La Oficina de Conflictos de Intereses dio permiso al exministro Garzón para trabajar en una consultora que no existe

El pasado mes de diciembre Alberto Garzón se despedía definitivamente de la primera línea política. Garzón, que tras la constitución en noviembre del Gobierno de PSOE y Sumar ya se había convertido en exministro de Consumo, dimitía formalmente como coordinador federal de Izquierda Unida (IU). Solo dos meses después, en febrero de este año, anunciaba su fichaje como nuevo director de Prospectiva Geopolítica de Acento, la consultora de los exministros Pepe Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP).

La noticia saltaba a la prensa el 13 de febrero. La polémica estaba servida. Las críticas al líder de IU por incorporarse a una consultora especializada en asuntos públicos —es decir, una empresa dedicada a ejercer como lobby para otras empresas e instituciones— fueron numerosas. "Entiendo que hay que ganarse la vida y más cuando se tienen hijos [...] Pero creo que los que hemos representado a partidos de izquierdas tenemos obligaciones de decoro", escribió el exvicepresidente Pablo Iglesias. Las críticas contra Garzón también se multiplicaron porque Acento representa en Bruselas los intereses de, entre otros, la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional.

Al día siguiente, Garzón anunciaba públicamente que renunciaba a incorporarse a Acento. "No quiero que mi decisión personal perjudique a mis antiguos compañeros y compañeras de militancia", aseguraba el exministro en su comunicado, aunque también criticaba las "dinámicas tóxicas" dentro de la izquierda que impedían que un cargo como él se incorporara a un puesto como el de Acento.

Lo que no se sabía hasta ahora es que Garzón no solo se planteó el fichaje por Acento. El exministro también tuvo en mente la idea de crear su propia consultora. Garzón pidió a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) la compatibilidad para trabajar como "consultor en Acento" el 4 de febrero. La noticia no se conocía hasta el 13 del mismo mes; y ese mismo día Garzón había mandado otra solicitud a la Oficina para ejercer como "consultor en Alanis".

La OCI pidió a distintos departamentos dentro del Gobierno que analizaran las posibles incompatibilidades para ambos casos. La Oficina requería a los ministerios que estudiaran si Garzón como ministro había participado en alguna decisión que pudiera haber influido de alguna forma a Acento o Alanis. Lo que parecía no conocer la OCI es que Alanis no existía —y sigue sin existir a día de hoy—. La Administración se dedicó, por tanto, a estudiar si Garzón como ministro había afectado en algo a una empresa que nunca se ha llegado a constituir.

Según reconoce el exministro en declaraciones a Público, Alanis era una consultora que tuvo intención de crear, pero que no existe a día de hoy. "No está creada todavía. Los procesos burocráticos son siempre lentos, lo solicité para que cuando tuviera intención de ponerlo en marcha ya estuvieran todos los trámites realizados, pero todavía no hay absolutamente nada", explica.

Garzón no indicó que fuera una empresa nueva

En las solicitudes a la OCI Garzón indicaba ambos trabajos de una forma similar, tal y como ha podido comprobar Público tras pedir una copia de las mismas al amparo de la ley de transparencia. El exministro en una pedía permiso para trabajar como "consultor en Acento (consultoría especializada en asuntos públicos) trabajando en materias de transición ecológica y economía".

En la otra indicaba que quería la compatibilidad para trabajar como "consultor en Alanis (consultoría de estrategia política) trabajando en materias de análisis electoral y comunicación política". En la solicitud no había ninguna referencia a que fuera una empresa que aún no existía o que pretendía crear en un futuro.

De hecho, el exministro indicaba en su solicitud que se trataría de una actividad por cuenta ajena y que la sede estaría en Bruselas. "La indiqué en Bruselas porque mi intención era que fuera una consultora internacional, no solo para España", asegura Garzón.

Tras esas solicitudes, la OCI procedió como hace de forma habitual y contactó con otros departamentos de la Administración para que estudiaran si se habían tomado decisiones sobre esas empresas en las que hubiera participado el ex alto cargo —en este caso, Garzón—. Se hace de esta forma para que la Oficina luego pueda analizar el caso con la información recopilada por los otros departamentos y decidir si el ex alto cargo puede incorporarse a esa actividad privada o no.

Estas limitaciones, que impiden que los altos cargos se incorporen a una entidad privada que "haya resultado afectada por decisiones en las que haya participado" o "que pertenezcan al mismo grupo societario", operan durante los dos años siguientes desde que son cesados, tal y como establece la ley del alto cargo.

La Oficina pidió informes sobre Garzón respecto a Acento y Alanis a tres unidades de la Administración: la Secretaría General Técnica - Secretariado del Gobierno; la Subsecretaría de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 - Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030; y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Al igual que Garzón no había indicado en su solicitud que Alanis no existiera ni que pretendiera crear esa empresa, la OCI tampoco se lo habría indicado al resto de la Administración. De hecho, el informe de la Secretaría General Técnica - Secretariado del Gobierno, dependiente del Ministerio de la Presidencia, asegura que "con los datos facilitados en la solicitud [por la Oficina de Conflictos de Intereses], no ha sido posible identificar la entidad citada ni, en su caso, su grupo societario".

Los otros departamentos solo aseguraban que Garzón "no tuvo relación directa con dicha entidad o con las que pertenecen al mismo grupo societario, ni las decisiones en las que participó afectaron a las mismas". Lógicamente, pues la empresa no existía ni cuando Garzón era ministro ni en ese momento.

La Oficina no quiso (o no supo) aclarar qué era Alanis

Precisamente porque no había constancia pública de esa supuesta empresa llamada Alanis, una de las solicitudes de información realizadas por Público ante la Oficina de Conflictos de Intereses pedía conocer tal cual: "Qué es Alanis y el nombre completo real de la empresa, ya que no es un nombre que dirija de forma inequívoca a una empresa en concreto".

La OCI no respondió sobre ese punto de la solicitud de información. De hecho, en un origen la Oficina también se negó a entregar los informes hechos por la Administración sobre las posibles incompatibilidades en las actividades de Garzón. Público reclamó y, tras una resolución favorable del Consejo de Transparencia, la OCI ha tenido que entregarlos.

Alberto Garzón asegura que él explicó por teléfono que se trataba de una empresa que aún no había creado

Garzón asegura a Público que él llamó a la OCI para informarse sobre cómo debía actuar en este caso y que entonces les explicó que era una empresa que aún no había creado. Eso sí, el exministro dice que no recuerda si realizó la llamada antes o después de que la Oficina aprobara la autorización para la supuesta actividad en Alanis.

La Oficina de Conflictos de Intereses le acabó comunicando la autorización el pasado 25 de marzo. El organismo aseguraba en la misma que, tras haber analizado los informes solicitados, "no existen objeciones que formular al desarrollo de dicha actividad". A pesar de ello, Garzón nunca empezó esa actividad privada.

Garzón: "Desde que pasó lo de Acento tengo todo pausado"

Garzón asegura a Público que nunca ha ejecutado ninguna de las autorizaciones que le ha concedido la OCI. "Mi idea era compatibilizar Alanis con el trabajo en Acento. Eran proyectos distintos y aunque ambas fueran consultoras, iban a ser dos campos distintos. Pero desde que pasó lo de Acento tengo todo pausado. Ahora me dedico a investigar en el doctorado y escribir un libro. Cuando termine, lo valoraré de nuevo", explica el exministro.

De hecho, Garzón sigue cobrando la indemnización a la que tiene derecho como ex alto cargo durante los dos años siguientes a su cese. El exministro cobra 5.346 euros mensuales por esa prestación, según recoge el Portal de la Transparencia, y puede recibirlos hasta noviembre de 2025, siempre y cuando no tenga un trabajo. Cuando los ex altos cargos se incorporan a otro trabajo pierden el derecho a recibir esa indemnización, aunque la normativa contempla algunas excepciones.

Los informes incompletos de Presidencia

La compatibilidad para trabajar en Acento, aunque acabó en un fichaje fallido porque Garzón renunció, también fue aprobada por parte de la OCI. Ni la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ni la Subsecretaría de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 - Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030 dieron constancia de que Garzón hubiera participado de ninguna decisión que pudiera haber afectado a Acento.

La OCI deniega muy pocas de las autorizaciones que solicitan los ex altos cargos para pasar a la empresa privada

La Secretaría General Técnica - Secretariado del Gobierno informó del anteproyecto de ley de lobbies que el Consejo de Ministros, con Garzón formando parte del mismo, aprobó en noviembre de 2022 —igual que hizo en su informe sobre el caso de Alanis—. El proyecto decayó por el adelanto electoral de las generales de 2023.

En la actual legislatura el Gobierno pretende recuperar esa regulación, que podría prohibir fichajes como el de Garzón por parte de Acento. Lo cierto es que a día de hoy la Oficina de Conflictos de Intereses apenas deniega las autorizaciones que solicitan los ex altos cargos para fichar por el sector privado.

En la base de datos del Secretariado del Gobierno no se puede buscar en todo el texto de los documentos

A pesar del anteproyecto de ley, la OCI dio el visto bueno al salto a Acento. La Secretaría General Técnica - Secretariado del Gobierno en este caso sí encontró a qué empresa se hacía referencia. Aún así, en su informe también asegura que en su base de datos no se puede buscar en todo el texto de los documentos y que, por ello, "no se puede descartar la existencia de datos, acuerdos o disposiciones que no hayan sido detectados en las búsquedas efectuadas a través del citado procedimiento y con los medios disponibles".

Compatibilidades "por si acaso"

Acento y Alanis no han sido las únicas empresas para las que Garzón ha solicitado autorización a la OCI. El exministro de Consumo también ha pedido compatibilidad para trabajar en elDiario.es. El mismo 13 de febrero registró una solicitud para que se le autorizara una "relación laboral con elDiario.es por la que se establece un compromiso para publicar artículos de opinión de manera regular".

El medio anunció el 30 de noviembre del año pasado que Garzón se unía a su "equipo de articulistas". Dos meses y medio antes que el exministro solicitara la autorización, a pesar de que durante los dos años siguientes a su cese los ex altos cargos tienen que pedir permiso para incorporarse a otras actividades antes de ejercerlas, según establece la ley.

Lo que asegura Garzón es que esa autorización no era para su actual colaboración con elDiario.es, sino que la pedía "por si acaso algún día establecía alguna relación laboral con ellos". "Pero no la tengo ahora mismo", afirma en declaraciones a Público. En el caso de tenerla, Garzón no podría seguir cobrando la indemnización mensual que recibe como ex alto cargo.

La OCI ha asegurado en respuesta a una solicitud de acceso a la información de Público que la última vez que preguntó sobre Garzón a la Seguridad Social fue este 10 de septiembre y que esta les confirmó que el exministro "no estaba ejerciendo ninguna actividad laboral".

En cualquier caso, el 29 de noviembre de 2023 elDiario.es difundió el primer artículo de Garzón como colaborador. Desde entonces el medio ha publicado 38 artículos del exministro. Hasta este 6 de diciembre van 373 días. Garzón ha publicado un artículo en elDiario.es cada diez días. Él asegura que su relación es una colaboración "perfectamente compatible". "Yo hago ahora un poco lo que quiero, sin compromisos. Si un día quiero mandarles un artículo, lo hago y si otro día no quiero, pues no quiero. Les facturo cada artículo por separado".

Lo cierto es que las colaboraciones con medios de comunicación son uno de los casos más delicados para los ex altos cargos. En muchas ocasiones, las situaciones son interpretables y la regulación no define exactamente dónde está el límite. Un claro ejemplo se dio hace tres años cuando el ya exministro José Luis Ábalos pidió autorización a la OCI para participar en "debates y tertulias" en los canales de Mediaset.

La Oficina estableció que si la relación de Ábalos con Mediaset supusiera una "actividad mercantil, profesional o laboral", incurriría en una incompatibilidad. Y, por ello, solo le permitió ejercer como "colaborador ocasional", tal y como reveló Maldita.es. Otro caso es el del exvicepresidente Pablo Iglesias, que renunció a seguir cobrando la prestación como ex alto cargo cuando empezó a colaborar con medios de comunicación y a trabajar como investigador en la universidad.

"La OCI no hace su trabajo"

Julio González, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, explica a Público que el caso de Garzón "es el típico supuesto que está en el límite". "Con una interpretación favorable hacia él se podría interpretar como que es un trabajo vinculado con la propiedad intelectual y que no resulta necesario darse de baja de la indemnización como exministro". Si hubiera una relación laboral completa, Garzón sí perdería el derecho a recibir la indemnización que cobra actualmente.

Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, asegura que este tipo de casos "dependen muchísimo de la interpretación que se haga". "He visto casos donde se ha denegado la compatibilidad y se le ha dicho a la gente que no podían escribir en un medio. Con una cosa puntual no habría problema, pero si es continuada...", explica.

"La OCI es muy pequeña y no tiene capacidad para hacer un seguimiento real a los ex altos cargos"

González asegura que el principal problema es que la legislación sobre este asunto "es incompleta". "Tendría que modificarse la ley para hacer un seguimiento más exhaustivo de las actividades de los ex altos cargos. De hecho, no hay consecuencias jurídicas si realizan algún incumplimiento. Además, la Oficina tiene el problema de que son tres o cuatro funcionarios. Es una oficina muy pequeñita sin capacidad para hacer un seguimiento real a todo el mundo", detalla.

De la Nuez coincide en las críticas: "El problema de la OCI es que es muy poco proactiva. Si solo dependes de lo que te cuentan, no puedes ejercer tu función porque la supervisión queda en manos del alto cargo. Se deberían ocupar de ver si lo que les cuenta cada ex alto cargo es verdad, de si ha empezado o no la actividad, de qué ha pasado cuando no les cuentan nada... La OCI tendría que ser proactiva, pero tenemos esta OCI pasiva porque no tiene recursos, porque depende del ministerio, porque es absolutamente no independiente".

La secretaria general de Hay Derecho, fundación que ha analizado los problemas de la Oficina, asegura que "la OCI no hace su trabajo de verdad". "Solamente se fía de lo que le dicen. Ese es el tema de fondo. Quizás contestan que esto sucede porque no tienen los recursos para ello. Pero sea por lo que sea, no velan realmente por que se cumpla la ley".