ALTSASU.- Maite y Edurne habrían preferido no tener que tomar nunca este café. Estas dos vecinas de Altsasu estuvieron este sábado detrás de una pancarta, pidiendo la libertad de sus hijos. Antes de salir a calle atiendieorn a PÚBLICO en un bar de este municipio, conmocionado por el procesamiento de nueve jóvenes –a los que se suman otros dos menores- bajo la acusación de delitos terroristas. La Audiencia Nacional los señala como responsables de la trifulca nocturna registrada durante la madrugada del pasado 15 de octubre, en la que se vieron involucrados dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio.

“Siento que mi vida se ha parado. Hoy tendría que estar trabajando, pero estoy aquí, denunciando una situación entre increíble e ilógica”, comenta Edurne mientras disuelve el azucarillo en una humeante taza de café con leche. Fuera, el termómetro se niega a superar los tres grados. Por momentos cae una llovizna fría. Parece aguanieve.

"Con Maite nos conocemos de toda la vida –apunta la mujer-. Al fin y al cabo, este es un pueblo pequeño". 7.490 habitantes, para ser más exactos. Hoy sus vidas se han cruzado por un motivo tan indeseable como inesperado: ambas mujeres forman parte del grupo de 11 familias que llevan varias noches sin pegar ojo. Los nervios están de sobra justificados: sus hijos se enfrentan a uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia de Navarra.

"Todo esto ha sido vergonzoso. Han sacado fotos y nombres de menores en la prensa, y hasta han intentado grabarnos con cámara ocultas. ¿Comprende ahora por qué la gente desconfía tanto de los periodistas?”, pregunta otro padre que se suma a la conversación. Por pedido expreso de todos ellos, PÚBLICO sólo citará sus nombres de pila en esta crónica. “Igual son paranoias nuestras, pero le pido que nos entienda. No queremos hacer nada que pueda perjudicar a nuestros hijos, que son lo que más queremos”, explica Maite. Lo que ella más quiere está ahora mismo en la cárcel de Soto del Real, acusado –al igual que los otros ocho procesados por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela- de haber cometidos delitos de terrorismo, atentado, lesiones y provocación a la discriminación. Si estas imputaciones se mantienen, las condenas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión.

"Nosotros no estamos diciendo que aquí no haya ocurrido nada. Está claro que ha habido una pelea, pero como otras tantas en cualquier parte del Estado"

“Nosotros no estamos diciendo que aquí no haya ocurrido nada. Está claro que ha habido una pelea, pero como otras tantas en cualquier parte del Estado”, señala uno de los padres que acudió al encuentro con este periódico. “Lo que reclamamos –continuó- es que se investigue en su justa medida, y que sean asumidas las responsabilidades que correspondan”.

No en vano, a día de hoy existen distintas versiones –incluso entre los informes de la Policía Foral y de la Guardia Civil- sobre lo que ocurrió aquella madrugada en el bar Koxka de Altsasu. Sin embargo, la jueza Lamela solo dio por bueno el último informe de la Benemérita, en la que se acusa a los detenidos de formar parte de un colectivo antirrepresivo –al que termina relacionando con ETA- y de haber actuado de manera coordinada para agredir a los dos agentes.

"Nos sentimos indefensos e indignados. Vemos que están tratando de hacer todo bien rápido"

Tras leer detenidamente el auto del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Edurne no duda en catalogar la situación como un “despropósito”. “Nos sentimos indefensos e indignados. Vemos que están tratando de hacer todo bien rápido, quizás porque temen encontrarse con una fuerte corriente de opinión contraria a este disparate”, valoró esta madre. Por su parte, el padre de uno de los menores imputados en esta causa tiene muy clara cuál es la comparación que más se ajusta al momento que están viviendo: “somos como una hormiga que ve venir un tanque grande, gigante”.

Paso de cebra

La llovizna sigue cayendo en un gélido Altsasu. Fuera de otro de sus bares, otras mujeres y hombres de entre 40 y 50 años preparan las pancartas que llevarán a la movilización en defensa de sus hijos. Algunos transeúntes se paran a saludarles. Les preguntan cómo se encuentran. “Jodidos”, responde uno de ellos. “Hace poco he hablado con el chaval, y está tranquilo”, comenta poco después a Público. Tiene los ojos vidriosos, pero su voz sigue firme. “Hay que pelear para que se conozca la verdad de lo que pasó aquí”, remarca.

A pocos pasos está el paso de cebra más famoso del pueblo. Alcanzó el estrellato hace pocas semanas, gracias al artículo de un periódico de tirada nacional que lo definía como algo parecido al Muro de Berlín, pero sin muro y en Altsasu. Según ese relato, ese aparentemente inocuo cruce para peatones es, en realidad, una línea imaginaria que establece hasta dónde pueden llegar los guardias civiles que habitan en este pueblo si no quieren que se los coman vivos.

"Los guardias civiles que viven en este pueblo llevan a sus hijos a la misma escuela que todos los demás"

Entre la risa y el esperpento, el grupo de padres que hoy tiene a sus hijos en prisión rechaza categóricamente esas versiones. “Los guardias civiles que viven en este pueblo llevan a sus hijos a la misma escuela que todos los demás”, relata Edurne. “Aquí siempre hemos sido capaces de vivir entre vecinos, sin problemas”, añade Maite.

"Hay una coincidencia en distintos medios en presentar a Altsasu como una población especialmente complicada, y no es así"

Esta misma semana, una persona muy poco sospechosa de cualquier complicidad con los detenidos les daba la razón: en una rueda de prensa, el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra, Javier Hernández, mostraba su discrepancia “con la manera en que se ha presentado a la población de Altsasu”. “Creo que hay una coincidencia en distintos medios en presentar a Altsasu como una población especialmente complicada, y no es así. Desde la Guardia Civil no tenemos esa percepción”, afirmó. Por si quedaba alguna duda, repitió: “la Guardia Civil no se siente especialmente incómoda en Altsasu”. Ni una palabra sobre pasos de cebra o líneas imaginarias.

Laboratorio represivo

En ese contexto, Edurne cree que este pueblo se ha convertido en una especie de "laboratorio" para probar los alcances del artículo 573 del nuevo Código Penal, que amplía de forma generosa los conceptos por los que alguien puede ser acusado de terrorismo.

De hecho, un grupo de relatores de la ONU ya advirtió en febrero de 2015 que la legislación española en materia antiterrorista podría "criminalizar conductas que no constituirían terrorismo". Maite conoce estos cuestionamientos. Quizás por eso aún tiene esperanzas en dar vuelta la tortilla.

"Lo que me preocupa –confiesa- es que el tiempo corre en nuestra contra: los días pasan, y nuestros hijos siguen dentro".