Los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso de los Diputados han presentado un total de 277 enmiendas a los dos proyectos de ley que el propio presidente Rajoy ha presentado en la mañana del jueves ante el pleno de la cámara como sus medidas para combatir la corrupción política: el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de las Administración General del Estado.

A estas iniciativas legislativas también se han presentado, de forma totalmente inusual, varias enmiendas del propio grupo parlamentario popular que da soporte al Ejecutivo. Ha sido el mismo presidente Rajoy quien de forma sorprendente ha anunciado esas enmiendas, que en concreto han sido 20; tres de ellas al proyecto que regula a los altos cargos y 17 al texto relativo a la financiación de los partidos.

De forma paralela, los grupos parlamentarios más importantes han presentado también una gran cantidad de enmiendas a la actual ley del Código Penal tras la decisión del Gobierno de abrir una reforma de su actual redacción para aumentar los castigos a quienes se vean inmersos en caso de corrupción política. En total han sido 888 enmiendas, de las que algo más de un centenar las ha formulado el grupo popular y el resto las formaciones de la oposición.

En síntesis, las medidas que proponen los diferentes grupos parlamentarios en sus enmiendas son estas:

Grupo Socialista (183 enmiendas)

- Democratizar el funcionamiento de los partidos, con la implantación del sistema de primarias para la elección de los máximos dirigentes.

- Prohibir las donaciones a los partidos de las personas jurídicas (es decir, empresas), así como notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones individuales superiores a los 25.000 euros.

- Eliminar el privilegio de diputados, senadores y altos cargos a declarar en sus despachos como testigos en causas judiciales.

- Fijar penas entre dos y seis años de prisión a aquellos gerentes de partidos que acepten donaciones fuera de la ley y obligarles a devolver el dinero, con multas de hasta el séxtuplo de lo ingresado ilegalmente. Esas medidas serán de aplicación a aquellos que realicen las donaciones ilegales

- Rebajar un fraude desde los 120.000 euros actuales hasta los 50.000 euros como límite a partir del cual se considera delito fiscal.

- Establecer penas entre dos y cuatro años de prisión para los responsables de formaciones políticas que intervengan en el falseamiento de las cuentas anuales oficiales que deben ser publicadas.

- Reforma de varios artículos de la ley de Código Penal tendente a aclarar tipos delictivos relacionados con la corrupción, incrementar las penas actuales, ampliar los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción y extender la inhabilitación para ocupar cargos públicos a los afectados, así como que la Audiencia Nacional sea la instancia que investigue y juzgue los delitos de corrupción.

Grupo de La Izquierda Plural:

- Fijar la financiación pública de los partidos políticos en función de los votos recibidos y no en base a los escaños adjudicado.

- Incluir a las fundaciones ligadas a los partidos en los criterios y límites para percibir subvenciones, así como excluir a las personas jurídicas (empresas) como donantes.
- Excluir las donaciones de inmuebles y limitar a 50.000 euros al año las donaciones de particulares.
- Eliminar las subvenciones públicas a los partidos que no hayan presentado en plazo sus cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas.
- Limitar al 60% del salario percibido durante un año las indemnizaciones por cese en una actividad pública, en los casos que lo establezca la ley, con un máximo de dos años y siempre que no se rebase el sueldo que percibe el presidente del Gobierno en ese ejercicio.
- Aumentar a cinco años la incompatibilidad para desempeñar un trabajo en empresas públicas o privadas del mismo sector en el que se haya desarrollado el cargo.
- Publicar en el BOE y en la web de cada partido las auditorías internas de las cuentas anuales.

Grupo de UPyD:

- Eliminar la subvención para los envíos postales en campañas electorales porque actualmente solo se benefician aquellas formaciones que tienen representación parlamentaria, lo cual es de dudosa legitimidad.
- Definición más concreta de los aspectos que deben incluirse en la dación de cuentas anuales de los partidos políticos, que en cualquier caso deberán contemplar las finanzas de todas las estructuras territoriales, desde la europea hasta la municipal de cada formación política.
- Relación detallada de aquellas causas por las que un responsable de cualquier formación política pierde la condición de honorabilidad y por lo tanto la capacidad para desempeñar su cargo.
- Concentrar en el Tribunal de Cuentas la exclusividad para fiscalizar las finanzas de todas las formaciones políticas.
- Este grupo plantea que las fundaciones con menos de 600.000 euros de ingresos en dos años y que no perciban subvenciones públicas queden fuera de la control del Tribunal de Cuentas.

Grupo vasco-PNV:

- Aumento riguroso de las cuentas anuales de todos los partidos políticos. - Limitar la fiscalización del Tribunal de Cuentas a las finanzas de cada partido y no al modelo de gestión que realice.
- Ampliar hasta el 30 de junio el plazo para presentar ante el Tribunal de Cuentas los balances financieros de cada partido.
- Modificar la composición del Tribunal de Cuentas: tendrá 12 miembros y al menos un representante de cada grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, excepto el mixto.
- Comparecencia de todos los gerentes de las formaciones políticas ante la comisión mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas si se acuerda y no de forma selectiva en función de determinadas mayorías: o tosdos o ninguno.

Por su parte, del grupo mixto quien ha presentado más enmiendas es ERC (la formación mayoritaria, Amaiur, no ha presentado ninguna). Entre ellas destacan:
- Prohibir las donaciones a partidos políticos y sus fundaciones afines de personas jurídicas con ánimo de lucro.
- Publicar en la web de cada formación política los balances de cuentas y resultados de cada año.
- Viajes en clase turista para todo tipo de cargo público, sea cual sea la responsabilidad que desempeñe.
- Eliminar los tratamientos de cortesía para los altos cargos públicos.
- Eliminar los coches oficiales como norma general: solo se permitirán aquellos que estén justificados por razones de seguridad o eficiencia económica.
- Limitar los sueldos para cualquier cargo público al que percibe en cada ejercicio el presidente del Gobierno.
- Regular el funcionamiento de los lobbies.

Por su parte, las enmiendas del PP a los dos proyectos del Gobierno, básicamente, se concentran en los siguientes aspectos:

- Prohibición de las donaciones a los partidos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica
- Prohibición de las condonaciones de las deudas que mantienen los partidos políticos con entidades financieras. Tampoco estará permitido negociar créditos en condiciones ventajosas respecto a las del mercado.
- Reducción a 50.000 euros el límite a las donaciones privadas de personas físicas, así como comunicar al Tribunal de Cuentas de forma personalizada todas aquellas donaciones individuales que superen los 25.000 euros. Esas mismas donaciones deberán ser publicadas en la web de los partidos.
- Los partidos deberán devolver a los donantes o al Tesoro Público las cantidades percibidas indebidamente.
- Obligación de comparecer ante el Congreso de los Diputados de los gerentes de los partidos tras publicarse los informes anuales del Tribunal de Cuentas. Asimismo, se establece un catálogo de sanciones económicas por infracciones graves, menos graves y leves de las normas legales.

Respecto a los altos cargos, las enmiendas de los populares establecen que deberán presentar una declaración de bienes y rentas al iniciar su responsabilidad y al finalizar en ella. También se define con mayor concreción las incompatibilidades laborales en empresas públicas o privadas pertenecientes al mismo sector económico del cargo durante los dos años siguientes al cese de la función. A partir de ahora estos dos proyectos de ley se tramitarán, tras la constitución de la correspondiente ponencia para 'casar' las enmiendas' en la comisión Constitucional; la reforma del Código Penal se debatirá en la comisión de Justicia. Posteriormente el trámite pasará al Senado.