La pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, acudirá este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para comparecer como investigado por fraude fiscal. La jueza del caso ha citado también al resto de investigados, ya que el 20 de mayo se suspendieron las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los imputados.

La Fiscalía de Madrid atribuye a la pareja de Isabel Díaz Ayuso dos delitos de fraude tributario y uno de falsedad en documentación mercantil. En concreto, González Amador habría falsificado 15 facturas en gastos ficticios para evitar ingresar a Hacienda hasta 155.000 euros en el Impuesto de Sociedades del año 2020 y casi 196.000 euros en el de 2021.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza afirma que estas "conductas defraudatorias" están tipificadas con "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".

Este lunes también estaba previsto que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez y el fiscal que investiga a González Amador, Julián Salto, declararan ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos sobre la pareja de Ayuso. Sin embargo, el magistrado encargado de esta causa, Francisco Javier Goyena, ha aplazado las citaciones por problemas de salud, aunque se espera reprogramarlas esta misma semana.

Informe de la Agencia Tributaria

La Fiscalía abrió diligencias contra González Amador a partir de un informe de la Agencia Tributaria que recibió el pasado 22 de enero. El documento identificaba 15 facturas falsas por gastos que nunca se llevaron a cabo por un valor total de 1,7 millones de euros, y que ahorraron a la pareja de Ayuso más de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades.

El fraude se habría llevado a cabo mediante empresas pantalla. En concreto, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. El origen del fraude fiscal investigado proviene de los ingresos millonarios que obtuvo González en comisiones por hacer intermediario en la compraventa de material sanitario durante los meses más complicados de la pandemia.

Apertura de la investigación

A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que derivó en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.

Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta autonómica. La Agencia Tributaria inició actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.

En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, "se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación".