PSOE y Sumar han registrado este viernes una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para promover un gran pacto de Estado para acabar con la pobreza infantil y blindar los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

La iniciativa conjunta de ambas formaciones está impulsada desde el Ministerio de Juventud e Infancia y se propone, entre otras cosas, reducir las cifras de pobreza infantil en 713.000 niños y niñas para 2030. El texto recuerda que España tiene unos datos de pobreza infantil altos para ser la cuarta economía de la Unión Europea y superiores a los del resto de la población, lo que muestra un problema estructural.

El texto presentado recoge los resultados de un estudio realizado en 2022 por la Universidad de Girona y apoyado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que muestran que, en España, la pobreza se hereda y que los niveles de pobreza infantil son "extraordinariamente altos" y apenas varían con los años.

"Esto evidencia un problema estructural que requiere de medidas transformadoras que brinden una igualdad real a todos los niños, niñas y adolescentes", subraya la iniciativa. Además, destaca que en los últimos años muchos hogares vulnerables han empeorado sus condiciones socioeconómicas como consecuencia de la pandemia y de los efectos negativos derivados de la guerra en Ucrania.

La pobreza, apunta la propuesta de PSOE y Sumar, afecta de manera más directa a los niños y niñas con discapacidad, de hogares monomarentales o monoparentales, de origen migrante, de etnia gitana o extranjeros. Igualmente, la falta de medios también se hace notar en aquellos menores que no cuentan con referentes familiares, son solicitantes de asilo o están en situación de protección internacional y temporal, además de víctimas de trata o explotación sexual, entre otros.

Esta iniciativa busca "seguir elevando las políticas de infancia a la primera línea política" y blindar los servicios públicos esenciales como Educación, Sanidad o los servicios sociales.

El texto contempla, asimismo, que se adopten medidas decisivas para romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, las desigualdades en la primera infancia, la discriminación, la segregación, la exclusión y la desventaja social. Para ello, promoverá un mecanismo de gobernanza y monitoreo que integrarán el departamento que dirige Sira Rego, las formaciones políticas firmantes, las instituciones competentes y la sociedad civil.