Balas de goma, malos tratos e impunidad. En un informe de 77 páginas remitido al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, una quincena de organizaciones de derechos humanos advierten sobre el uso de material lesivo y letal por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Alertan, además, sobre los malos tratos en comisaría que no son debidamente investigados y reclaman pasos por parte del Estado para poner fin a este tipo de situaciones.

El documento elaborado por distintos organismos que trabajan en este ámbito –entre los que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Sir[a]-Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura, Iridia, el Institut de Drets Humans de Catalunya o Amnistía Internacional– ha sido presentado este lunes en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura en un acto que ha tenido lugar en el Consejo General de la Abogacía Española.

Entre otros puntos, el informe subraya que el uso de balas de goma y otros materiales antidisturbios de energía cinética por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) supone la utilización de "material altamente lesivo y potencialmente letal, al que se da, además, con frecuencia un uso inadecuado, susceptible de producir malos tratos o torturas en las personas afectadas".

Tras advertir que "estas armas altamente lesivas y potencialmente letales deben ser proscritas del ordenamiento jurídico español", los autores del estudio subrayan que "el Estado español mantiene el uso de balas de goma por parte de las FCSE (Policía Nacional y Guardia Civil), tanto en contexto de protestas pacíficas con fines de dispersión, como en el marco de operaciones en frontera".

Entre 2000 y 2020 las organizaciones de derechos humanos han contabilizado "la muerte de una persona por el impacto directo de una bala de goma, mientras que otras 11 han perdido la visión de un ojo, además de documentar otras heridas de gravedad como la ruptura de vértebras y costillas, y la amputación del bazo y de un testículo".

También se documentó su uso en 2014 "contra personas migrantes que buscaban alcanzar a nado la playa del Tarajal (Ceuta) y en la masacre de Melilla, registrada el 24 de junio de 2022".

En Catalunya –una de las comunidades que ha sustituido el uso de balas de goma por material de foam– se han documental al menos cinco casos de personas heridas de gravedad: tres pérdidas de un ojo, un traumatismo craneoencefálico y la amputación de un testículo, de formal tal que se "equiparan sus impactos a los de las balas de goma".

Los disparos suelen estar seguidos por la más absoluta impunidad. Según destacan los autores del estudio remitido a Naciones Unidas, "tan sólo en dos ocasiones se ha podido identificar el autor del disparo en el marco de un procedimiento penal; el resto de los casos han resultado impunes".

Asimismo, "en reiteradas ocasiones se han documentado malas prácticas en el uso de las defensas o bastones policiales, al constatar golpes de arriba hacia bajo y el impacto en zonas vitales del cuerpo, como la cabeza, lo cual contraviene las recomendaciones internacionales en la materia".

Con estos datos sobre la mesa, los organismos de derechos humanos instan a las autoridades a "garantizar que todas las armas y herramientas policiales" cuentan con un "protocolo de uso que impida a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley usarlas de forma contraria a la legalidad".

Un documento inexistente

Por otro lado, advierten de que "ningún cuerpo policial prevé el acceso público a sus protocolos, pautas de actuación o instrucciones internas que regulan el uso de la fuerza y las herramientas y armas policiales".

"Esta falta de transparencia, justificada de forma generalizada por razones de seguridad pública y nacional, dificulta una rendición de cuentas adecuada, e impide un control público de los riesgos para la salud y el ejercicio de derechos de determinadas armas", señalan.

Subrayan que la normativa que regula el uso de las balas de goma por parte de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil "no es pública ni accesible".

Su uso se encuentra escasamente recogido en una Circular de 2013 en la que se menciona que las balas de goma podrán utilizarse en los términos recogidos en el protocolo de empleo progresivo de medios, un documento que –según subrayan los autores del informe– "el mismo Defensor del Pueblo ha advertido que no existe".

Actuaciones racistas

El informe alerta además sobre "numerosos casos de uso excesivo de la fuerza policial con motivos racistas", unas situaciones en las que "los agentes agreden a personas racializadas luego de lanzarles insultos racistas como sudaca de mierda y moro". "El Estado español sigue sin atender de manera adecuada esta realidad,", lamentan.

Describen así "redadas por perfil étnico a personas racializadas por parte de la Policía Nacional en autobuses y estaciones de autobuses; controles de identidad por motivos racistas seguidos de insultos racistas y sexistas ('puta negra') contra personas defensoras de derechos humanos en el barrio de Lavapiés (Madrid) por parte de la Policía Nacional" o también "controles de pasaportes más minuciosos para personas racializadas en aeropuertos españoles".

Torturas impunes

En materia de denuncias de tortura, los autores del informe lamentan que el Gobierno "no ha dado pasos tendentes al reconocimiento oficial del Protocolo de Estambul como estándar de referencia en la investigación" de este tipo de casos. De hecho, en la actualidad los servicios forenses de los juzgados "carecen de protocolos específicos para la evaluación de la tortura".

"Si un detenido tiene alegaciones de tortura, la persona es llevada a la sala de urgencias de un centro de salud donde una persona sin formación y con otras obligaciones hará un informe de ámbito general que, por lo general, no cumple con los requerimientos del
Protocolo de Estambul", señalan.

En la mayoría de los casos, los policías permanecen dentro de la sala de consulta médica, "con una actitud intimidatoria o coactiva sobre el facultativo".

Del mismo modo, se han detectado "numerosas dificultades para la investigación efectiva" de denuncias de tortura "en distintos ámbitos de privación de libertad, pero también en la vía pública", lo que implica que "las deficiencias en las investigaciones policiales internas de los casos de tortura y maltrato repercuten en el resultado de las investigaciones judiciales".

Entregas en caliente

El informe enviado a Naciones Unidas destaca, además, que se sigue permitiendo "la entrega por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles a las autoridades marroquíes de ciudadanos extranjeros interceptados en territorio español sin seguir el procedimiento establecido legalmente ni cumplir las garantías internacionalmente reconocidas".

Cita especialmente los hechos sucedidos en la mañana del 24 de junio de 2022, cuando "tras la actuación por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes en la zona fronteriza, fallecieron al menos 37 personas, y se habrían causado lesiones de diversa entidad a muchas más". 

Víctimas del franquismo

El informe dedica un apartado a las limitaciones de la nueva Ley de Memoria Democrática en lo referido a los derechos de las víctimas del franquismo. Señala así que la normativa "no ha supuesto la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, lo que dificulta la investigación de torturas o malos tratos y, específicamente, el enjuiciamiento de sospechosos de haber cometido tortura".

Esto supone "uno de los obstáculos procesales más importantes para enjuiciar a sospechosos de haber cometido torturas durante la guerra civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia".