Operación AstapaLa Kutxa y varias constructoras recurrieron a los servicios de 'gestión de crisis' de Villarejo

El emporio empresarial del comisario José Manuel Villarejo se va desgranando en la Operación Tándem que instruye la Audiencia Nacional y por la que el jubilado policía está en prisión por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal. Cuarenta años de negocio al margen de la ley –al menos de la de compatibilidad de los funcionarios de la administración pública–, en la que han pasado por la sede de su central empresarial, el Grupo Cenyt, hombres de poder y representantes de grandes entidades envueltas en casos de corrupción urbanística para contratar sus servicios de gestión de crisis.

Es el caso de la caja de ahorros de Guipúzcoa, la Kutxa, que durante algunos años se vio envuelta en el caso Malaya y también en el caso Astapa, por el que en 2008 cayó parte de la corporación municipal para ser sustituidos sus miembros por hombres de confianza de la red de Villarejo, como el alcalde David Valadez y el gerente de urbanismo, Diego de Lucas.

Valle Romano, el 'Neguri' andaluz

Junto al exalcalde Antonio Barrientos y algunos técnicos del Ayuntamiento de Estepona, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que dirigía el compañero de Villarejo, el comisario José Luis Olivera, se detuvo también a tres abogados vascos, acusados de fraude y malversación. Luis Fernando Linares, del bufete Linares & abogados, ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria Valle Romano y dos letrados de Bilbao, Daniel Delgado y Armando Pérez, que asesoraban a la promotora. 

El convenio urbanístico en entredicho era el de la construcción de Valle Romano, una urbanización de lujo de más de 3.000 viviendas, hotel de cinco estrellas y campo de golf, que fue fundada al 50% por la Kutxa y el grupo empresarial Yeregui & Linares. El 100% del capital del proyecto era propiedad de la Kutxa, a través de la inmobiliaria Grupo Inverlur, que concentra las inversiones inmobiliarias de la caja vasca.

Como le pasó al dueño de Globalia, Juan José Hidalgo, con la llegada de Valadez y De Lucas al ayuntamiento el convenio urbanístico sobre Valle Romano se solucionó, a pesar de ser uno de los que el nuevo alcalde había denunciado ante la UDEF cuando aún era concejal.  Valadez no tardó en conceder a la Kutxa la licencia de obra, la licencia de primera ocupación e incluso asistió a la inauguración de la misma.

Según la denuncia que había hecho Valadez contra su compañero de partido y anterior alcalde, Antonio Barrientos, el ayuntamiento había infravalorado los precios de los convenios urbanísticos en el Ayuntamiento de Estepona. Sin embargo, según una sentencia dictada en 2016 por la misma jueza que en un primer momento llevó el caso Astapa –Isabel Conejo, que como titular del Juzgado de instrucción número 5 de Estepona también lleva el caso del ático de Ignacio González tras una denuncia de Villarejo y su asociación Transparencia y Justicia– reconoció que desde hacía años buena parte de los suelos del sector SUP-T05 “Valle Romano”, estaban afectados por una cantera de piedra y su actividad extractiva, obligando a los gestores de la cantera a la reposición de los daños, motivo por el cual el precio había sido más bajo de lo habitual. 

Marín Hillinger y Azata, clientes en la ruina

Así, el comisario Villarejo también contactó con varios de los empresarios encausados en el procedimiento de Astapa, "llegando al extremo de presionarlos con veladas amenazas, ya fuera para ofrecerles sus servicios, ya fuera para participar en sus inversiones urbanísticas", aseguran fuentes personadas en la causa. Al mismo tiempo, “colaboraba” con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, en aquel entonces bajo las órdenes del comisario José Luis Olivera, en la investigación del caso.

Entre estas empresas con necesidades está la mercantil Marín Hillinger, propietaria de la parcela explanada ganada al mar en el puerto de Estepona. La parcela cuenta con una extensión superior a los 35.000 metros cuadrados, es urbanizable y está en una situación privilegiada en primera línea de mar, entre el puerto deportivo y la playa del Cristo. Casualmente, este expediente estaba también paralizado por el anterior gobierno municipal y fueron numerosas las gestiones que llevó a cabo el nuevo gerente de urbanismo de Estepona, Diego de Lucas, para desbloquearlo y ponerlo en marcha.

Marín Hillinger tenía también serios problemas en otro de los feudos de Villarejo: Córdoba. La empresa se comprometió a construir un tramo de circunvalación al Norte de la ciudad tras lograr la urbanización de la zona de Mirabueno. Una vez construidas las casas (y vendidas en su mayoría) inició las obras, pero las abandonó cuando apenas si se había ejecutado el 30% por falta de financiación. Entonces, Urbanismo comenzó a reclamar la ejecución de una obra que Marín Hilinger finalmente nunca reinició.

La empresa había firmado un aval de 12 millones de euros a Cajasur que el propio Ayuntamiento tuvo que reclamar hasta conseguir que el Contencioso Administrativo de Córdoba le diera la razón y así poder proseguir las obras. Marín Hillinger tuvo que declararse finalmente en concurso de acreedores. 

Igualmente, también contactó el comisario Villarejo con el dueño de la mercantil

Azata, que tenía importantes intereses urbanísticos en Estepona y con la que

compartía intereses de igual naturaleza en Madrid, según han confirmado personas muy cercanas a ese empresario. A este respecto, resulta sorprendente que el dueño de la empresa Azata, que había firmado, junto con un empresario de Estepona, un convenio urbanístico con el ayuntamiento para construir un gran centro comercial, no fuera imputado en Astapa, cuando si lo fue el empresario local que había firmado ese mismo convenio.

...CONTINUARÁ