"El desarrollo y la implementación de las políticas de memoria se complica enormemente", explica el abogado Jacinto Lara, con la situación creada tras el vuelco electoral a la derecha y la ultraderecha del 28M, que amenaza con llevarse por delante las normativas autonómicas sobre la materia (o su aplicación) en nueve comunidades, y por la ausencia de desarrollo reglamentario de la estatal, vigente desde finales de octubre pero con carencias en su despliegue.

"Son leyes que se superponen, aunque por jerarquía normativa debe primar la ley estatal", anota el letrado zaragozano Ramón Campos, que coincide con Lara en diagnosticar que el desarrollo de las acciones memorialistas "va a depender de las competencias de cada Administración, de las estatales y de las autonómicas, pero también de las municipales".

"El tema competencial va a provocar un lío espantoso", anota Lara, "y no se llega a garantizar la tutela judicial efectiva. El marco de justicia que establece la legislación es estatal, pero hay competencias de las comunidades y los ayuntamientos" que pueden dar lugar, según se ejerzan, a facilidades o a trabas para desarrollar acciones como las exhumaciones o las retiradas de símbolos.

La referencia para el marco que va a comenzar a extenderse por España lo recogen algunos pactos de gobierno PP-Vox como el de Aragón, y lo indican algunas posiciones de salida como las de la presidenta de Cantabria, María José Buruaga, o las acciones (omisiones más bien) de gobiernos de mayoría absoluta conservadora como el de Andalucía. Todo ello evoca el galimatías jurídico en el que se han convertido las exhumaciones del Valle de los Caídos, impulsadas por el Gobierno central en una comunidad sin ley de Memoria y ralentizadas hasta el límite de sus posibilidades por un ayuntamiento contrario a la iniciativa.

La situación en las comunidades autónomas

Esa situación es susceptible de darse en las otras dos comunidades que, además de Madrid, carecen de legislación propia sobre Memoria, que son Murcia y Galicia, gobernadas por una sucesión de mayorías conservadoras desde 1995 y 2009, respectivamente, y está previsto que vaya a extenderse a otras cuatro en las que gobiernan coaliciones PP-Vox.

"Se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos" indica a renglón seguido de un estrambótico compromiso de garantizar "la libertad de memoria" (sic) el pacto del País Valencià. Una fórmula que, mientras el acuerdo aragonés opta por un escueto "derogar la ley", guarda paralelismos con la extremeña, que habla de promover "la concordia y el respeto a la memoria de todos los extremeños y españoles" y de sustituir la actual norma autonómica por "una nueva" que "sirva a la reconciliación y a la concordia real".

El acuerdo de coalición entre la derecha y la ultraderecha en Castilla y León no incluía referencias específicas al mantenimiento o la derogación del decreto de Memoria de esa comunidad más allá de una vaga alusión a "reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles".

El hecho de que la Junta esté trabajando en una nueva normativa que sustituya a la actual (pese a que el presidente Alfonso Fernández Mañueco había venido sosteniendo desde antes de cerrarse el pacto que no iba a ser modificada) ayuda a hacerse una idea de quién marca el paso en materias identitarias o culturales en las coaliciones PP-Vox. E invita al escepticismo sobre la posibilidad, anunciada por dirigentes del PP, de que el nuevo decreto vaya a mantener las ayudas económicas para las exhumaciones.

Al menos cinco comunidades, de catorce, mantienen su ruta

"Garantizaremos la memoria entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles", señala el acuerdo de investidura de Balears, que recoge explícitamente la decisión de derogar la ley autonómica.

No obstante, ese acuerdo, con el que Vox no entra en el Gobierno autonómico pero sí en los Consells insulares, prevé al mismo tiempo que "se realizarán políticas para facilitar la recuperación de personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos". Al mismo tiempo, pretende impedir la retirada de vestigios del franquismo ("se evitará la destrucción de monumentos y elementos históricos"), para sustituirla por acciones de resignificación que incluyan "su correcto mantenimiento y su conocimiento dentro del contexto histórico".

Mientras la suspensión de las políticas de memoria 'a la andaluza' se perfila como la opción con más números en La Rioja y en Cantabria, donde los populares gobiernan con mayoría absoluta y en una minoría que bascula hacia Vox y el PRC según de qué asunto se trata, queda la incógnita de Canarias, donde Fernando Clavijo (Coalición Canaria) preside un Ejecutivo de coalición con el PP y donde disponen de una estrategia de actuación elaborada por técnicos.

En las otras cinco comunidades con ley propia (de catorce), que son Catalunya, Euskadi, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, tanto los gobiernos como las mayorías parlamentarias son partidarios de mantener el desarrollo de las políticas memorialistas.

"A una ley se le pide que sea eficaz"

En ese escenario, la Ley de Memoria Democrática estatal, que viene a reemplazar a la más declarativa que efectiva de 2007, se encamina a su primer año de vigencia en una paradójica situación en la que queda en el aire la aplicación de muchos de sus preceptos por la previsible falta de colaboración de la mayoría de unas comunidades que, tal y como hicieron catorce de las diecisiete, acabaron elaborando su propia normativa para suplir las profundas lagunas de aquel primer texto de ámbito español.

"¿Qué se le pide a una ley? A una ley se le pide que sea eficaz, y esta, que tiene muchos contenidos declarativos, para especificar cómo se materializan esas declaraciones necesita un desarrollo reglamentario que no se ha producido", ilustra Lara.

Ocurre, por ejemplo, cuando declara que entre la Administración central y las autonómicas "se establecerán las medidas necesarias", sin definirlas, "para asegurar el intercambio de información y la actuación conjunta en la gestión relativa a la elaboración y actualización de los mapas de fosas y el registro de víctimas".

Sucede también cuando determina que "las actuaciones que lleven a cabo las administraciones públicas en materia de memoria democrática, en sus respectivos ámbitos competenciales, se regirán por el principio de colaboración y subsidiariedad, y en todo caso respetarán el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias".

Y pasa, igualmente, cuando crea sin normas de "organización y funcionamiento" un Consejo Territorial en el que reserva asiento a "los consejeros competentes en materia de memoria democrática" de cada comunidad y ciudad autónoma y al que encomienda la misión de "conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de las diversas políticas ejercidas" en la materia "mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos".

Mientras tanto, los tribunales acaban de despejar cualquier duda sobre la vigencia de las leyes estatal y autonómicas, en este caso con una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Huesca a retirar del callejero a cuatro alcaldes franquistas de la ciudad: Vicente Campo, José Gil, Emilio Miravé y Pedro Sopeña.

"Todos ellos ocuparon el cargo político de alcalde en virtud de designación que tenía como premisa su condición de afectos (en el sentido más amplio de la palabra) al régimen franquista", señala la sentencia del Juzgado Contencioso de Huesca.