Cuatro años después de su aprobación, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía va a ser reivindicada el sábado en una gran manifestación en Sevilla, convocada por las organizaciones memorialistas, que denuncian su "paralización" y "abandono" desde la llegada al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, con los votos de Vox. Autobuses fletados desde otras provincias y el apoyo de la oposición y los sindicatos a una marcha que cerrará el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con la lectura de un manifiesto ante la sede de la presidencia de la Junta auguran una gran movilización. "Estamos desbordados", asegura el vicepresidente de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, Antonio Manuel Mateos.

Las organizaciones convocantes consideran que no se han garantizado ni llevado a la práctica ninguno de los principios y derechos reconocidos en la ley andaluza, aprobada en marzo de 2017 con los votos a favor de PSOE (entonces al mando de la Junta), Podemos e IU, y la abstención de PP y Ciudadanos (quienes gobiernan desde enero de 2019). Y desde ese cambio de gobierno, las políticas de memoria histórica han sido arrinconadas, no eliminadas, pero sí apartadas, dotadas con escaso presupuesto y poco o nada impulsadas políticamente por la administración autonómica, a juicio de la Coordinadora y de la Asamblea Andaluza Memorialista.

La mejor prueba de ese abandono, según estas organizaciones, la constituye la cantidad de dinero que ha gastado últimamente la Junta en políticas de memoria histórica: si el pasado año, el grado de ejecución presupuestaria no pasó del 17% de lo que había previsto, en el ejercicio ahora en curso se ha quedado, al mes de octubre, en el 15%, la mayoría relativo al capítulo 1 de gastos de personal, mientras que a exhumaciones no ha dedicado aún ni el 5% de presupuesto que fijó para 2021. Esta parca ejecución del gasto, subraya Mateos, se suma además a los ya de por sí reducidos presupuestos aprobados cada año por el nuevo Gobierno andaluz para esta materia, muy por debajo de las previsiones establecidas en el Plan Cuatrienal que en 2018 fijó una inversión total de 90,4 millones de euros hasta 2022.

La falta de interés presupuestario en el desarrollo de medidas para la recuperación de la memoria histórica origina, según el portavoz de la Coordinadora Andaluza, que la única partida aprobada por la Junta en 2020 para exhumaciones fueran los 265.000 euros que el Gobierno autonómico tenía comprometidos por convenio desde 2017 para las excavaciones de la fosa común de Pico Reja en el cementerio de Sevilla. "Hay 49 fosas abiertas en Andalucía y sólo en la de Pico Reja está poniendo dinero la Junta", dice Antonio Manuel Mateos, quien asegura que el Gobierno central, con la inversión de 2021 y la prevista en los presupuestos generales del Estado para 2022, va a gastar más en exhumaciones en Andalucía que el ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla en toda la legislatura.

"Política de brazos caídos" de la Consejería de Cultura

A la parquedad presupuestaria se suma el desinterés político de la Junta por un tema que siempre ha alimentado las críticas de Vox, la formación que con sus votos mantiene a Ciudadanos y PP en el gobierno y que reniega de lo que defiende una ley como la de memoria histórica. En el manifiesto que han elaborado las organizaciones convocantes de la manifestación de mañana en Sevilla se señala que "la política de brazos caídos de la Consejería de Cultura", a la que compete el desarrollo de las políticas memorialistas, ha provocado que "no se haya abordado aún la salida del genocida Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena" en la capital andaluza.

Cultura ha puesto en marcha el comité técnico de expertos que su consejera, Patricia del Pozo, del PP, consideraba esencial para determinar qué símbolos franquistas debían ser retirados y en qué lugares había que intervenir, pero, según el portavoz de la Coordinadora Andaluza, ese comité no se ha reunido desde su creación en julio de 2020. "Y mientras tanto –se lamenta–, Queipo de Llano sigue en la Macarena, en el cementerio de Granada lucen placas de homenaje a Primo de Rivera, ha habido una reversión de la nomenclatura del callejero de Córdoba que ha retomado nombres de figuras muy importantes en el golpe militar que habían sido eliminados...".

El manifiesto de las dos organizaciones convocantes de la protesta apunta, además, que no ha habido ninguna aprobación ni inscripción de las 36 que hay pendientes para reconocer los lugares de memoria, como La Colonia de Víznar, en Granada, el Campo de Concentración de Santiago e Higuera de Calatrava, en Jaén, la antigua Capitanía General de la Gavidia, en Sevilla, o el Palacio de la Aduana, en Málaga. Y en cuanto a las ayudas para la divulgación y la investigación de los temas de memoria democrática, denuncian que el presupuesto de 2019 se perdió porque no se resolvió la convocatoria de ayudas en tiempo y forma, y el de 2020 se recortó a 75.000 euros tras haber previsto 260.000, lo que dejó fuera proyectos de 46 ayuntamientos, siete asociaciones y la Universidad de Cádiz. "Ha sido un absoluto desmantelamiento de las políticas de memoria en Andalucía", subraya Mateos.

La consejera Patricia del Pozo, en su respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo socialista, dijo ayer, 11 de noviembre, que el Parlamento andaluz aprobará "cuanto antes" el Plan Anual de Memoria Democrática de 2021, según recoge la agencia Europa Press. "La demora –alegó la consejera– se debe en gran medida al hecho de que el Gobierno central estaba planteando el plan cuatrienal para todo el Estado y no se ha concretado hasta finales de julio".

Los socialistas han acordado apoyar de forma decidida la manifestación de este sábado para reivindicar la ley que ellos aprobaron cuando estaban en el gobierno de la Junta y que consideran "pionera" y un "referente" en la defensa de la memoria histórica y democrática de nuestro país. "Hoy estamos en una Andalucía con un gobierno de derechas que ha renegado, maltratado y escondido la ley. Tenemos más motivos que nunca para seguir defendiendo la memoria desde todas las instituciones", dijo en el reciente Congreso regional del PSOE la portavoz adjunta de su grupo en el Parlamento autonómico, María Márquez, quien animó a participar en la movilización de las organizaciones memorialistas: "Allí estaremos las y los socialistas para reivindicarla".

Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, también han mostrado su apoyo total a la manifestación del sábado, para la que han ido calentando motores con varias reuniones con representantes de las organizaciones de memoria democrática, a las que han asistido sus respectivas secretarias generales regionales. Así, por ejemplo, la secretaria de UGT, Carmen Castilla, acusó recientemente a la Junta de Andalucía de haber reducido desde 2019 más de un 20% las partidas presupuestarias destinadas a este tema, "sin atreverse de momento a eliminar" todas las subvenciones, por lo que animó a la ciudadanía a participar en la movilización del 13 de noviembre.

Además de Baltasar Garzón, al final de la manifestación intervendrán portavoces de las organizaciones convocantes y víctimas del franquismo y la transición democrática, entre ellas Alejandro Ruiz Huerta, el único superviviente hoy de la matanza perpetrada contra los abogados laboralistas en un despacho de la calle Atocha de Madrid en enero de 1977.

"Las víctimas y sus familias, para las que exigimos respeto y sentido recuerdo, así como las organizaciones memorialistas, denunciamos la paralización y la involución que el actual gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática, lo que ha supuesto un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo", señalan en el manifiesto de la marcha.