Cuando la pared de atrás de una iglesia del siglo XVIII se convirtió en un paredón franquista

En el pequeño municipio de Porreres (Mallorca) se encuentra el Oratorio de la Santa Cruz, un templo que se ordenó construir en el siglo XVIII en el mismo lugar donde, hasta la fecha, había una cruz. La tradición oral otorgaba a la misma unas propiedades curativas que provocaron que las autoridades de la época ordenaran levantar en la zona un pequeño templo. El lugar ha sido tradicionalmente un remanso de paz, a apenas unos metros del cementerio local. Sin embargo, la tranquilidad de un lugar considerado sagrado se vio quebrada durante la Guerra Civil. La parte trasera del oratorio fue convertido en un gran paredón. Un templo católico convertido en paredón. 

El historiador Bartomeu Garí Salleras, autor de La Guerra Civil a Porreres: desfilades de dia, afusellaments de nit, explica que en aquel lugar, durante los primeros meses de 1937, fueron fusilados alrededor de 130 personas. La mayoría hombres, pero los testimonios orales también sitúan allí el escenario del fusilamiento de Aurora Picornell, la joven Belarnina González, Catalina Flaquer Pascual y sus hijas Antonia y María Pascual Flaquer. Eran los meses de enero, febrero y marzo de 1937. Las víctimas eran colocadas frente al muro, ejecutadas y transportadas a las fosas abiertas en el cementerio de Porreres, situado a apenas unos metros del Oratorio. 

Ahora, 84 años después, el Govern de Illes Balears, en colaboración con el equipo técnico de Aranzadi, ha completado la recuperación de 44 de las víctimas que allí fueron fusiladas y enterradas. La recuperación de estos cuerpos se suma a las 49 víctimas que ya fueron exhumadas en noviembre de 2016 en el mismo lugar. Así, a día de hoy, en el cementerio municipal de Porreres se han recuperado los restos de 93 personas. No obstante, todavía no están todos los fusilados y fusiladas. 

La directora de los trabajos de exhumación, Lourdes Herrasti, cuenta a Público que, de momento, entre los trabajos de 2016 y 2021 han encontrado en el cementerio un total de 13 fosas, todas ellas de idéntico tamaño y siguiendo una estructura de dos filas. Una fosa tras otra, ordenadas, con unas medidas de 1,30x2 metros. "Este dato nos permite plantear la hipótesis de que la represión en esta zona fue planificada, preparada y se lleva a cabo de una manera sistemática. Cuando las víctimas llegaban al cementerio, su fosa ya estaba preparada", explica Herrasti. 

Por otro lado, Herrasti también señala que los datos recabados en la exhumación permiten afirmar que las víctimas exhumadas son hombres cuyas edades se sitúan entre los 20 y los 50 años, aunque alguno podría superar la cincuentena. Los datos recabados por el equipo de Aranzadi permiten también descartar que entre los cuerpos se encuentren los restos de Aurora Picornell y el resto de mujeres que fueron fusiladas aquella noche de reyes de 1937.

Junto a los cuerpos de las víctimas también han aparecido objetos personales como minas de lápices, un tintero, una plumilla, tabaqueras, cajas de pastillas contra la tos de diferente procedencia, filtros de tabaco y elementos de higiene personal—cepillo de dientes, tres peines, etc. Objetos que recuerdan que allí donde hoy solo hay huesos, no hace mucho tiempo hubo una vida segada por la represión franquista.

Libres y al paredón

El historiador Bartomeu Garí Salleras explica que las víctimas de este cementerio eran presos de las sacas de las prisiones cercanas de Can Mir y el castillo de Bellver y que fueron ejecutados principamente entre los meses de enero a marzo de 1937. También señala que se trata de personas con un "nivel de compromiso político alto, que formaban parte de ayuntamientos o sindicatos". "También hemos documentado la presencia de algún profesor e incluso algún farmacéutico", explica Garí Salleras en conversación con Público. 

Bartomeu Garí apunta que, según los testimonios orales, los verdugos comunicaban a la víctima su puesta en libertad y en ese momento era trasladada hasta Porreres, donde sería fusilada en la parte de atrás del Oratorio de la Santa Cruz y enterrada en el cementerio. Era una manera más de castigar a las víctimas y a sus familiares, que ni siquiera podían certificar de manera legal la muerte de los suyos. 

Este fue el caso, por ejemplo, de Joan Losa Campomar. Su cuerpo fue identificado tras la exhumación de 2016. Estaba en la fosa nº 2. Este hombre llegó a escribir a su casa, a su mujer, en diciembre de 1936 para anunciar que el juez ya le había notificado el sobreseimiento de su expediente. "Ahora estoy bajo la jurisdicción del E.S. Gobernador y espero que una vez haya revisado el sumario, no tendrá ningún inconveniente en decretar la libertad, pues la Justicia siempre es para los inocentes", escribía Joan Losa. 

Sin embargo, estaba equivocado. Pocas semanas después sería ejecutado y enterrado. Su nieta, Maite Blázquez, cuenta que su madre apenas tenía unos meses de vida cuando ocurrió esto. "Me enteré de que tenía un abuelo desaparecido en 2009. Mi abuela nunca había contado nada en casa y mi madre tampoco es mucho de hablar del asunto. Ella apenas tenía unos meses cuando mataron a su padre", explica Blázquez.

La identificación de Joan Losa fue posible gracias al análisis de ADN. De las 49 víctimas que fueron recuperadas en la exhumación de 2016 han podido ser identificadas genéticamente catorce personas. Joan Losa es uno de ellos. Otras familias, como la de Maria Antònia Oliver y su madre de 96 años, Antonia París Llumpart, siguen esperando y peleando para poder encontrar a su familiar. 

Oliver y su madre esperaban poder encontrar a Andreu París Martorell entre los exhumados del cementerio de Porreres. En la exhumación de 2016, no fue posible. Ahora hay que esperar a los resultados de las pruebas de ADN que se hagan con los nuevos cuerpos recuperados. Oliver no pierde la esperanza. Es la presidenta de la asociación Memòria de Mallorca y explica que cada cuerpo recuperado y cada cuerpo identificado lo siente como si fuera un familiar propio, como una victoria de un largo camino en la recuperación de la memoria histórica. 

Su abuelo Andreu fue uno de los fundadores del sindicato La Justicia en la localidad de Inca, y en 1936, de la agrupación socialista en la misma localidad. Fue detenido nada más declararse el golpe de Estado. "El 12 de marzo de 1937 mi madre fue a verlo y le dijeron que lo habían soltado. Desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Mi madre y mi abuela fueron a diversos sitios oficiales a preguntar qué le había pasado y se reían de ellas", cuenta Oliver. La madre y la abuela de María Antonia no tardaron en comprender que aquellos que reían cuando ellas preguntaban eran los responsables del asesinato de Andreu París. 

A pesar del tiempo transcurrido, María Antonia Oliver y su madre mantienen la búsqueda. La mujer recuerda cuando, tras el fin de los primeros trabajos en 2016, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, telefoneó a Antonia París para trasladarle la voluntad del Gobierno regional de continuar buscando a los desaparecidos de la represión franquista. "Mi madre le contestó que, por favor, le devolvieran pronto a su padre", cuenta Oliver. 

De momento, desde el Govern balear aseguran que el compromiso con la Memoria Histórica es "firme" y que las exhumaciones continuarán en los próximos años. "Es una deuda democrática que tenemos con las familias de los desaparecidos", apunta a Público Jesús Juan Jurado, secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, que apunta que el Govern está invirtiendo entre 300.000 y 500.000 euros anuales en intervenciones en fosas comunes.

"Vamos a seguir insistiendo en este tema mientras que estemos en el Gobierno. Las víctimas del franquismo han pasado demasiado tiempo sin tener a las instituciones de su lado. Ahora tenemos la obligación de acelerar porque llegamos con mucho retraso", sentencia Jesús Juan Jurado.