Varios representantes de los trabajadores de la residencia de mayores que gestiona en O Carballiño (Ourense) la Fundación Hermanos Prieto ocuparon este martes por la mañana el Obispado de Ourense para reclamar la readmisión de dos gerocultoras del centro, que fueron despedidas por denunciar las carencias del asilo.

Los sindicalistas colgaron una pancarta de uno de los balcones del obispado en la que se leía: "Obispo: o justicia o readmisión o cómplice de la pobreza. No al fariseísmo". Al tiempo, otras compañeras y trabajadoras de la residencia se concentraron bajo el balcón con otra pancarta con idéntico lema.

La residencia Hermanos Prieto es de orientación católica y está gestionada por la Fundación del mismo nombre, cuyo patronato está formado por una triada que forman su presidente, el obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet; el arcipreste de O Carballiño, y el alcalde de la localidad, el socialista Francisco Fumega.

Las trabajadoras llevan meses denunciando los incumplimientos de la dirección del centro en materia de relaciones y seguridad laborales, en dotación de medios y en vulneración de las normativas en materia de servicios sociales.

Tanto la Xunta como la Inspección de Trabajo han abierto expedientes avalando la veracidad de esas denuncias, pero la empresa ha respondido con el despido de dos trabajadoras por motivos supuestamente disciplinarias.

Una sentencia del juzgado de lo Social número 3 de Ourense acaba de declarar improcedente uno de esos despidos -el otro aún está pendiente de juicio-. La sentencia deja en manos de la Fundación Hermanos Prieto la posibilidad de readmitir a la trabajadora o de ejecutar el despido e indemnizarla con 10.138 euros.

La gerocultora, con ocho años de antigüedad en la empresa, dos hijos y una pareja a punto de quedarse en el paro, ya ha manifestado su deseo de reincorporarse a su empleo, aunque la dirección del centro ha asegurado que no la readmitirá.

"Es una ocupación simbólica", explica Anxo Pérez Carballo, secretario provincial de CIG-Ourense, el sindicato al que están afiliadas las trabajadoras. "La empresa tiene que decidir, y el jefe de la empresa es el obispo, que puede comportase como un mercantilista puro y duro y seguir con el despido o aplicar los valores morales que se le suponen", añadió,  para concluir que "la justicia ha dicho que el despido es injusto, y está en manos del obispo evitar que se cometa una injusticia".