Es una reivindicación histórica de la izquierda española hecha suya por el PSOE hace apenas un año, durante el 38 Congreso Federal de Sevilla del que salió la nueva cúpula socialista. Allí, tanto el actual secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, como quien trató de disputarle ese puesto, Carme Chacón, abogaron por revisar los acuerdos con la Santa Sede adoptados en 1979, ante los 'retrocesos' sociales a los que instaba la confesión católica. Y finalmente los delegados del cónclave aprobaron una resolución con esa voluntad de modificar el concordato.

Pues bien, el principal partido de la oposición parece estar dando ya los primeros pasos en ese camino. El diputado socialista Juan Moscoso presentó el pasado día 8 una batería de preguntas al Gobierno a las que ha tenido acceso este diario (ver PDF). El objetivo es conocer cómo está la situación y después actuar con nuevas iniciativas parlamentarias que permitan finalmente cumplir con el mandato del partido, según han explicado fuentes socialistas.

Se trata, en definitiva, de una ofensiva parlamentaria en toda regla para saber exactamente cuánto cuestan en este momento al erario público los privilegios de la Iglesia, que según grupos laicistas, sólo en 2011 recibió alrededor de 10.000 millones de euros, entre IRPF, dispensas fiscales, financiación a centros educativos católicos, subvenciones a centros sanitarios, mantenimiento del patrimonio artístico o asunción de gastos diversos. 

En sus escritos, el PSOE enumera esos beneficios fiscales. Apunta, por ejemplo, que no están sujetas a impuestos la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades eclesiásticas competentes, y tampoco su fijación en los sitios de costumbre. Además, la Iglesia no paga al Estado por su actividad de enseñanza en seminarios diocesanos y religiosos, así como en las disciplinas eclesiásticas en universidades de la Iglesia, o por la adquisición de objetos destinados al culto.

Los socialistas mencionan también que gracias al concordato la confesión católica disfruta de una 'exención total y permanente' de la contribución territorial urbana tanto de los templos y capillas destinados al culto como de sus dependencias y los locales orientados a la actividad pastoral. Es la misma situación la de la residencia de los Obispos, de los canónigos y de los sacerdotes o la de los locales destinados a oficinas de la curia diocesana y a oficinas parroquiales.

Tampoco pagan impuestos por los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso, ni  las Universidades eclesiásticas 'en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas'. Y ni siquiera lo hacen 'los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada'.

Los miembros de la Iglesia católica están exentos por completo del pago de los impuestos sobre sucesiones y 'siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad'. Así, ante todos esos privilegios, el PSOE pregunta al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy: '¿Ha calculado el Gobierno el coste fiscal anual de las actividades descritas?'.

La ofensiva socialista no acaba ahí. El principal partido de la oposición quiere saber, también, cuántos profesores y con qué presupuesto total anual imparten la llamada 'enseñanza religiosa', o cuántos capellanes castrenses, vicarios episcopales y resto de personal religioso ejercen sus servicios espirituales en el Vicariato Castrense del Ministerio de Defensa y cuánto cobran todos ellos. También se trata de saber cuál es el coste anual del personal y funcionarios dependientes de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o cuánto cuesta a las arcas públicas el servicio religioso a los ciudadanos presos.