El papel de la justicia, la gran incógnita de la nueva ley de memoria

La Ley de Memoria Democrática se encamina hacia su aprobación en el Congreso. Tras recibir el dictamen luz verde por parte de la Comisión Constitucional con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV y EH Bildu frente al no del PP, Vox y Cs, y la abstención de ERC y Junts, el texto memorialista se someterá a debate y votación en el Pleno del próximo jueves 14 de julio. Después, continuará su tramitación en el Senado para que sea finalmente aprobado en septiembre, según las previsiones que manejan desde el Gobierno.

Entre los cambios más importantes incorporados durante su tramitación parlamentaria destaca el que hace referencia a la Ley de Amnistía a propuesta de las formaciones que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, y que ha sido objeto de debate por la incógnita que deja de cara a su aplicación y objetivo último, esto es, que se abra la puerta a investigar en el Estado español los crímenes pertrechados en nombre del franquismo.

"Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables", reza el texto.

Asimismo, el proyecto legislativo, que recibió luz verde del Consejo de Ministros hace justo un año, contempla la creación de un Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, con categoría de fiscal de sala, para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y a quien se le atribuyen funciones de impulso en los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados.

Diferentes interpretaciones

No obstante, según han denunciado varios partidos y colectivos memorialistas, la incorporación de este cambio deja en el aire uno de los objetivos fundamentales que persigue la ley de memoria, el del derecho a la justicia y, por ende, poner fin a una anomalía histórica que ha obligado a las víctimas de la dictadura a buscar Justicia fuera del Estado español.

Esta duda tampoco es ajena al Gobierno, ya que las dos almas que lo sostienen el Gobierno hacen interpretaciones diferentes sobre esta cuestión. Por un lado, el PSOE, en boca del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende que la norma memorialista no deroga ni deja sin efecto la polémica Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

Desde Unidas Podemos, por medio del secretario de Estado de Agenda 2030 y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, el mensaje que traslada es que con la incorporación del precepto que hace referencia a la Ley de Amnistía de 1977 "es el que garantiza el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo que se han cometido en España". "Ahora no van a quedar más dudas de lo que señalan las leyes internacionales, también los convenios firmados por España y que según el artículo 96 de la Constitución son de obligado cumplimiento y aplicación en nuestro país", señaló el también secretario general del PCE al término de la comisión en el Congreso.

Por su parte, desde ERC o BNG han señalado en todo momento que si no se deroga la Ley de Amnistía, la puerta para investigar los crímenes franquistas seguirá cerrada. También EH Bildu mostró dudas al respecto a pesar de apoyar el texto. Incluso, aclaró que, de no ser efectivo este cambio introducido en la norma, "se propondrán más adelante todas las medidas posibles para corregir esto y obligar a los tribunales a perseguir a los responsables de los crímenes franquistas", tal como reflejó su diputada Bel Pozueta.

Las víctimas tampoco lo tienen claro

El colectivo memorialista también tiene dudas. En este sentido, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) considera que es "imprescindible la modificación o derogación de la Ley de Amnistía, no tratar de sortear su aplicación con previsiones normativas que ya están fijadas en nuestro ordenamiento jurídico", según se desprende de un comunicado.

La organización que aglutina a más de 150 asociaciones de todo el Estado aclara que el cambio propuesto por los partidos del Gobierno "no deja de ser una consecuencia directa de lo previsto en nuestra Constitución". Y es que, la Carta Magna proclama en su artículo 96.1 que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte de su ordenamiento jurídico interno; y que las normas relativas a derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados en esta materia (artículo 10.2).

Además de la Ley de Amnistía, CeAQUA recuerda que hay otro escollo que ha impedido juzgar a los verdugos del régimen franquista: el principio de legalidad. Por ello, reclama la modificación del Código Penal "al objeto de introducir el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional".