Era el 29 de junio de 1992, poco antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron en Catalunya y el País Valencià a una cincuentena de personas acusadas de pertenecer a Terra Lliure y preparar acciones armadas coincidiendo con la cita olímpica.

La operación, instruida por el entonces titular número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado Baltasar Garzón*, se concentró en tres semanas, durante las cuales a los arrestados se les aplicó la Ley antiterrorista con el argumento de que estaban urdiendo una campaña de atentados –incluso un secuestro– para alterar el evento y convertirlo en un altavoz de la lucha por la autodeterminación y la independencia de los Països Catalans.

La operación Garzón o Garzonada –como así se bautizó– conmovió a una parte significativa de la sociedad catalana, que veía con estupor el elevado número de afectados y las denuncias por torturas que 17 de ellos presentaron al cabo de unos años. Cabe recordar que, entre los detenidos, solo una minoría formaba parte o tenía algún vínculo con Terra Lliure. El resto eran militantes del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y, en menor medida, de los Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partit Comunista de Catalunya (PCC) y el grupo ecologista Alternativa Verda.

No solo eso: también se detuvo a un periodista del diario El Punt y a otro del semanario El Temps, lo que desató protestas tan concurridas como el acto que la Crida a la Solidaridad organizó en el Palau de la Música de Barcelona y el concierto que, con el apoyo de numerosas entidades, reunió a diez mil personas en el parque de la Devesa de Girona.

Razón de Estado

La operación Garzón, diseñada en un período en el que Luis Roldán dirigía la Guardia Civil y el ministro del Interior era el socialista José Luis Corcuera, se inscribe en un contexto en el que el Estado necesitaba exhibir su fortaleza e impedir cualquiera hebra de disidencia política. Así lo recuerda Antoni Infante, uno de los arrestados, para quien "las detenciones tuvieron tanta envergadura porque el Estado, además de afrontar los Juegos Olímpicos, el Año Cultural de Madrid, la Expo de Sevilla y la conmemoración del quinto centenario de la conquista de América, quería mostrar su apuesta por el capitalismo después de haberse incorporado a la Comunidad Económica Europea y a la OTAN, por lo que no pensaba aceptar ningún incidente que perturbara su imagen".

Para el veterano militante independentista, la operación Garzón no se explica sin ese ambiente en el que, desde los partidos catalanistas hasta los grandes sindicatos, se habían conjurado para legitimar un modelo económico del que se han beneficiado las grandes fortunas y élites extractivistas. "Fue una operación de Estado, el problema es que Garzón se pasó de frenada, de ahí que la cúpula de Convergència i Unió y algunas bases del PSC mostraran solidaridad con los detenidos. Pero lo hicieron en respuesta a las movilizaciones, ya que de entrada miraron hacia otro lado", señala Infante.

También Pep Musté, detenido y torturado en la operación Garzón, inscribe lo que pasó en la voluntad del Estado de aniquilar a los sectores que entonces cuestionaban el status quo y, en particular, la unidad territorial que se había consagrado en la Constitución del 78. "En 1992 éramos pocos, pero siempre que el independentismo ha tenido un papel importante para cambiar las cosas, el Estado se ha dedicado a reprimirlo mediante detenciones y encarcelamientos".

En el caso de los arrestados por Garzón, en 1995 la Audiencia Nacional juzgó a 25, de los que 18 fueron condenados por pertenencia a banda armada, si bien poco después el tribunal tramitó una petición de indulto al asegurar que no representaban ningún peligro. Esta petición fue aprobada en agosto de 1996 por el gobierno del Partido Popular, que entonces presidía José María Aznar.

Una herencia difusa

La operación Garzón también se recordará por la demanda que 17 de los afectados presentaron en Estrasburgo por las torturas que habían sufrido durante su paso por los calabozos de la Audiencia Nacional. La demanda, coordinada por el letrado Sebastià Salellas en 2000, fue admitida por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), que en una sentencia dictada cuatro años después, condenó a España por no esclarecer los indicios de abusos y malos tratos existentes.

Aparte de este hecho, Infante y Musté consideran que, si bien la operación extendió el miedo entre la sociedad y perjudicó al independentismo combativo, no acabó con la generación que participaba en los espacios más rupturistas. "Todos seguimos haciendo cosas y, a nivel local y sectorial, esto se tradujo en la aparición de numerosos casales, ateneos y otras iniciativas políticas", indica Infante, para quien "esta semilla dio su fruto en el proceso que se vivió a partir de 2010 y que acabó con el referéndum de 2017".

Al igual que Infante, Pep Musté resalta que en 1992 también permitió fortalecer la cultura antirrepresiva del independentismo, al tiempo que, fruto de la sentencia de Estrasburgo, "estableció un precedente por el trabajo que desarrollan hoy los diferentes colectivos de abogados". Pero así como sirvió para tener mayor capacidad de respuesta, ambos admiten que todavía hay cierta "desmemoria" de lo que significó aquella operación.

"Cuando con motivo del vigésimo aniversario presentamos el documental sobre los hechos, observamos el desconocimiento que había entre muchos sectores de la población y que todavía estamos en pañales de donde deberíamos estar", comenta Infante. Prueba de esta desmemoria, el veterano independentista cita el reconocimiento que ha recibido el juez Garzón, al que reprocha que, lejos de haberse disculpado por haber ordenado la operación y permitido las torturas, se pasee por el mundo como el gran defensor de los derechos humanos.

También Musté destaca el hecho de que ninguna televisión pública haya emitido todavía el documental, algo que, a su juicio, impide explicar qué pasó el verano del 92 y denunciar el relato que pretende imponer el Estado respecto a aquella época. Así lo corrobora Infante, para quien, pese al coste personal de revivir el episodio, "tenemos la obligación moral de que se convierta en una experiencia colectiva para que nuestro pueblo tenga más espacios de democracia y libertad".

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* Tras la publicación de este artículo, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitió una carta a la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, en la que da su versión de los hechos y matiza algunas de las informaciones aquí publicadas. La carta de Garzón puede encontrarse aquí.