La oposición gallega alerta de la ley con la que Rueda quiere tomar el "control absoluto" de la tele pública de Galicia

El BNG y el PSOE alertaron el pasado lunes del proyecto de ley con el que la Xunta de Alfonso Rueda pretende, a su juicio, hacerse con el "control absoluto" de la televisión y la radio públicas autonómicas. El Colexio de Xornalistas de Galicia también ha advertido de que la nueva norma constituye un "retroceso absoluto" que dejará en situación de desamparo a los profesionales de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) que pretendan cumplir con su deber de ejercer su tarea de manera independiente.

El Consello de la Xunta aprobó este mismo lunes el anteproyecto de ley de servicios de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. El texto establece que el director de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) pueda ser designado por la mayoría absoluta del Parlamento de Galicia —38 diputados de 75—, y no por la mayoría cualificada de dos tercios —50 escaños— que establece la legislación  actual.

Esa norma data de 2011, pero nunca llegó a aplicarse porque el PP no ha gozado nunca de esa mayoría de dos tercios, ni con Alfonso Rueda ni con su antecesor, Alberto Núñez Feijóo.

De hecho, el director de la CRTVG sigue siendo desde hace 15 años Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado por Feijóo en 2009 y quien tras años de polémicas y acusaciones de manipulación de los servicios informativos en favor del PP, se enfrenta ahora a un proceso penal, acusado junto a otros ocho directivos de la empresa pública de acosar y vulnerar los derechos laborales de una periodista crítica.

Con la mayoría del PP

El texto de la nueva ley, que el propio Rueda presentó en rueda de prensa, prevé que el director general pueda ser elegido por la mayoría de la que ahora dispone el PP —40 actas— si no logra antes una de dos tercios o en siguiente votación, de tres quintas partes —45 escaños—. En la práctica, el procedimiento permitirá a los populares nombrar a quien deseen con o sin acuerdo de la oposición.

Además, elimina la previsión de poner en marcha un estatuto profesional y el plan para crear un consejo de informativos formado por periodistas de la casa para velar por la neutralidad y pluralidad de esos servicios, como figuraba en la ley de 2011, y lo lo sustituye por un consejo asesor de 15 miembros de los cuales sólo dos serán periodistas de la Corporación, sin que se establezca tampoco cómo serán designados.

Fuentes de la junta rectora del Colexio de Xornalistas de Galicia advirtieron ayer de que la ley es un "retroceso absoluto" frente a la tendencia de todos los medios públicos, en España y en la UE, impulsada por las leyes comunitarias, de avanzar en las garantías de independencia y de protección de los profesionales frente a las injerencias del poder político.

"Ya no es que no se cumpla con la ley de 2011, es que la fulminan”, apuntaron esas fuentes, que alertaron de que le nueva normativa dejaría a los periodistas de la CRTVG "sin ninguna herramienta para garantizar la protección" del derecho de los trabajadores a ofrecer información veraz, y el de los ciudadanos a recibirla”

El BNG, que cuenta con 21 diputadas, y el PSdeG, que tiene nueve —el escaño que queda es de Democracia Ourensana— consideran que la nueva norma pretende facilitar sin consenso la sucesión de Sánchez Izquierdo, perpetuar el control del PP sobre los medios públicos y abrir además la radio y la televisión autonómica a la emisión de contenidos en castellano que hasta ahora estaba limitada al gallego.

Olla Rodil, viceportavoz de los nacionalista, exigió al PP que dé marcha atrás con el anteproyecto de ley y advirtió que tal y como está redactado supondría "un retroceso democrático brutal", según informó el BNG en una nota de prensa. "Le pedimos al Partido Popular que dé marcha atrás en la reforma de la ley y que no se atreva, ni siquiera, a presentar tal despropósito", señaló.

Rodil denunció que "después de años haciendo de la CRTVG su terminal de propaganda", el Gobierno de Rueda prepara una reforma legislativa "a la medida de los intereses del PP" para "controlar la dirección de la corporación, eliminar los órganos de participación profesionales, y abriendo la puerta de los medios públicos de Galicia a lenguas distintas a la del país".

Necesidad de transparencia y reformas

La diputada socialista Silvia Longueira, por su parte, recordó los "problemas y deficiencias" de la CRTVG que, en su opinión, "agravan la necesidad de transparencia y reformas". Según los datos presentados al Parlamento por el propio Sánchez Izquierdo, la implantación de la CRTVG está por debajo de las televisiones autonómicas históricas y no cumple con el servicio público que se le supone. "La audiencia de TVG disminuyó en un 30%, y su modelo se asemeja más al de la Televisión de Madrid y Aragón que al de TV3 o la Televisión Vasca", dijo.

El presupuesto de la CRTVG ha descendido a niveles de 2009, según informó el PSdeG en una nota de prensa, "afectando su capacidad para producir contenido propio y su función como repositorio veraz de la sociedad gallega". "Además, más del 53% de la población estima que la CRTVG no es moderna, y más del 42% cree que hay un déficit informativo en el ámbito cultural", incidió Longueira.

Alfonso Rueda justificó ayer el cambio en el procedimiento de designación del director de la empresa pública alegando que pretenden "evitar una situación de interinidad sin solución de continuidad" que "equivale casi a un bloqueo". "Lógicamente esa interinidad no se puede perpetuar en el tiempo y estaría esa última posibilidad de hacerlo con una mayoría también reforzada y también democrática", dijo, informa Europa Press.

El presidente sostuvo que el objetivo de la nueva norma es adecuar la normativa que fecha del 2011 a los "muchos cambios vividos en el sector audiovisual" y en los patrones de consumo de televisión. También alegó que la apertura de la CRTVG al castellano servirá para optimizar la comercialización de sus producciones.