La oposición presiona en Andalucía al Gobierno de Moreno Bonilla con los contratos sanitarios con empresas

Los contratos sanitarios de emergencia del Gobierno andaluz durante la pandemia, que fueron prorrogados después, están en el ojo del huracán. Un juzgado ha abierto una investigación al respecto. Además, la Intervención de la Junta de Andalucía ha detectado numerosas "irregularidades" en los contratos menores, una forma de contratación muy habitual en todas las administraciones públicas, del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según ha publicado El País este martes, el SAS destinó 1.223 millones de euros a contratos menores, el 92,13% de ellos con "irregularidades e incumplimientos".

La Intervención, añade el rotativo, advierte no solo del abuso de este tipo de procedimiento de adjudicación en proporción con la contratación normalizada, sino de los numerosos expedientes en los que se ha fraccionado el objeto de los contratos "disminuyendo la cuantía" de los mismos "eludiéndose así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento", una práctica que "podría incurrir en un verdadero fraude legal".

El PSOE andaluz anunció este martes que solicitará la comparecencia "inmediata", en el Parlamento, de la interventora de la Junta de Andalucía y de la interventora delegada del SAS para que expliquen los informes. "Son ya 18 informes desfavorables de la Intervención, por lo que pediremos la comparecencia parlamentaria de las interventoras a fin de esclarecer las irregularidades puestas de manifiesto en los demoledores informes de fiscalización conocidos", asegura el PSOE en un comunicado.

33 informes

El Gobierno andaluz ha venido defendiendo que estos contratos son legales y que extrapolar salvedades de los informes de la Intervención "carece de rigor". El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, afirmó en un debate parlamentario con Juan Espadas, secretario general del PSOE, que en la etapa anterior, la Intervención emitía informes de un tenor similar a los que ahora esgrimen los socialistas contra él.

La consejera de Hacienda, Carolina España (PP), tiró este martes por esa misma línea argumentativa que el presidente y señaló "cierta falta de coherencia" en el PSOE de Andalucía con la petición de comparecencia de los interventores. "Del año 2013 al 2018" —cuando los socialistas gobernaban en la Junta— hubo 33 informes desfavorables de la Intervención, casi el doble de los famosos 18 informes actuales" que afectan al Gobierno andaluz del PP, según recoge Europa Press. Entonces, dijo España, "el PSOE se negó a que compareciera la Intervención", por lo que, a su juicio, existe una "falta de credibilidad" en el PSOE.

Para los socialistas, "este sistema viciado y contaminado de irregularidades está haciendo más fuerte a la sanidad privada en Andalucía y más débil a nuestro servicio público de salud", según aseguró este martes el diputado del PSOE, Rafael Márquez.

Este instó al presidente de la Junta a permitir las comparecencias de las interventores y a no "boicotearlas". Márquez agregó que los andaluces "deben saber que con esta contratación irregular se le está regalando mucho dinero a las empresas de la sanidad privada en vez de destinarlo a reforzar la sanidad pública". "Nos cuesta dinero a los andaluces", subrayó.