La reforma del sistema de pensiones está más cerca de convertirse en realidad después del preacuerdo alcanzado en el Congreso este viernes. La Comisión para el Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado un texto que incluye las recomendaciones que deben servir de base al diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos para alumbrar el nuevo sistema de pensiones.

El acuerdo no es definitivo, ya que debe ser ratificado el próximo martes en el plenario del Pacto de Toledo, donde se votarán las recomendaciones que este viernes se han pactado entre los grupos parlamentarios y la Mesa de la comisión. En 2016, la Cámara Baja inició un camino para reformar las bases de un sistema que el Gobierno de Zapatero comenzó a construir en 2010 y que Rajoy remató en 2013.

Tras cuatro años de inestabilidad política, tensiones y rupturas del Pacto, será en la XIV Legislatura cuando se logre modificar una fórmula que ha provocado numerosas protestas entre los pensionistas, que han sido los protagonistas de una indignación que ha acelerado los trabajos del Pacto en los últimos años. A falta de que la comisión vote formalmente las recomendaciones, que luego deben ser ratificadas en el Pleno del Congreso, estas son las principales modificaciones del acuerdo.

El coste de la vida, índice de revalorización de las pensiones

Que el principal índice de revalorización de las pensiones tiene que ser el coste de la vida es uno de los consensos de partida del Pacto. Aunque hubo bastantes desacuerdos en esta cuestión cuando se puso sobre la mesa, hace tiempo que ninguno de los grupos pone en duda la revalorización de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC), una fórmula que se ha establecido como definitiva.

En la recomendación 2 del texto se establece que "la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones". Entre las medidas aprobadas por el PP en 2013 estaba la de la introducción de un índice de revalorización de las pensiones que desligó su subida del coste de la vida para vincularla a la situación financiera del sistema, de manera que mientras las Seguridad Social fuera deficitaria solo se garantizaba una subida mínima del 0,25 % de las pagas.

Las dos últimas actualizaciones se hicieron en base al IPC, pero mediante reales decretos-ley; una de las reivindicaciones de colectivos de pensionistas y de la mayoría de los grupos parlamentarios era que esta fórmula se blindara en la ley, por lo que el Pacto recomienda adaptar la normativa para volver a situar el coste de la vida como índice de revalorización.

Edad efectiva, edad legal y excepciones

Este punto ha generado fricciones en los últimos meses, incluso en el seno del Gobierno de coalición. Desde su llegada al Ejecutivo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, insistió en la necesidad de acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación, una medida que, a su juicio, ayudaría a resolver gran parte del problema del gasto excesivo del sistema: "Por cada año que la edad efectiva de jubilación aumenta resolvemos un 25% del problema que hemos visto en la brecha entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro", defendió en una de sus intervenciones en el Congreso.

Por eso, Escrivá apostó por penalizar las jubilaciones anticipadas, incentivando la prolongación del trabajo hasta la edad legal, un postulado que ha asumido la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

A algunos grupos les preocupaba que se llegara a aumentar la edad legal y, además, que no se tuvieran en cuenta todos aquellos trabajadores que, durante los años de la recesión económica, fueron despedidos a las puertas de la jubilación y se vieron obligados a anticipar su retiro ante la imposibilidad de encontrar un empleo.

El Pacto ha apostado por intentar resolver esta disyuntiva recomendando la realización de un análisis y estudio de aquellos casos de jubilación forzosa anticipada, de manera que la Administración pueda detectar estas "excepciones", que, en principio, estarían exentas de las penalizaciones derivadas de no alcanzar la edad legal para jubilarse.

Cuantía de la pensión

Las recomendaciones del Pacto asumen la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora (que culminará en 2022), una reforma que está planteada desde el año 2011. Este fue uno de los puntos que generó fricción entre Unidos Podemos, ERC y el resto de los grupos en la XII Legislatura.

Los de Pablo Iglesias denunciaron entonces que en la memoria de la propia ley de 2011 se señala que la contributividad ha supuesto una reducción de las pensiones y que tiene un fuerte impacto negativo en las mujeres, aumentando la brecha de género en las pensiones.

La novedad que introduce el acuerdo alcanzado este viernes es que el pensionista podrá escoger los mejores años de su vida laboral, una fórmula que busca esquivar las denominadas lagunas de cotización (aquellos años de trabajo con pequeñas contribuciones a la Seguridad Social a raíz de la mala situación y de la precariedad del mercado laboral). 

A pesar de que el acuerdo cuenta con suficientes apoyos, algunas fuentes del Pacto dudan de la utilidad real de esta medida, e insisten en que hasta que no se solucione la "precariedad estructural" del mercado de trabajo, la posibilidad de elegir los mejores años de la carrera profesional no evitará la existencia de pensiones precarias. "Sin derogación de las reformas laborales, esto no servirá de mucho", defienden.

Déficit de la Seguridad Social y fuentes de financiación

Eliminar el déficit de la Seguridad Social es uno de los principales retos tanto del Pacto de Toledo como del Gobierno. En el caso de la comisión parlamentaria, el punto que hace referencia a esta situación es el de las "fuentes de financiación del sistema", y la solución consensuada es la de separar estas fuentes para eliminar los denominados "gastos impropios" de la Seguridad Social.

La comisión recomienda, tras plantearlo Escrivá, sustraer casi 23.000 millones del déficit de la Seguridad Social del denominado gasto no contributivo e impropio hasta 2023, una medida que apuntaría al cierre del déficit del sistema encargado de abonar las pensiones. La operación formaría parte de una reforma más amplia diseñada para que las pensiones contributivas se financien mediante las cotizaciones de los trabajadores, y las no contributivas, a través de impuestos.

Esta medida se completa con la prohibición, incluida en las recomendaciones, de que el Tesoro Público pueda seguir concediendo préstamos a la Seguridad Social. En los últimos tres años la deuda se ha duplicado, entre otras cuestiones, por el sucesivo endeudamiento del sistema con el propio Estado (sobre todo a la hora de afrontar gastos puntuales como las pagas extra), por lo que el Congreso propone sustituir los préstamos desde la Administración central por transferencias, de manera que no se incremente la deuda.

Planes de pensiones privados

El Pacto apuesta por incentivar los planes de pensiones privados de las empresas en detrimento de los planes de pensiones individuales (también privados), trasladando los beneficios fiscales de los que disfrutan actualmente los planes de ahorros privados individuales hacia los planes de pensiones previstos por las empresas para los trabajadores.

En una de sus comparecencias en la Cámara Baja, Escrivá aseguró que el ministerio que dirige ha constatado un estancamiento de los planes colectivos que contrasta con el crecimiento del patrimonio invertido en planes individuales, "a pesar de que la rentabilidad de los primeros es mayor y sus comisiones son menores".

La fórmula escogida por el Pacto es el denominado modelo vasco, que tiene un alto número de partícipes y en el que la negociación colectiva juega un papel importante con participación de la empresa y el trabajador. Los planes de pensiones de las empresas están sujetos a la negociación colectiva, por lo que los trabajadores tendrían la oportunidad de participar en su diseño. Sin embargo, algunos portavoces de la comisión consideran que en la actualidad las negociaciones colectivas se producen en base a una desigualdad entre los trabajadores y los empresarios, por lo que la medida entraña ciertos riesgos.