La ONU examina los Derechos Humanos en España: de las cargas policiales del 1-O a la impunidad franquista

Este miércoles toca examen de Derechos Humanos. España se somete al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cada cinco años analiza el grado de cumplimiento de los derechos humanos en España y evalúa el progreso, o retroceso en estos asuntos. España se ha sometido previamente a este examen en 2010 y en 2015. Este miércoles será Fernando Valenzuela Marzo, Secretario de Estado Asuntos Exteriores, quien acudirá al Palacio de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) encabezando la delegación española para someterse al mecanismo. 

El proceso de preparación del examen está basado en tres documentos. Por un lado, una compilación de diez páginas preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) que contiene información de los órganos de tratados, como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas; los procedimientos especiales, y las agencias de las Naciones Unidas como UNICEF. Por otro, un resumen de diez páginas, elaborado también por la OACDH, que contiene las denuncias y aportaciones de la sociedad civil; y, por último, un informe de 20 páginas elaborado por el Estado español en el que informa sobre las acciones que está llevando a cabo para cumplir con sus obligaciones en derechos humanos. 

Los informes recogen la preocupación "por los actos de violencia ocurridos en Catalunya el 1 de octubre de 2017"

Así, los informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recogen, entre otros asuntos, su preocupación "por los actos de violencia ocurridos en Catalunya el 1 de octubre de 2017"; la queja del Comité de Derechos Humanos por "las denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluidas torturas y malos tratos, por parte de agentes del Estado, en particular en el marco de protestas ciudadanas"; la denuncia varios órganos de la ONU por la persistencia de las "expulsiones en caliente"; o las preocupaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por "la tasa de desempleo", "las contrataciones temporales" o la "vulneración" del derecho a la vivienda. Asimismo, en la larga lista de preocupaciones también aparece, de nuevo, la impunidad del franquismo entre las preocupaciones y denuncias de organizaciones como la sociedad civil. 

Con la información de estos tres documentos, los diferentes estados harán recomendaciones a España, que puede puede aceptarlas, tomar nota de ellas o rechazarlas. Por ejemplo, en el examen de 2015, España recibió 189 recomendaciones, aceptó 174 (138 de manera total y 36 de manera parcial) y tomó nota de quince. .

"Este examen es una herramienta muy útil. Permite poner el foco sobre la situación que atraviesa un país en concreto, que se hable y se analice las acciones que está emprendiendo y, además, permite que el resto de países hagan recomendaciones concretas. Significa un avance en transparencia y los estados analizados suelen ser más abiertos a la crítica cuando esta viene de otro Estado y no de la sociedad civil o de un organismo independiente. Además, las recomendaciones que salgan de este examen son una herramienta útil para las organizaciones que defienden los derechos humanos, que podrán utilizarlo para exigir a los gobiernos su cumplimiento", explica a Público Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain. 

Amnistia Internacional también ha publicado y enviado a los diversos Estados participantes un documento con una serie de recomendaciones a España relacionadas con la falta de acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo y la Guerra Civil; el uso excesivo de la fuerza y los malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las restricciones a la libertad de expresión o los abusos cometidos contra las personas migrantes y refugiadas. En este sentido, también otras organizaciones como la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina ha hecho llegar un informe en el que denuncia la violación por parte de España del derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. 

No obstante, el investigador de Amnistía Internacional España Ignacio Jovtis, que ya se encuentra en Ginebra, señala a Público que hasta el miércoles es prácticamente imposible saber qué recomendaciones harán el resto de Estados a España. "Un tema estrella y recurrente en este examen suelen ser los temas relacionados con la violencia de género y con migraciones, como las devoluciones en caliente o la discriminación. También son habituales los temas de la impunidad del franquismo y la falta de investigación en las denuncias por torturas o maltrato policia", señala Jovtis. 

"En nuestras recomendaciones, también hemos reiterado una vez más que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de forma inmediata"

El investigador de Amnistia Internacional también señala que el examen de este 2020 incluye dos escenarios nuevos "muy importantes" respecto a 2015. Por un lado, la conocida como 'Ley mordaza', que no estaba aprobada en aquel momento, y el conflicto en Catalunya y la judicialización del procés.

"En nuestras recomendaciones, también hemos reiterado una vez más que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de forma inmediata y se debe garantizar un proceso que permita anular la condena por sedición en su contra ya que supone una sanción excesiva y desproporcionada derivada de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica", prosigue Jovtis, que añade a sus peticiones el fin del uso de las pelotas de goma por parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Pocos avances desde el 2015

Los expertos consultados por Público también coinciden en señalar que España ha efectuado pocos avances respecto a las 174 recomendaciones que aceptó en 2015. De hecho, el propio Estado español, en su informe previo, explica que ha sufrido largos períodos de parálisis en este tiempo ya que entre diciembre de 2015 a octubre de 2016 y de abril de 2019 hasta la fecha de presentación del informe (noviembre de 2019) ha contado con "gobiernos en funciones". 

Así, en el informe elaborado por el Estado, destaca que España informa de que está preparando el II Plan Nacional de Derechos Humanos; que presume de que la Ley Orgánica 1/2015 supuso la consideración de los menores, hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas y de la aprobación del primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Asimismo, también señala que "la reducción de la brecha salarial es una prioridad para el Gobierno" y que el número de mujeres diputadas en el Congreso continúa aumentando. 

"Hay aspectos en los que hemos empeorado: como es el caso de la libertad de expresión"

En otro orden de cosas, el Estado también señala que "ha actualizado el Protocolo de Actuación para los delitos de odio", que ha creado la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad o que ha elevado a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio. 

Respecto a la denuncia de la impunidad franquista, el informe del Estado español vuelve a señalar que los crímenes del franquismo no pueden ser juzgados debido a la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía de 1977 y los principios de legalidad y no de retroactividad de la ley penal. Asimismo, también recoge la creación de la Dirección General de Memoria Histórica (ahora elevada a Secretaría de Estado), que trabaja en "el desarrollo de acciones formativas sobre Memoria Histórica, en la actualización el Protocolo de actuación en exhumaciones y en la redacción de un Real Decreto que regule la creación de un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y en el diseño de un Plan Estatal de Memoria Histórica que abordará la realización de planes de búsqueda, localización, exhumación e identificación de desaparecidos". 

En opinión del investigador de Amnistía Internacional España Ignacio Jovtis los avances de España en estos cinco años han sido "limitados". "Un ejemplo de este avance limitado es el tema de la Memoria Histórica. Sí, hay una nueva Secretaría de Estado, pero las víctimas siguen sin acceso a la Justicia. O en migraciones, donde ha habido algún avance, pero seguimos sin reformar la Ley de Asilo. En conclusión, ha habido algunos avances, pero muchas preocupaciones de 2015 se mantienen hoy día y hay aspectos en los que hemos empeorado: como es el caso de la libertad de expresión". 

Los deberes del nuevo Gobierno

Los expertos consultados por Público coinciden en señalar la importancia de la fecha en la que se va a celebrar este examen coincidiendo con las primeras semanas de vida de un nuevo Gobierno. "Este examen va a poner sobre la mesa las asignaturas pendientes en Derechos Humanos que va a tener este Gobierno. Hay cosas que se entienden que no se hayan ejecutado por falta de Gobierno, pero hay otros temas que no tienen excusa como la falta de investigación de las denuncias de tortura o malos tratos. Este examen nos servirá para saber en qué vías tiene que mejorar este Gobierno la situación de los Derechos Humanos en España", sentencia Jovtis.