además, sospecha que el Gobierno ha podido ocultar el informe de los letrados, que no consta en el expediente. "Se ha traído [esta subida] con trampa y con engaño", dijo Nieto, según recoge Europa Press.

En el expediente que acompaña al decreto solo consta una breve memoria justificativa de dos folios en la que se afirma que el "sistema retributivo" del Gobierno carece de una regulación sistemática y que agruparlo todo "en una sola" ley permite garantizar "la fiscalización y el control" y aumenta la "seguridad jurídica". Hasta ahora, el sueldo de los presidentes de la Junta, incluido el de Moreno Bonilla, se fijaba, como el de otros presidentes, en la Ley de Presupuestos de cada año.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, manifestó que la política "no es un trabajo normal y que no se puede comparar con una carrera profesional o lo que se cobra en una empresa, sino con la gente a la que se representa".

García añadió: "Las condiciones de vida de los andaluces son muy diferentes a las que tenemos aquí los diputados". En 2021, el salario medio anual en Andalucía fue de 17.468 euros, por debajo de los 21.519 euros en el Estado, según un informe de CCOO.

El consejero Antonio Sanz afirmó que este tema, a su juicio, debe tratarse "de manera rigurosa y fuera de demagogia" y recurrió a argumentos incluidos en la memoria para justificar su aprobación: "El sistema retributivo exige una regulación integral y no dispersa, en una sola disposición con rango legal, que permita una normativa más estable", recoge Europa Press.

Para Sanz, esto "no es una cuestión partidista, sino de altura institucional y representación institucional de una comunidad como Andalucía". Se trata de que, gobierne quien gobierne, argumentó, haya una aproximación "sensata" y un cierto equilibrio entre la función ejecutiva y legislativa.